Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.
Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.
Movilidad
En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.
El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.
Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.
Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.
En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.
Ambiente
En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.
En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Integración regional
Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.
A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.
Ordenamiento Territorial
En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.
El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.
La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.
Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia
Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.
De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.
Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.
Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?
Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.
No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.
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