En el municipio de Riosucio, Chocó, por lo menos 19 niños y niñas indígenas han muerto desde julio de 2013 por causa de enfermedades prevenibles. Entre las más recientes se encuentran una bebé fallecida el pasado dos de marzo.
Un paisaje de hedor y podredumbre a las orillas de río Atrato quedaron registrados en las crudas imágenes mostradas por el defensor del pueblo, Jorge Otálora, y el delegado para las Naciones Unidas, ToddHowland, luego su reciente visita al municipio de Ríosucio, Chocó.
El mismo río que es utilizado para lavar loza y depositar las heces fecales de niños, jóvenes y ancianos, también sirve para abastecer a la comunidad de agua para la elaboración de alimentos y aseo personal. En toda la historia de este municipio el río Atrato ha sido el único que provee a la comunidad del líquido vital a falta de un servicio de agua potable.
Esta situación de salubridad ha causado la muerte de cerca de 19 niños indígenas desde julio de 2013 hasta la fecha. Muchas de ellas originadas por enfermedades prevenibles y curables, evitables de no ser por la ausencia del Estado y la precariedad en la que se encuentra el servicio de salud en el municipio.
El tema, aunque ha sido una constante en la historia de este municipio, llamó recientemente la atención de Naciones Unidas, que desde el mes de enero realiza visitas a este rincón chocoano. En la más reciente, realizada a inicios del mes de marzo, presenció la muerte de una bebé de dos años en el establecimiento hospitalario del municipio, que falleció en gran parte por falta de los medicamentos requeridos.
Junto al caso de la bebé fallecida se suman cuatro muertes más de niños y niñas pertenecientes a la comunidad indígena asentada en las cuencas del Atrato, entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, a causa de vómito y diarrea, debido a la contaminación del agua y las deficiencias en la manipulación de alimentos, que dan origen a casos de parasitismo intestinal y desnutrición.
Es necesario recordar que allí solo existe un centro de salud médico con atención de urgencias: la entidad Juan Bautista Luna, que debe atender a los 28.879 habitantes de Riosucio, entidad que, según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presenta graves deficiencias en la prestación de los servicios y carece de los instrumentos, medicamentos y medios adecuados para la atención.
“El 41 por ciento de la población, cifra de afiliados a Caprecom en la zona, no es transportada para el acceso ambulatorio a la red de salud. De hecho, en el área donde se han presentado las muertes evitables de niños y niñas, las comunidades deben recorrer hasta 2 días para llegar a Riosucio y posteriormente hasta tres horas para llegar al hospital de Turbo, y hasta 3 días para acceder a los servicios de salud en Quibdó”, comenta Otálora.
Por su parte, el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, comenta que gran parte de esta problemática surge a raíz del conflicto padecido por más de 30 años. “La población tiene miedo de organizarse y hacer demandas al estado, porque en el pasado los han amenazado o asesinado. Es ahí cuando la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas buscan ser un manto de protección para que ellas puedan organizarse”.
La crisis humanitaria que vive este municipio solo es un caso más de la constate que padece el territorio colombiano. Hoy las denuncias se originan en este territorio del Bajo Atrato, mañana podrá ser nuevamente La Guajira, el Cauca, Córdoba o también cualquier otro municipio del departamento del Chocó o de la amazonia colombiana que padecen día a día la precariedad del sistema de salud, la falta de agua potable y la ausencia de oportunidades educativas que le permita a los jóvenes y niños tener otras alternativas y gozar, efectivamente, del respeto y cumplimiento con sus derechos humanos.
Este panorama desolador que se presenta en un gran porcentaje del territorio nacional evidencia lo lejos que está el Estado colombiano de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio pactados con el Programa de Naciones Unidas en el año 2000 y cuya fecha límite estaba prevista para el 2015. Metas que se proponían, entre otros, la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad en menores de cinco años y una educación primaria universal.
Por lo pronto, tanto la Defensoría como la ONU esperan que las acciones de tutela que han interpuesto sobre la crisis humanitaria de Riosucio empiecen a generar respuestas. “El Gobierno ha establecido soluciones a largo plazo, como la construcción de un hospital, pero necesitamos medidas de choque para que los ciudadanos sean atendidos”, concluyó el Defensor.
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