Desalojados los manifestantes de El Quimbo

El martes 14 de febrero, tras múltiples dilaciones y artimañas oficiales para ganar tiempo a favor de las empresas contratistas, la comunidad huilense opuesta al proyecto del embalse El Quimbo, que implica el desvío del río Magdalena, fue desalojada violentamente por el Esmad. La arremetida policial se llevó a cabo en la playa del río Magdalena (vereda Domingo Arías) entre los municipios de Paicol y Gigante, a cinco minutos de Puente Paso el Colegio (Vía a la Plata).
 

El desalojo, que dejó tres heridos, uno de ellos el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón, quien según reporte del Hospital Universitarios de Neiva perdió su ojo derecho, se lleva a cabo tras mes y medio de protesta de la comunidad huilense afectada de manera directa por el proyecto El Quimbo, y tras una frustrada acta de acuerdos y compromisos firmada el pasado 17 enero, dilatada de manera perversa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Guardando ciertas formalidades, el acto para el desalojo fue precedido por la lectura de un documento a cargo de la personera del municipio de Paicol, quien llegó al lugar gracias a una lancha facilitada por la empresa Endesa Emgesa, responsables de la obra. El sitio autorizado para el acto policial, al cual se hacia referencia en el documento, no correspondía al lugar donde se encontraban ubicados los manifestantes. Pese a ello, con gases lacrimógenos y bombas de ruido fueron expulsados del lugar, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas, cerca de 400 personas, muchas de las cuales son grupos familiares que viven de la pesca. Las personas fueron sacadas del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La orden era llevarlos y no parar en sitios cercanos.
 

Mientras sucedía el desalojo, se encontraba afuera de la misma concentración de protesta otro grupo de manifestantes, integrado por cerca de 250 personas, las cuales no habían podido ingresar porque desde la noche anterior el ejercito impedia la circulación y concentración de manifestantes, excepto para la empresa Endesa Emgesa, quien sí tenía libre movilidad para sus empleados y sus vehículos. La inconformidad de los manifestantes, entre ellos los representantes de Asoquimbo, los medios de comunicación que empezaron a transmitir desde allí y las gestiones del Observatorio Internacional de Paz que acompaña a la comunidad, hizo que aceptaran la entrada de algunos medios de comunciación, excepto los independientes.
 

Puntual y formalmente, la orden de desalojo correspondía a un amparo policial presentado por la empresa bajo el argumento que los manifestantes ubicados a la orilla del río invadian su territorio, ante lo cual los manifestantes apoyados en la legislación nacional –que indica que treinta metros de ronda del río son zona de interés público y libres para el desarrollo de la pesca-, instauraron otro amparo policivo que no tuvo la misma suerte del primero.

Según el investigador y miembro de Asoquimbo, Miller Dussan: “desde el Ministerio del Interior se llevó a cabo una estrategia política y militar entre el Estado y la empresa, denunciamos esta estrategia que se evidenció en este desalojo violento, en el cual utilizaron como títere al alcalde de Paicol”. 
 

Recordemos que en los primeros días de la protesta el gobierno guardó silencio, posteriormente, el 17 de enero se dio un diálogo que terminó con unos acuerdos y compromisos (hacer audiencia ambiental, instalar mesas sectoriales, protección de derechos y parar la desviación del río Magdalena), los cuales fueron abandonados una semana después por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El silencio posterior fue interrumpido por el Ministerio del Interior, que en su papel de “garante”, convocó a los líderes a Bogotá para hacer un preacuerdo con el viceministro y presentárselo al Ministerio del Medio Ambiente, la firma de este preacuerdo fue evadida por el Ministerio del Interior, argumentando que parecía que para el lunes 13 de febrero el ministerio del Medio Ambiente se iba a pronunciar sobre la audiencia ambiental, cuando en realidad éste ya había emitido una carta de negativa a la realización de dicha audiencia. Finalmente el gobierno ganó tiempo mientras llegaba la fecha del desalojo.
 

José Antonio Vargas Lleras, es el actual presidente de la empresa de energía CODENSA, que también presta servicios en Bogotá. Esta empresa, y Emgesa, son las encargadas de la comercialización y distribución de energía, a su vez estas empresas tienen como una de sus principales capitalizadoras a la empresa Endesa Enel, propietarias del proyecto El Quimbo. Hay que aclarar que Emgesa es la filial de la empresa española Endesa y que Enel es una empresa de capital italiano. Como ministro del Interior funge Germán Vargas Lleras, quien se declaró “impotente” ante los reclamos que hicieron los afectados en su integridad física, derechos políticos y humanos, al reclamar sus derechos ante la obra de El Quimbo.
 

Para el profesor Miller Dussan, llama la atención esta casualidad con la declaración como “impotente” que tomó el Ministro del Interior ante decisiones y actuaciones de otras instancias oficiales que afectaban la comunidad. Pasividad que se permitió el desenlace parcial que el 14 de febrero ha tenido este conflicto.
 

Durante el desalojo, los manifestantes que permanecían afuera del sitio, acordaron realizar asambleas para el 17 y 18 de frebero, para evaluar y proyectas las nuevas acciones de protesta. Este acuerdo fue alimentado en la tarde del día 14 con la llegada al sitio de protesta del Arzobispo de La Plata, quien se comprometió a trabajar para que la gente apoye esta protesta. Por el momento, Asoquimbo anuncia la realización de una marcha regional contra el criminal desalojo del Estado y Emgesa y por la defensa del territorio, el río Magdalena y la dignidad de los agredidos.
 

Pese a esto, queda la preocupación con respecto a la desviación del río, pues la misma no se ha ejecutado por la presencia masiva de la comunidad. Luego de haber logrado dos aplazamiento del desvío del río, ahora la empresa lo ha progrado para el próximo lunes 20 de febrero. La víspera es ceracana pero la comundiad se afana para recuperar su espacio e impdir el crimen ecológioco.