La Fiscalía asegura que un millón de dólares de un soborno habría terminado en la gerencia de la campaña del presidente de Colombia
La investigación del ‘caso Odebrecht’ y sus ramificaciones parecen no tener fin en América Latina. En Colombia da la impresión de que no ha hecho más que empezar. Este martes, la Fiscalía ha asegurado que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.
El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula. Según dijo en su momento la vicefiscal, María Paulina Riveros, Bula fue contratado por la compañía brasileña en agosto de 2013 con el propósito de asegurar que Odebrecht consiguiese el tramo de una vía en el marco de la construcción de la Ruta del Sol, en Colombia. Según la investigación de la fiscalía, Bula recibió una comisión de 4,6 millones de dólares. “Se ha establecido que de dicho monto, el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente-2014’”, ha asegurado en un comunicado la Fiscalía este martes. Según el ente acusador, de ese millón de dólares, “se habría descontado una comisión por el 10 %, a favor de terceros ya identificado por la Fiscalía”.
El gerente de la campaña de Santos en 2014, Roberto Uribe, rechazó las acusaciones. “Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación; a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café”, aseguró Uribe en un comunicado. “Promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Los gastos de la misma fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución”, añade el texto.
El de este martes es el penúltimo capítulo de los tentáculos con los que el ‘caso Odebrecht’ parece golpear a Colombia en poco menos de un mes. El primer episodio se produjo el 12 de enero, cuando la Fiscalía detuvo a Gabriel García, exviceministro de Transporte durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió 6,5 millones de dólares de Odebrecht para garantizar que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías del país. “Se le imputarán los delitos de cohecho perfecto, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito”, han anunciado los investigadores. García Morales fue el primer detenido en Colombia por el escándalo de la compañía de Brasil multada con 3.500 millones de dólares por pagar sobornos para conseguir contratos en diversos países de América Latina.
Dos días después de la detención del exviceministro de Uribe se produjo el arresto de Otto Bula, un conflictivo excongresista que ha aparecido en diversas polémicas y casos de corrupción durante las últimas décadas en Colombia. En los últimos días, había trascendido que Bula daría nombres de 14 personas, incluidos exministros y expolíticos, que, según dijo, estarían implicados en sobornos por parte de Odebrecht.
La financiación de la campaña de Santos en 2014 no es la única que ha sido salpicada por el caso de corrupción de la compañía brasileña. Desde hace varias semanas, se investiga la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el rival derrotado de Santos en las últimas presidenciales. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe, quien ha pedido a la Fiscalía que investigue este hecho.
Bogotá 8 FEB 2017 – 04:50 COT
Caso Odebrecht
La Fiscalía peruana pide el arresto del expresidente Toledo por corrupción
Un fiscal solicita la detención preventiva del exmandatario por un presunto soborno de 20 millones de dólares en el caso Odebrecht
Raúl Tola
Lima 7 FEB 2017 – 18:57 COT
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro -jefe del equipo especial que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato- ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
La solicitud será analizada en el plazo de dos días por el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional e irá acompañada de una orden de captura internacional y una alerta a la Interpol, ya que hasta el domingo Toledo se encontraba de viaje en París, junto a su esposa Eliane Karp.
Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados. También retó a que Jorge Barata -exrepresentante de Odebrecht en Perú y ahora colaborador de la Fiscalía peruana- demostrara sus afirmaciones.
“Que el señor Barata diga cuándo, cómo, dónde y en qué banco me han dado 20 millones de dólares”, enfatizó en la entrevista.
La situación judicial de Alejandro Toledo comenzó a complicarse el viernes, cuando su vivienda del barrio residencial de Camacho fue registrada, a solicitud de la Fiscalía. Esta casa y varias oficinas habrían sido adquiridas con parte del dinero recibido de Odebrecht.
Durante el registro, que duró más de seis horas, fueron incautados distintos objetos: una caja fuerte, numerosos videocasetes, dos teléfonos móviles (uno de ellos satelital), gran cantidad de documentos y hasta una corona inca de oro. También fueron requisados 33.000 dólares en efectivo. “No puedo permitir que ingresen a mi domicilio como delincuentes a las tres de la mañana sin notificación, sin la presencia de mis abogados. Se han llevado cosas muy valiosas para mi esposa, que es antropóloga”, denunció Toledo.
El lunes por la tarde, la Fiscalía formalizó la investigación contra Toledo por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. También serán investigados el empresario Joseff Maiman -amigo íntimo del expresidente, que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos- y Jorge Barata. El primero como autor y el segundo como cómplice.
Ese mismo día se supo que el Poder Judicial había ordenado la incautación de una cuenta de Maiman en Costa Rica, con 6,5 millones de dólares en fondos. Lo hizo luego de que un fiscal costarricense advirtiera a Perú que los abogados del empresario querían retirar el dinero. La cuenta estaba a nombre de la offshore Ecostate y los depósitos podrían ser pronto repatriados.
También se ha sabido que el encargado de negociar los sobornos con Jorge Barata habría sido Avi Dan On, jefe de seguridad cuando Toledo fue presidente. Según el testimonio de Barata, ambos se conocieron en 2004, en un evento en el Palacio de Gobierno, como intermediario para ayudar a Odebrecht en la licitación. El monto inicial del soborno debió ser de 35 millones de dólares, pero finalmente quedó reducido a 20 millones.
En su defensa, Toledo aseguró que las denuncias en su contra eran parte de una persecución política emprendida por sus “enemigos tradicionales”. Se refería al fujimorismo, a quien se enfrentó en las elecciones de 2000. Toledo no ganó esa vez, pero alcanzó el poder al año siguiente, luego de la caída de Alberto Fujimori por los graves actos de corrupción que registró su asesor Vladimiro Montesinos. Una vez en el poder, numerosos integrantes de este régimen fueron detenidos, procesados y encerrados en la cárcel, incluidos Fujimori y Montesinos.
Cuesta creer la argumentación de Toledo, si se toma en cuenta que la declaración del colaborador ha sido cotejada con registros bancarios de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Además, el actual presidente del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del propio Toledo.
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