Cartagena de Indias, “la ciudad amurallada”, la ciudad para mostrar, es la misma donde las mayorías que la habitan padecen cada día de manera más abierta, en sus condiciones de vida, las consecuencias de la corrupción y negligencia de sus gobernantes: un 29,2 por ciento de su población en condiciones de pobreza, el 5,5 en pobreza extrema, refleja sin tapujos la realidad de una ciudad profundamente desigual.
En esta capital de departamento el pasado 6 de mayo se celebró una elección atípica, con una sorpresa: menos de un cuarto de la población habilitada para votar escogió el alcalde que administrará el municipio los próximos 19 meses. Sin embargo, pareciera que el barco se hunde sin haber zarpado, pues la Procuraduría manifiesta que el nuevo alcalde, el señor Antonio Guerra, se encuentra inhabilitado para ocupar el cargo.
Con una abstención de más del 77 por ciento, clara evidencia de la distancia que conservan las mayorías con quienes dicen representarlos, el pasado domingo 6 de mayo se celebró en Cartagena la elección atípica para la alcaldía del municipio. 72.111 votos bastaron, en una ciudad habitada por 1.013.375 personas, para que Antonio Quinto Guerra Varela, avalado por el Partido Conservador, y respaldado por el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido de la U, ganara esta contienda. Todos los partidos tradicionales a una, con apetito incontenible, unidos por el presupuesto y las rentas de esta ciudad, centro de turismo y de pobreza ampliada
Elegido con apoyo unánime de los de siempre, y pese a ello, las cosas no parecen sencillas para el nuevo alcalde de la ciudad amurallada, pues la Procuraduría asegura que presentará una solicitud de nulidad electoral ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debido a que Guerra se encontraría inhabilitado para ocupar este cargo por haber celebrado contratos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda hace menos de un año, tiempo límite para contratar por parte de quien desee ser funcionario de este nivel.
El enredo con la alcaldía de Cartagena
Esto no es lo único que llama la atención de este proceso electoral, pues no se trata de las primeras elecciones atípicas celebradas en Cartagena durante los últimos años. La reciente historia administrativa del municipio deja entrever una realidad que no escapa de la tragicomedia que es Colombia: una mezcla entre corrupción, clientelismo y una institucionalidad inoperante.
En el 2012, el entonces alcalde electo Campo Elías Terán, perteneciente al partido Alianza Social Independiente –ASI–, entregó su cargo debido a serias complicaciones de salud que al año siguiente terminaron con su vida. Para ese momento el presidente Juan Manuel Santos designó por decreto a Carlos Otero Gerdts, lo que generó controversia pues Otero había sido muy cercano a la campaña presidencial del jefe de Estado, y porque el designado, solo 3 meses antes de su nombramiento había empezado a militar en el partido ASI; pero además, siendo director del Fondo de Desarrollo Rural Integrado se vio involucrado en escándalos de asignación de recursos y cupos que favorecieron a parlamentarios de varios departamentos costeños –Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre–.
En el 2013 Dionisio Vélez Trujillo, candidato de la coalición integrada entre el Partido Verde y el Partido Liberal, ganó las elecciones atípicas; el abstencionismo, con un registro superior al 70 por ciento, batió el récord conocido allí hasta entonces. Su corta gestión en la alcaldía (finales de julio del 2013 hasta diciembre de 2015), quedó en el ojo de la Contraloría General de la Nación, quien lo acuso por detrimento patrimonial y peculado, pues Vélez Trujillo realizó un pago por 2.500 millones de pesos a una agencia de asesoría privada para lograr un préstamo de 250.000 millones de pesos, que fueron supuestamente utilizados en obras de infraestructura vial, de salud y educativa, que al final del periodo no estaban terminadas.
En el 2015, con una participación electoral del 53.52 por ciento, la ciudadanía cartagenera eligió con 127.440 votos a Manuel Vicente de Jesús Duque Vásquez, mejor conocido como “Manolo Duque”, quién el 1 de septiembre de 2016 fue enviado a la cárcel por corrupción, sindicación desprendida del proceso seguido para la selección de la Contralora distrital. En efecto, Manolo Duque y 14 concejales de la ciudad se reunieron para acordar el nombramiento de Nubia Fontalvo (quién también participó de dicha reunión) como contralora distrital, a cambio de su compromiso de ponerse al servicio de la alcaldía.
En este mar de “tu me das, yo te doy”, en el 2017 Juan Manuel Santos designó como alcalde encargado a Sergio Londoño Zurek, joven político perteneciente a su gabinete, quién tuvo que pagar en marzo pasado 5 días de arresto y una multa por 10 SMMLV debido a las demoras en el inicio de la construcción del alcantarillado de las comunidades Tierrabaja y Puerto Rey, ordenado por la Corte Constitucional en el 2015 a través de la sentencia T9-69.
Para rematar, el recién elegido alcalde ha sido acusado por los medios de comunicación de recibir apoyo para su campaña de la señora Enilse López, mejor conocida como “La Gata”. Estas acusaciones se basan en el respaldo político que le dio públicamente la senadora Karen Curé del partido Cambio Radical, reconocida como el brazo político de López, y se complementan con unas fotos en donde se ve al actual alcalde acompañado de Miguel Cruz y Hugo Rada, personajes cercanos a López.
Recuadro:
Cartagena es dos ciudades contenidas en una. Bien nos dice el profesor Libardo Sarmiento en su libro “Cartagena de Indias, el mito de las dos ciudades”, que la Heroica colonial se contrasta pero a la vez se conjuga con la otra ciudad de pobreza y rebusque.
La economía cartagenera se mueve gracias a diferentes sectores productivos, entre los que destacan el turismo, la industria y refinería, específicamente la producción de sustancias químicas, las zonas francas y el comercio. Sumado a esto, hay en la ciudad una gran cantidad de pequeñas empresas dedicadas, en su mayoría, al sector de servicios y al comercio; sin embargo, el 75 por ciento de estos establecimientos se encuentran en la informalidad, por lo que no sorprende que los índices de informalidad laboral estén por el 57,3 por ciento. De manera adicional, Cartagena posee un índice de desempleo de 7,4 por ciento, es decir, del total de sus habitantes 74.989 se encuentran sin trabajo. Todo esto quiere decir que la prosperidad que acompaña al sector empresarial de grandes capitales, se desdibuja para los pequeños empresarios y trabajadores, que en su mayoría viven del rebusque y la precariedad laboral.
La ciudadanía habla
El nivel de participación de la ciudadanía en estas elecciones puede interpretarse como un síntoma de la falta de legitimidad que tiene la institucionalidad en un municipio azotado por la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Ejemplo de ello es lo sucedido en el corregimiento insular de Santa Cruz del Islote, en donde la comunidad se negó a recibir el material electoral como forma de protesta por la situación de abandono que viven desde hace décadas.
A pesar de que los partidos tradicionales le hayan dado su apoyo al actual alcalde, este ganó con una de las votaciones más bajas hasta ahora conocidas para una ciudad de este porte; es decir, el apoyo del Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Liberal y del Partido Conservador no fueron factor suficiente para motivar y movilizar a las urnas a una población incrédula y cansada de que los mismos de siempre sigan enriqueciendo su patrimonio particular a costa del sufrimiento de las mayorías, desde siempre excluidas de vida digna.
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