Una luz de esperanza se abrió esta semana para la paz de Colombia y de la región, cuando el magistrado ponente Jorge Iván Palacio, le pidió a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el acuerdo que autoriza la instalación de varias bases militares en Colombia.
Como se recordará, el acuerdo también da vía libre al uso de todos los aeropuertos internacionales del país por parte del ejército de los Estados Unidos, además de cubrir en la impunidad a todas sus fuerzas militares, toda vez que sus miembros no podrían ser investigados ni juzgados en Colombia por los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.
El magistrado ponente sustentó su voto negativo en el hecho de que el tratado en cuestión no fue aprobado por el Congreso de la República antes de ser firmado, oponiéndose de esta manera al criterio del Presidente Uribe que sustentó que las bases eran parte de acuerdos firmados en los años 50 y 60 del siglo XX.
La ponencia del magistrado propone una inexequebilidad diferida, es decir que la Corte le daría un plazo de un año al Congreso para que revise el acuerdo y luego lo devuelva a la Corte Constitucional para su control respectivo.
Si esta propuesta es aprobada por la Corte, muy seguramente las mayorías oficialistas le darían luz verde al tratado con los Estados Unidos, pese a lo cual se abriría una oportunidad para que la sociedad colombiana debatiera amplia e intensamente el tema de cómo conseguir su paz interna, revisara el efecto de este tipo de acuerdos sobre los países vecinos y la comunidad regional, así como la manera de manejar sus relaciones con los Estados Unidos, sin caer en la dependencia ni la unilateralidad diplomática. Una oportunidad que no se podría desaprovechar, toda vez que el sometimiento de su política internacional a los Estados Unidos, y el conjunto de sus más importantes decisiones a la doctrina uribista de la “seguridad democrática”, ha aislado al país de la dinámica de integración que por estos años vive la región.
Si la Corte aprobara la ponencia presentada por el magistrado significaría que el acuerdo seguiría vigente hasta que el Congreso le de trámite al mismo.
La discusión de la ponencia comenzará el próximo martes 27 de julio durante la Sala Plena de la Corte Constitucional.
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