El pasado 22 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que 12 países recibieron millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de importantes contratos de infraestructura. En la “lista de la vergüenza” aparece Colombia, pues, según el informe, entre 2009 y 2014 fueron entregados 11 millones de dólares en coimas a altos funcionarios de los gobiernos de turno. Este es el más reciente de los tantos casos de corrupción que han difundido los organismos de control del Estado, en este caso como respuesta a una demanda que parte desde los Estados Unidos. ¿Qué tiene de particular?
Corrupción. La sola palabra provoca repulsión en las personas, o por lo menos de dientes para afuera. Según el Índice Global de Competitividad de los países elaborado por el Foro Económico Mundial en 2016, Colombia ocupa el puesto 125 en un ranking de 138 países, en donde el número 1 es el menos corrupto. Sí, este cáncer que corroe la riqueza de los Estados y amenaza su distribución equitativa de la renta, es un mal con el que colombianos y colombianas aprendimos a convivir, o mejor dicho, a morir lentamente.
El escándalo del día. Año tras años, y cada vez con mayor frecuencia, se revelan casos de corrupción, y cada vez más las sumas de dinero involucradas alcanzan valores inimaginables. En esta ocasión, la denuncia principal recae sobre una empresa multinacional;otrora fue un contratista de obras, caso los Nule, que robaron cerca de 2 billones de pesos a la nación, en alianza con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano senador y un conjunto de funcionarios de diverso orden e importancia.
También hemos presenciado sofisticados desfalcos a los recursos del Estado destinados a la salud de las y los colombianos. Así fue como Saludcoop, encabezada por Carlos Palacino, apropió de manera ilícita 1.4 billones de pesos depositados en el Fosyga mediante recobros injustificados, ganando el silencio del Procurador Turbay Jr. y al Fiscal Montealegre[1] (ver:La corrupción, un asunto Fiscal)[2] para lograr su cometido.
En otro momento el escándalo fue por Reficar, “el gigantesco desfalco a la Nación por parte de contratantes y contratistas que llevaron a cabo las obras de ampliación de la Refinería de Cartagena. Sobrecostos del 101 por ciento equivalentes a USD $ 4.000 millones” (Le puede interesar: El engañoso enchape en oropel de Reficar) [3]. A principios de los 90 el robo a Puertos de Colombia que ascendió a más de 55 mil millones de pesos de la época.
Corrupción en todas las expresiones. En 2014 fueron sancionadas varias empresas que concertaron el alza de los precios de los pañales desechables para bebé y la repartición del mercado, violando así las normas de libre competencia, este caso fue conocido como el cartel de los pañales. También fue detectado el de los cuadernos, del azúcar, negocios donde están involucrados algunos de los principales cacaos del país.
Uno de los más recientes y qué poco duró como tema de conversación en la opinión pública, quizá porque reconocidos periodistas, personajes de la farándula y respetados empresarios resultaron envueltos, es el escándalo de los ”cuadernos de Panamá”. Se trató de una monumental base de datos que contiene información relacionada con un sinfín de personas en el mundo, dueñas de enormes fortunas que tenían el propósito de evadir impuestos. En esos documentos aparecieron los nombres de 1.245 colombianos.
La corrupción, es pues, la pandemia que ataca los recursos de todos, transformándolos en particualres; dineros para adquirir casas, fincas, carros y vida de lujo, además de fuente financiera para alimentar campañas políticas de alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes, así como otros altos funcionarios de la administración pública. Dinero para controlar el Estado, para dominar y acallar, para oprimir.
El caso Odebrecht
El 17 de septiembre de 2009 el expresidente Álvaro Uribe se reunió con Marcelo Odebrecht. presidente de la organización brasilera Odebrecht (hoy condenado a 10 años de prisión por corrupción y lavado de activos), quien participaba en la licitación para la construcción del segundo sector de la Ruta del sol (Ver recuadro). Para entonces, el Gobierno ya había rechazado otras propuestas –entre las cuales figuraban el grupo Nule– y había otorgado el contrato a la multinacional brasilera.
En la reunión estuvieron presentes Andrés Felipe Arias, Miguel Peñaloza, exministro de transporte, Álvaro José Soto, gerente del entonces Instituto Nacional de Concesiones –Inco– y el exviceministro de transporte Gabriel García Morales. Este último recibió 6.5 millones de dólares por parte de Odebrecht ese mismo año, para quedarse con el proyecto del que obtuvo ganancias por 50 millones de dólares.
Siete años después de esta cita, y por la denuncia interpuesta por la justicia de los Estados Unidos (¿cuál será su interés final en este caso?), el exviceministro García cae en desgracia. Acusado y apresado aceptó los cargos imputados de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito, y fue enviado a la cárcel de La Picota, en Bogotá. Toda la presión política recae ahora sobre él, de quien se espera denuncie entre quienes distribuyó el dinero recibido. El 14 de enero el exsenador Otto Bula también cayó en desgracia.
De acuerdo con la Fiscalía, Bula consiguió una adición al mismo contrato correspondiente al sector 2 de la Ruta del Sol, a cambio de una coima recibida en el 2013 que pudo llegar hasta los 4.6 millones de dólares. Como “recompensa” Odebrecht consiguió el contrato de la vía Ocaña-Gamarra [4]. Ante los señalamientos, Bula se declaró inocente.
A pesar de que el Inco fuera liquidado en 2010 por el gobierno Santos para crear la ANI, los esfuerzos para acabar los casos de corrupción no han sido suficientes porque, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, Odebrecht dio al menos 4,2 millones de dólares en sobornos a los funcionarios de este nuevo ente.
Otros implicados. Los congresistas Alejandro Chacón, Alfredo Cuello Baute y el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, fueron mencionados por Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, quienes se habrían reunido con el excongresista Otto Bula. No obstante se desconoce si recibieron algún dinero por parte de la firma brasileña.
La piedra en el zapato
Secreto mal guardado, secreto a voces:recurrir a sobornosen la rama Ejecutiva es pan de cada día, a cambio de favores que implican cuantiosas sumas de dinero. Las cifras que allí se mueven no son pequeñas pues las exigencias de ahora no se reducen al 10 por ciento, hoy los funcionarios de la administración pública demandan tajadas que incluso ascienden al 15 y al 20 por ciento, y más.
Tal y como decía el señor Contralor Edgardo Maya, el pasado 16 de enero en el programa Pregunta Yamid: “La corrupción es un tema estructural en Colombia, está en todas nuestras instituciones, a lo largo y ancho del país. En todo el universo del Estado está la corrupción. Hay un factor muy grave que está incidiendo, que es la elección de alcaldes y gobernadores; hay ingentes sumas de dinero que se invierten en esas campañas”.
Afirma Maya que una campaña electoral cuesta entre 20 y 30 mil millones de pesos, dineros que son recuperados por medio de desfalcos a los programas departamentales y/o municipales de educación, salud, alimentación infantil o de infraestructura, o que provienen de patrocinadores del sector privado que invierten en las campañas a cambio de jugosos contratos.
Con Edgardo Maya también estaba el Fiscal y el nuevo Procurador, Fernando Carrillo; este último se refirió al uso perverso de los órganos de control, pues, según él, en el pasado la Procuraduría sirvió como herramienta para la persecución política de funcionarios públicos que representaban un contendiente político para la persona que estuvo al mando de esta institución. Enfatizó en la importancia que tiene mantener imparcial y ajena a la política, la función de las instituciones encargadas del control administrativo, quimera que todo político sabe que no es posible de concretar pues el Estado siempre responde a unos intereses, para el caso de nuestro país, la oligarquía representada en los partidos Liberal, Conservador, Cambio Democrático, La U, y similares.
Llama la atención la manera en la que los tres funcionarios se refirieron a la corrupción, como si este fuera un problema nuevo o reciente. Evidentemente la terminación del conflicto con las Farc deja al descubierto el verdadero problema que mantiene a Colombia en el atraso y en la pobreza. Terminada esta parte de la guerra, reducir los índices de corrupción es el siguiente requisito el presidente Santos para formar parte de la Ocde. Y como perspectiva a tres bandas, golpear a sus contradictores políticos, sacándoles el aire en el camino hacia las elecciones del 2018.
[1] Tomado de: Bienvenidos a la paz, por Alfredo De León Monsalvo. En https://www.desdeabajo.info/colombia/29876-bienvenidos-a-la-paz.html
[2]https://www.desdeabajo.info/colombia/28455-la-corrupcion-un-asunto-fiscal.html
[3]https://www.desdeabajo.info/colombia/28273-el-enganoso-enchape-en-oropel-de-reficar.html
[4]http://www.semana.com/nacion/multimedia/captura-de-otto-bula-por-escandalo-de-odebrecht/512305
Recuadro
La ruta del sol es un proyecto de infraestructura vial que conectará al centro del país con la costa atlántica. El costo estimado de la obra asciende a los 4 mil billones de pesos. Divida en tres sectores para su construcción, la Ruta está distribuida así:
Sector 1: Villeta – Guaduero – Korán. Longitud: 78.3 km. Forma parte de la ruta nacional 57
Sector 2: Korán – San Roque. Longitud: 510 km. Forma parte de la ruta nacional 45 o Troncal del Magdalena.
Sector 3: San Roque – Y de Ciénaga: 223 km. Forma parte de la ruta nacional 45 o Troncal del Magdalena.
El sector dos fue encargado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. compuesta por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil), Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Estudios y proyectos del Sol S.A.S. (Colombia) y CSS Constructores S.A. (Colombia). El consorcio suscribió el Contrato de Concesión 001 de 2010 con el INCO el 14 de enero de 2010.
La inversión de este corredor asciende a 1,980 millones de dólares aproximadamente. La obra comenzó el 16 de mayo de 2011 desde el sitio conocido como El Korán en el municipio de Puerto Salgar en Cundinamarca hasta el corregimiento de San Roque perteneciente al municipio de Curumaní en Cesar y debía ser entregada en 2016.
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