El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, organización que ha dedicado su existencia a la defensa de derechos humanos y a la construcción de paz en Colombia, frente al resultado electoral del plebiscito por la paz, y las salidas que se han propuesto para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de La Habana, llama a todas las fuerzas concernidas a encontrar un compromiso urgente para salvar el proceso entre el gobierno y las Farc-EP. La altísima abstención de 22 millones de personas (62,5 % del censo electoral) tal como lo expresó la Misión de Observación Electoral, MOE, es de las más altas en los últimos 20 años, un dato realmente preocupante que no puede ser despreciado a la hora de evaluar el tipo de democracia que vivimos, así como la legitimidad de la jornada plebiscitaria.
De otro lado, los 6´431.376 votos que desaprobaron los acuerdos de La Habana corresponden a un 18,4 % del censo electoral, por lo que el reconocimiento a los resultados de la votación no puede obviar que estos corresponden a un porcentaje mínimo de la población, y que, frente al Sí, la diferencia fue de tan sólo 53.894 votos.
De los 32 departamentos del país, en 19 de ellos, más Bogotá y el exterior, la expresión mayoritaria fue por el Sí a lo pactado en La Habana, y de hecho en las zonas que más han sufrido los rigores del conflicto armado, la votación fue positiva. Paradójicamente, el No se impuso sobre el clamor, esperanzas y sueños de las propias víctimas de la guerrilla y del Estado.
La Corte Constitucional, en la decisión que dio vía libre al plebiscito, determinó con claridad que “el mecanismo escogido debe ser genuinamente democrático, lo que obliga a que esté precedido de instancias de suficiente deliberación, que además sean compatibles con la libertad del elector… es imprescindible que la decisión de los ciudadanos sea informada, de forma que conozcan adecuadamente el contenido de la decisión política”.
La campaña del No, en contravía de lo señalado por la Corte, acudió a propagandas engañosas, tergiversaciones sobre los contenidos del acuerdo,mentiras que generaron un clima de miedo con el claro propósito de viciar la voluntad de las y los sufragantes, como efectivamente ocurrió.
Se señaló por ejemplo que el Acuerdo Final era un riesgo a la propiedad privada, porque dispuso un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para el campesinado. Que la participación política para las Farc-EP era instaurar el ‘castrochavismo’ y entregar el país a la guerrilla, desconociendo la esencia del acuerdo que es lograr que las guerrillas cambien el uso de las armas por la lucha política en democracia. Que los pensionados verían reducidos sus montos de jubilación, que los guerrilleros recibirían $1.800.000 mensuales, que se impondría la ‘ideología de género’ porque se contemplaron medidas de reconocimiento de los derechos de las mujeres y la población LGBTI.
En fin, se acudió a una larga lista de tergiversaciones y falacias para infundir miedo y repudio al Acuerdo, que logró intimidar a sectores importantes del electorado para que se expresaran rechazándolo, lo que constituye un desconocimiento del fallo de la Corte Constitucional, que quiso asegurar la debida información y la protección de la libertad y el libre albedrio del elector.
La campaña en contra de los Acuerdos, no fue motivada por un interés nacional, sino con el afán de obstaculizar los avances democráticos y de derechos de las víctimas que se pretenden alcanzar, para favorecer su propia impunidad. Queda también en evidencia que su pretensión es impedir el acceso a la tierra de campesinos pobres y el retorno de la población desplazada a sus predios, así como evitar que se establezca la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Justicia Especial para la Paz que podrían ocuparse de quienes han promovido el paramilitarismo y cometido graves violaciones de derechos humanos. Lo que realmente se propone el partido Centro Democrático, que abandera el No, es mantener la verdad sepultada, impedir reformas democráticas y asegurar sus propias impunidades.
Por ello llama la atención, que desde diferentes sectores se esté promoviendo que el Gobierno Nacional y un sólo partido político lleguen a un pacto, cuando este no representa a las mayorías del país. No puede quedar en cabeza de las élites la definición del futuro de la paz de Colombia.
Por tanto, proponemos que se conforme una Mesa Amplia de Diálogo Nacional que además de los sectores políticos, involucre a la representación de los territorios que respaldaron electoralmente los Acuerdos, a las comunidades étnicas, campesinas, a las víctimas, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, para que en un plazo corto puedan consensuar propuestas que permitan, tomando en cuenta lo acordado, culminar de manera efectiva este proceso de paz.
Es de señalar que, tanto el gobierno como las Farc-EP, acordaron acoger el fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. En él se determinó que el Presidente es la única autoridad que queda vinculada con el resultado del mismo, no así las otras ramas del poder público. Toda vez que el No resultó mayoritario, el Presidente ha perdido su facultad de iniciativa legislativa, pero el Congreso conserva su plena facultad para adoptar los acuerdos firmados.
Es decir que el Congreso de la República podría fijar un plazo razonable para que el gobierno, las Farc-EP, el Centro Democrático y las otras fuerzas políticas y sociales convocadas a la Mesa Amplia de Diálogo Nacional alcancen acuerdos para discutir y aprobar por consenso propuestas que serían acogidas por el legislador. Si el consenso no se logra, el Congreso de la República debería dar trámite al Acuerdo de La Habana, mediante el “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”, (Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016).
Reconocemos la invaluable solidaridad de la comunidad internacional en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia y llamamos a que el apoyo se mantenga en aras de respaldar un diálogo amplio y nacional para salvaguardar los acuerdos de paz logrados hasta ahora.
Llamamos a las organizaciones sociales, movimientos políticos, votantes del Sí, y otros sectores de la sociedad colombiana a que nos unamos en la movilización social, en reclamo de respeto de los acuerdos ya firmados. En consecuencia, respaldamos decididamente las acciones que ya se han convocado desde los jóvenes y otros sectores para salirle al paso a las fuerzas que, so pretexto de querer introducir cambios a los acuerdos, pretenden aniquilarlos y frustrar los anhelos de paz del pueblo colombiano.
Martes 4 de octubre de 2016,
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