Las últimas décadas en Colombia han estado marcadas por una intensa operación de exterminio de la oposición, la intelectualidad, sectores críticos con quienes controlan el poder, los movimientos sociales y todas aquellas personas establecidas en zonas consideradas estratégicas por los diseñadores de tal plan de exterminio, a saber: campesinos establecidos en zonas donde se ha descubierto petróleo, oro u otros metales preciosos, o en sitios valorados como tales por quienes pretenden controlarlo.
Fruto de esa operación, que en ocasiones pretenden hacer pasar como algo casual o ajeno a los hilos del poder, han quedado regados por todo el territorio nacional miles y miles de cuerpos, muchos de ellos enterrados de manera clandestina en fosas comunes, pero otros muchos sometidos a desaparición forzadas.
De acuerdo con un informe presentado el martes 24 de agosto de 2010 por Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación, en los últimos 22 años, relacionando solamente los asesinatos cometidos por los paramilitares, en Colombia se cuentan 157.000 asesinatos y 32.000 desaparecidos, cifra escandalosa que explica el drama vivido por los habitantes de Colombia. Drama que aún no termina.
Pero si bien lo informado por el Fiscal colombiano llena de pavor a cualquiera, los informes provenientes de las ONG de derechos humanos proyectan las cifras al doble o hasta el triple. Calculan estas organizaciones que en Colombia se pueden haber asesinado por parte de organizaciones defensoras –que han contado con el apoyo oficial– del establecimiento hasta 500 mil personas. En el caso de los desaparecidos, las víctimas también se multiplican.
Confían estas organizaciones en que las investigaciones desprendidas de las declaraciones de algunos jefes paramilitares ayuden a revelar plenamente la magnitud del genocidio cometido en esta parte del continente americano.
Esta es una parte de su deseo y del propósito de su trabajo. Pero la otra es que se establezca con toda precisión quiénes son los autores intelectuales de semejante operación política y militar, desarrollada en poco más de dos décadas. Para ellas, y para el conjunto social colombiano, cuando esto ocurra, la sociedad recobrará su sendero de convivencia y tranquilidad.
Mientras llega ese día, con seguridad se escucharán otros informes como el presentado por el Fiscal General de la Nación, que muestran una parte, al menos, del inmenso drama que sobrelleva esta sociedad, pero que no corren el velo que recubre el monumental magnicidio llevado a cabo en Colombia, en particular sus propiciadores y los intereses económicos, políticos, internacionales y de todo tipo que están detrás del drama.
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