En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”, denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre.
“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.
Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.
Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.
Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.
“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.
Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.
Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.
Tapen, obstruyan, manipulen
El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.
La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.
Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.
Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.
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