Con la improvisación como norma, inundado el gobierno Santos

Hay municipios enteros bajo el agua. Desde el corregimiento de Travesía, municipio de Sucre, departamento del mismo nombre, llega una voz –en realidad un correo– que clama ayuda: “[…] ya no tenemos qué comer, el agua cubre todo…”.

La voz, el correo, se repite por decenas de municipios donde sus habitantes se baten contra el agua, pero más que contra su altura, contra la improvisación de un Estado. El descuido de unos funcionarios o burócratas que, a pesar de los avisos y las señales claras de riesgo para numerososas poblaciones, no procedieron con prontitud.

Miles de familias que habitaban en el departamento del Atlántico, en municipios como Manatí, Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Campo de la Cruz, y los corregimientos de Aguada de Pablo y La Peña, en Sabanalarga, lo perdieron todo. Lo mismo ocurre con Higueretal, jurisdicción del municipio de San Cristóbal, ahora desaparecido, mientras tres mil familias tuvieron que abandonar el municipio de Soplaviento y otras dos mil hicieron lo propio en el casco urbano de Arenal. A Luruaco también han llegado las aguas, aunque en menor medida. Como prevención, los habitantes de Suan han dejado su municipio. En Barrancavieja, Bolívar, sus habitantes tuvieron que refugiarse en un alto cercano al pueblo. El municipio de Plato, Magdalena, tantas veces inundado, ahora sufre igual suerte ante la ruptura sufrida por el dique construido para contener el Magdalena. Los habitantes del corregimiento de Travesía, municipio de Sucre, también lo han perdido todo, y ahora luchan no sólo por refugiarse en lugar adecuado sino también por impedir que las serpientes den cuenta de ellos. A Montería ya llegan las aguas del Sinú y de la represa sobrepasada por el agua. Los pobladores de Gramalote, Norte de Santander, ante el riesgo de un alud que amenaza con arrasar todo el municipio, cogieron sus pocas pertenencias y salieron del casco urbano. En Ríosucio, Risaralda, como otros años, el Cauca anegó el poblado. En el Valle del Cauca y el Cauca, la vía Panamericana ha sido cerrada por varios días a la altura del municipio de Rosas, aislado por derrumbes. Mientras tanto en Cerrito y Candelaria varias decenas de familias, con sus casas totalmente anegadas, esperan reubicación. En Córdoba, su capital Montería empieza a sufrir las consecuencias del desbordamiento del embalse de Urrá y la creciente del río Sinú. La superación de la capacidad de la represa pone en cuestión la decisión tomada hace algunos años para reorientar el cause del río y construir la represa. Pero las consecuencias del aumento del caudal del río también llega a Cereté y otros poblados importantes de este departamento.

El desastre toma el rostro de catástrofe. A más de 100 mil afectados en Atlántico, hay que sumar los de Bolívar, donde las familias damnificadas ya suman 70 mil. Y en Sucre hay cerca de 33 mil afectados, especialmente en la subregión de La Mojana, otra de las zonas que año tras año sufren por el invierno. Por el lado de los animales de cría y la tierra cultivada, la cosa no es menor: solamente en Atlántico las reses ahogadas suman más de 6.500, y las hectáreas cultivadas, totalmente perdidas, pasan de las 4.800. Según el ministro de Agricultura, en todo el país las tierras dedicadas al cultivo de alimentos, ahora anegadas, llegan al millón de hectáreas. Como se sabe estas tierras, una vez desecadas, no podrán ser dedicadas de inmediato a la siembra ni al pastoreo, no sobra preguntar por tanto, ¿será el 2011- 2012 años con crisis o dificultades en el abastecimiento de alimentos para las grandes ciudades de Colombia, y con incremento notable en precio de la canasta familiar?

La infraestructura pública también quedó bajo el agua: en Atlántico se suman 11 hospitales, varias subestaciones de energía eléctrica, escuelas y centros educativos, así como los sistemas de bombeo del acueducto. Lógicamente, todos los servicios públicos colapsaron. Ante la emergencia y la improvisación, las escuelas de otros muchos municipios han sido ocupadas como albergues. Con el desastre avanzando a ritmo acelerado, con la salud privatizada y el sistema de prevención desaparecido, una vez las aguas vuelvan a su ritmo y cause normal, vendrán las epidemias. No será de extrañar la multiplicación de enfermedades, y ojalá no ocurra, la multiplicación de fallecidos por enfermedades prevenibles y/o controlables.

Como lo reconocen propios y extraños, en un país donde las mejores tierras están en manos de terratenientes, muchos poblados se levantan en sitios inadecuados, en algunas ocasiones a la fuerza. No es extraño, por tanto, que año tras año las aguas aneguen miles de viviendas y otras se deslicen, o caigan sobre ellas toneladas de tierra –como en La Gabriela, en el municipio de Bello, como sucedió hace años en el barrio Caicedo, en Medellín.

Ante tal desastre, las penas apenas empiezan para miles de colombianos. Y no es una exageración: varios especialistas precisan que, una vez que bajen las aguas, será imposible volver a habitar las construcciones que queden en pie. Es decir, hay que reubicar y reconstruir estos municipios. ¿Quién les pagará a los miles de familias todo lo perdido?

Sin atinar a qué hacer, impávidos, diferentes funcionarios –los Ministros, en primer lugar– contemplan la inundación y el desastre –la desaparición– de varios municipios. Mientras tanto en sus alrededores, a orilla de la carretera o en algunos altos, con cientos, miles de cambuches los damnificados improvisan un techo. Otros acuden hasta donde sus familiares. Como siempre, el Estado ausente, o respondiendo con letargo, y la gente resolviendo de manera directa sus urgencias.

Sin inmutarse, los funcionarios del alto gobierno solo atinan a decir –preocupados por su amigos los hoteleros– que la gente no puede dejar de salir a pasear en estas vacaciones. Es más, que buscan un acuerdo con las aerolíneas para que bajen los precios. De otro lado –también sin sonrojarse–, y dado que en 700 de los 1.100 municipios del país hay población en zonas de alto riesgo, el Gobierno anunció “que hará desalojos por decreto en caso de que sea inminente la emergencia y comprometa la vida de las personas”. ¿Con un ordenamiento territorial sometido a los grandes hacendados, dónde reubicar a los millones que están en zona de riesgo?

Una vez más, la tragedia con repetición y sin fin ocurre con el invierno en Colombia. Las escenas se repiten a lo ancho y largo del departamento del Atlántico, el más afectado por la ola invernal, pero también en algunos municipios de los departamentos de Bolívar, Risaralda, Santander, Antioquia, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca y Cauca.

Con fuerza inaudita, el agua de los rios Magdalena, Cauca y otros más, inundan numerosas poblaciones. Las cifras oficiales indican que hasta el 16 de diciembre el número de muertos ocasionados por el invierno alcanzó los 279, mientras los damnificados sumaron 2.121.894, correspondientes a 436.234 familias; los heridos, 271; los desaparecidos, 62. Por su parte, las viviendas destruidas sumaron 3.001 y las dañadas alcanzaron la enorme cifra de 303.215. Todo un desastre, más si tenemos en cuenta que la política oficial de vivienda en Colombia es inexistente, y el ahorro de toda una vida de las familias se concentra en un techo bajo el cual guarecerse. Los damnificados, aquellos que han tenido que abandonar su casa y sus pertenencias, s´plo en el caso de la Costa Atlántica alcanzan hasta ahora 102 mil personas.

Como si la inundación de municipios del Caribe colombiano fuera una novedad, el presidente Santos salió a decir que, si hubieran contado con información precisa, esta crisis se hubiera podido evitar. Ya en 1984 el Canal del Dique rompió en un trecho y anegó gran parte de la región. También en 2008 hubo inundación en Plato, municipio del Magdalena ribereño del río del mismo nombre, y el presidente de entonces, Uribe Vélez, manifestó su “preocupación” por los trabajos sobre el Canal. Pero las palabras al viento van.

 El fenómeno invernal en 2010 tiene connotaciones particulares aunque propiciadas, de igual manera, por un modelo de desarrollo que no respeta la naturaleza, y que no se anticipa a los fenómenos meteorológicos como el de La Niña, avisado pero no tomado en cuenta, y que tampoco se despliega alrededor del aspecto fundamental: la vida.

 

 

Este invierno ha propiciado muchas más emergencias que aquellas que sobresalen por las inundaciones: en todo el país las lluvias afectan a más de 400 mil familias en más de 650 municipios, de 28 de los 32 departamentos, donde el invierno destruyó 3.000 viviendas y dejó otras 296.340 en malas condiciones.

 En la zona bananera del departamento del Magdalena van inundadas 3.000 hectáreas de banano, y en el Urabá antioqueño pasa lo mismo con no menos de 5-000 hectáreas; en Cundinamarca pasó igual con cientos de hectáreas de cultivos de flores. Las vías destruidas por todo el país ya suman 295 kilómetros, en algunos casos –como la vía Bogotá-Manizales, totalmente hundida, o la de Bucaramanga-Barrancabermeja, sin posibilidades de tránsito.

 

 

El invierno ha sacado a flote una realidad inocultable: en Colombia: no hay tratamiento de aguas en las empresas ni en lo hogares.

 Los ríos mueren en su recorrido hacia el mar, los sedimentos acumulados estimulan el desbordamiento de las aguas. En no pocas oportunidades, los sedimentos proceden de las montañas deforestadas para darle paso a los negocios: bien de maderas, ganadería o de monocultivos. Esta es una parte de la realidad. La otra, han desecado cientos de hectáreas de humedales para pastoreo, con lo cual quitan al río, en este caso el Magdalena, su espacio natural para descargar las aguas (desde 1959, el humedal del Canal del Dique ha perdido más de 11 mil hectáreas de espejos de agua).

 Entonces, tenemos ante nosotros, sí, acelerado por el fenómeno de La Niña, un fenómeno que es sin duda alguna el acumulado de un modelo económico que no repara en su depredación de la naturaleza, ni en sus propios hijos; pues el Magdalena, en su recorrido por buena parte del país, va recogiendo las consecuencias de la improvisación, de un modelo que asume la naturaleza como una cosa, como otro producto de consumo, y no como el fundamento y el soporte de la propia vida.

 El otro desastre es el de las carreteras, llenas de peajes desde 20 años atrás, con el supuesto de que la concesión permitiría construir autopistas. Con un país cruzado por trochas, el argumento neoliberal queda desecho. ¿A dónde f ueron a parar los miles de millones recogidos en los peajes? ¿Es o no la hora de volver a los trenes –como sistema público–, destruidos para darles paso a las tractomulas?
 

Según los especialistas, el invierno continuará. Es decir, las cosas se agravarán. De esta manera, y ante miles de familias que tendrán que empezar de cero, el Estado no podrá hacerse como el que nada sabe y nada debe. Los dolores se palian con campañas de solidaridad pero no se curan. Para que así sea, se debe reorientar el presupuesto 2011-2012 hacia estas poblaciones.

 El rubro por afectar prioritariamente es el del pago de la deuda. Prestar atención sobre esto es fundamental para todos, para evitar que se vengan con una cascada de nuevos impuestos que tendrán que pagar, como siempre, los que menos tienen.

La otra opción está a la mano: una reforma tributaria que afecte los grandes capitales, y por esta vía –aunque sea por una vez– hacer una redistribución en el país, como se sabe, uno de los más desiguales del mundo.

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