La ONG internacional Human Rights First, HRF, puso a la luz pública este martes 24, en rueda de prensa precedida por Iván Cepeda, representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Gloria Flores, de la Asociación Minga, y Andrew Hudson, miembro de la organización internacional, 32 casos emblemáticos de acusaciones infundadas en contra de defensores de derechos humanos en Colombia.
Los casos son numerosos y el procedimiento escándaloso. En Colombia, como si fueran críminales, los defensores de los derechos humanos son perseguidos por la “justicia”. Así lo recoge el documento “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento, presos y señalados en Colombia”, presentado en rueda de prensa el pasado martes 24 de febrero.
El documento, producto de más de un año de investigación de sentencias de fiscales, jueces y alegatos de defensa, retoma decena de irregularidades procesales por parte de estos funcionarios, en contra de los defensores. Las faltas se resumen en manipulación indebida de pruebas, presentación de falsos testigos y montajes tendenciosos.
HRF hizo visible un problema oculto de la justicia penal en Colombia: investigaciones condenatorias, maliciosas, por parte de fiscales que ponen en riesgo la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, al tildarlos de “terroristas” o “guerrilleros”. La calidad de los cargos, normalmente relacionados con calumnia, injuria o rebelión, falsificación de evidencias por parte de éstos mismos funcionarios públicos, son apenas un corto catálogo de la persecución jurídica sufrida, a manos del aparato punitivo del país, por muchos de estos profesionales del derecho o por activistas de los derechos humanos.
Un agravante no menor lo dejó ver Gloria Flores, de la Asociación Minga: “la celeridad de estos fiscales para acusar y condenar a los defensores, es impresionante, mientras que en el caso de delitos asociados a amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, interceptaciones ilegales, etcétera, tienen tardía resolución”.
Según el informe, las acusaciones promovidas por estos fiscales se encuentran por fuera del debido proceso, en tanto que se utilizan archivos de inteligencia o testimonios de ex combatientes como pruebas suficientes, lo que resulta improcedente desde la política penal.
A esto se suma la continua negación, con que se encuentran los defensores, ante el derecho legítimo a la defensa y la presunción de inocencia, encontrándose -en caso de detención-, recluidos de manera indefinida, sin la presencia previa de un juez competente.
Iván Cepeda, representante del Movice, recordó que: “entre noviembre y diciembre del año pasado se puso claro ante la opinión pública que un Fiscal de la Unidad Antiterrorista había interceptado cerca de 150 correos electrónicos. A las personas acusadas no se les respeta el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, reglas mínimas que debe tener el debido proceso. Cuando estas personas salen en libertad no hay ninguna acción para limpiar su nombre y honra”.
Por su parte, Andrew Hudson, miembro de la organización internacional, reclamó la ncesidad de superar estas anomalías: “El Fiscal general de la Nación debe delegar a la unidad de derechos humanos la revisión de todos los casos de investigaciones criminales en contra de defensores y, por consiguiente, el cierre de todas aquellas que resulten infundadas”.
desdeabajo retoma la semblanza de cinco de estos casos, documentados por Human Rights, en cada uno de los cuales se hacen patentes las mencionadas irregularidades. Se trata de los procesos de Carmelo Agamez, Alfredo Molano, Iván Cepeda, Príncipe Gabriel González y Claudia Montoya.
Recuadro
Carmelo Agamez, Secretario Técnico del Capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice. La comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, por la defensa asidua que ha emprendido para evitar el control territorial y los crímenes del paramilitarismo en San Onofre. El 13 de noviembre de 2008, cinco hombres vestidos de civil se identificaron como policías y allanaron su casa. El 15 de noviembre los arrestaron y lo detuvieron. La Fiscalía de Sincelejo le acusó de concierto para delinquir con grupos paramilitares, alegando que participó en una reunión con paramilitares en el 2002. Estuvo bajo custodia de la SIJIN por cinco días. Luego de permanecer recluido en la cárcel La Vega, fue trasladado a la de Corazal, en donde tiene que compartir patio con paramilitares, quienes han formulado amenazas de muerte contra él y su familia.
El proceso judicial está montado sobre una serie de irregularidades y sobre las acusaciones que hace la esposa del ex alcalde Jorge Blanco y un ex concejal, Luis Carlos Hocón Blanco, del municipio de Rincón del Mar, a quien se le ha probado judicial y extrajudicialmente sus reales vínculos con el paramilitarismo. A Carmelo este falso testigo lo acusó de haber participado en una reunión en el corregimiento de Berrugas, municipio de San Onofre, en el año 2002, para acordar el apoyo de paramilitares en su candidatura para ser concejal en el período 2003-2007.
Alfredo Molano. Escritor-investigador, sociólogo, periodista del periódico El Espectador. La Fiscalía General le acusó de injuria y calumnia frente a la 4 Corte Penal Municipal de Bogotá. La familia Araujo de Valledupar tuteló a Molano por injuria y calumnia, por haber publicado el artículo “Araujos el. el.”, en El Espectador el 24 de febrero de 2007. Molano expresó su opinión crítica frente a los alegatos de actividades corruptas en contra de la comunidad de Valledupar. Si lo encuentran culpable de estos delitos, es posible que sea detenido.
Iván Cepeda Vocero del Movice. El juez 5 Delegado de la Fiscalía en Sincelejo, Sucre, le acusó de injuria y calumnia después de que José María Conde Romero, un representante de Sucre a la Cámara de Representantes, lo denunciara. La acusación se realizó después de que Cepeda hizo un discurso público en San Onofre, el 27 de noviembre de 2006, en el que expresó su opinión sobre los presuntos vínculos entre el Congresista Conde y los grupos paramilitares. El fiscal General determinó una falta de imparcialidad en la investigación inicial en Sucre y reasignó el caso a un fiscal de Bogotá.
Príncipe Gabriel González
Coordinador Regional del Comité de Solidaridad con Presos Políticos –CSPP- en Santander y líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Después de su captura en Pamplona, Santander, González fue encarcelado en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 4 de enero del 2006 y hasta el 4 de abril de 2007. La 21 División de la Fiscalía en Bucaramanga le acusó de rebelión. El Juez José Alberto Pabón Ordóñez, de la 8 Corte del Circuito en Bucaramanga, desechó los cargos el 30 de marzo de 2007, una sentencia que, desde luego, el fiscal y el procurador judicial han apelado. Tras dos años, el caso sigue abierto.
Claudia Montoya
Abogada. Trabaja con la Red Juvenil de Medellín representando a jóvenes que son detenidos ilegalmente y abusados por funcionarios públicos. La antigua Procuradora Departamental en el Valle de Aburrá, Adriana Cecilia Martínez, empezó el proceso penal en su contra, pero lo desechó el 8 de julio de 2005. El 18 de octubre del 2006, miembros del CTI y de la policía la capturaron bajo cargos de rebelión. Fue detenida preventivamente hasta que el fiscal que revisó el caso declaró la detención ilegal en diciembre del 2006. Sin embargo, Montoya siguió con detención domiciliaria, hasta que la investigación en su contra fue desechada el 9 de febrero del 2007, después de casi cuatro meses de detención.
Al revocar la orden de captura, un fiscal dijo que las declaraciones de los testigos fueron vagas y se basaban en información indirecta. Los testigos no pudieron describir ni identificar a Montoya con certeza como la presunta guerrillera nombrada en un informe de inteligencia del CTI, faltó información suficiente o pruebas de soporte para poderla acusar. Ese mismo fiscal también declaró que los cargos penales en contra de defensores de derechos humanos deben ser revisados con cuidado porque frecuentemente son falsos. Además, el fiscal que revisó el caso dijo que el fiscal inicial había guiado las declaraciones de los testigos cuando nombró a Montoya antes de que ellos la hubieran identificado.
Por: Julián Carreño
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