Segunda jornada de movilización social en el Cauca en menos de un mes. En esta oportunidad fueron 700 miembros de las comunidades afrocolombianas, agrupadas en 41 consejos comunitarios del norte del Cauca, quienes tomaron el día 26 de abril la Vía Panamericana en señal de protesta por la agudización de las condiciones sociales en que viven y por el incumplimiento del Estado ante antiguos pactos efectuados con la comunidad. Terminó la movilización el día 27 con el establecimiento de un nuevo comité de evaluación integrado por miembros del Gobierno y la comunidad. Hay dudas respecto a la capacidad de esta nueva instancia para ponerle punto final a la situación.
Vigentes se encuentran los factores artífices de profundas condiciones de pobreza, marginación y exclusión que caracaterizan la vida de las comunidades negras en el departamento del Cauca, foco de elevadas conflictividades y violencia en Colombia. En esta oportunidad fueron alrededor de 700 personas integrantes de los concejos comunitarios del norte del Cauca, quienes se manifestaron en la Vía Panamericana, entre la vereda Quimayo y el municipio de Santander de Quilichao, para denunciar esta realidad y demandar corrección a la misma.
En la mañana del 26 de abril inició la marcha nutrida por los representantes de 41 delegaciones provenientes de cada uno de los consejos comunitarios de la zona norte del Cauca. ¿Los objetivos generales? Levantar la voz en contra de situaciones irresolutas por gobierno colombiano, denunciar ante la comunidad internacional las constantes violaciones sobre los derechos étnicos territoriales, amenazas, muertes, y desplazamientos afrontadas por líderes en sus territorios.
Lo marchantes llevaban consigo exigencias especificas para el Gobierno: 1. La compra de tierras para el reconocimiento de los concejos comunitarios del norte del Cauca; 2. Consulta, consentimiento previo e informado sobre proyectos viales y de infraestructura proyectados sobre el territorio; 3. El cumplimiento de acuerdos pactados en otras movilizaciones; 4. Reparaciones y restablecimiento de derechos territoriales; 5. Inclusión de un enfoque diferencial en los acuerdos de paz que se desarrollan con los grupos insurgentes en el país; 6. Titulación como reservas especiales mineras los territorios de los consejos comunitarios del norte del Cauca. 7. La creación de programas de desarrollo social liderados por el Icbf y el Departamento de Prosperidad Social, con enfoque étnico diferencial y congruente con los planes de desarrollo propios; 8. La construcción de 20.000 viviendas rurales, afros y gratuitas; 9. Garantías ampliadas para la protección y cumplimiento de derechos humanos para los líderes defensores de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades.
Golpear y maltratar para ablandar, luego negociar. Otra vez la formula propuesta por el gobierno nacional para tratar a quienes se movilizan exigiendo derechos vulnerados. Así lo denunció Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), el martes 26 de abril: “Hacia el medio día, el ESMAD arremetió violentamente, atacando con gas lacrimógeno y balas de goma a mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s que se encontraban en la carretera panamericana que conduce de Cali a Popayán. Los miembros del ESMAD lanzaron granadas de gas lacrimógeno directamente contra las personas lo cual causó varios heridos al explotar las granadas de gas. Igualmente dispararon a quemarropa balas de goma contra nuestr@s herman@s, algun@s mayores de más de 70 años que tienen la sabiduría de conocer el valor de su territorio”.
Al día siguiente, el 27 de abril, tuvieron lugar las negociaciones entre representantes del gobierno departamental, nacional y consejos comunitarios afro. Fue acordado el levantamiento de la movilización y la ocupación por miembros de las comunidades de la Vía Panamericana. Sobre el acta del acuerdo señala el diario Proclama del Cauca : “En el acta, que lleva la firma de Carmen Inés Vásquez Camacho, viceministra del interior; Juan Pablo Diazgranados, viceministro de agricultura; María Isabel Ulloa, viceministra de minas; Oscar Campo, gobernador del Cauca; Alvaro Mendoza, alcalde de Santander de Quilichao; Nigeria Rentería, defensora delegada para los indígenas y las minorías étnicas; César Romero y Víctor Hugo Moreno, representante legal de la ACONC, se acordó la conformación de una mesa técnica integrada por 20 representantes de las comunidades con el equipo gubernamental designado para ello, la cual, instalada durante la segunda semana de mayo de 2016, revisará los acuerdos omitidos por el Gobierno para determinar las rutas con los plazos para su cumplimento, y que hacen relación al acta Salvajina 1986, acta INCODER San Rafael 2013; acta 7 de mayo de 2014, y actas de movilización de mujeres, diciembre 12 de 2014”.
Otra mesa técnica instalada entre Gobierno y comunidad, similar a la que en Popayán puso fin hace dos semanas, al paro departamental de maestros liderado por Asoinca (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28571-en-el-cauca-asoinca-docentes-levantan-paro.html). Una aparente voluntad de negociación gubernamental comienza a ser desplegada en el Cauca ante la masiva movilización de sectores sociales que intentan alcanzar reivindicaciones sobre problemáticas cuya soluciones fueron pactadas décadas atrás e incumplidas por cada una de las administraciones sucedidas hasta la actual. Como puede apreciarse, en esta nueva movilización seguían luchando por lo pactado desde el año de 1986. Inaudita situación.
Aprovechar la coyuntura para protestar.
La nueva coyuntura, generada por los diálogos establecidos entre Gobierno e insurgencias, vinieron de la mano con nuevos discursos oficiales en torno a la paz, reconciliación, rehabilitación de territorios y poblaciones golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Las comunidades y sectores sociales del Cauca responden ante las posibilidades que abre el escenario del postacuerdo para la superación definitiva de problemáticas, asumen la movilización como estrategia de integración al nuevo “proyecto de sociedad” cuya llegada comienza a vislumbrarse. No quieren quedarse por fuera del tren de la paz.
El momento es el propicio. Asumiendo la aparente apertura del Gobierno, la estrategia de movilización puede ser la apropiada, la misma que en menos de quince días ha tenido dos importantes episodios en el Cauca. Sin embargo hay motivos para dudar. El viejo proceder del Gobierno puede ser el mismo desplegado en esta oportunidad: enfrentar, golpear y encarcelar, negociar, dilatar e incumplir acuerdos a la comunidad. Al procedimiento se agrega el hecho nada despreciable que el contenido de las exigencias presentadas por las comunidades afros exigen la implementación de reformas en el municipio que chocan con los intereses de explotación de recursos y acumulación del posacuerdo, contra la vergonzosa estructura de tenencia de la tierra en el Cauca.
No es claro cómo podrá el Gobierno cumplir a estas comunidades en movilización, cuando ha dejado clara su posición de no discutir el modelo económico, el régimen de propiedad imperante en Colombia, mientras las exigencias de los pueblos Afro del Cauca encuadran precisamente en la necesidad de que estos dos temas, metidos entre paréntesis por el Gobierno, más allá de ser discutidos sean modificados en el plano local.
El Cauca se mueve apostando a la movilización popular, que no debe bajar la guardia, ni desarticularse ante dilaciones introducidas por los representantes del Estado colombiano. Tiempos de movilización popular donde se siembra esperando cosechar resultados en tiempos de paz.
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