Vuelve y juega. El Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, policía política de Colombia- en la ilegalidad, ahora ‘chuza’ de manera ilegal a diferentes funcionarios públicos, además de periodistas. Puestos en evidencia por una denuncia de la revista Semana, cuyo director figura entre los escuchados de manera ilegal, otra parte del aparato estatal, la Fiscalía General de la Nación, que además cuenta con un inmenso cuerpo de investigación, se moviliza y ocupa las instalaciones de la inteligencia colombiana. ¿Reacción a presión, contradicciones al interior del alto Estado, o maniobras para desgastar a Uribe y evitar que persista con el tema de la reelección?
Según el Fiscal General, Mario Iguarán, en el allanamiento a la policía secreta colombiana, se revisaron, entre otros, “los equipos tácticos que operan a través de satélites que permiten ubicar la información en el espectro electromagnético, como también los equipos de interceptación portátiles de correos electrónicos y de celulares”.
El Fiscal, al igual que el ministro del interior Fabio Valencia Cossio, reconocen que al interior de la agencia de inteligencia colombiana, dependencia directa del presidente Uribe, funciona una “mafia” que comercia con información sensible para el Estado.
Lo que se interroga todo el país es, ¿cómo ha hecho esta “mafia” para conservarse intacta a pesar de todos los directores del DAS cambiados en estos años, precisamente, por iguales o parecidas denuncias?
Llama la atención que el DAS, denunciado en otras ocasiones por los vínculos que algunos de sus funcionarios han conservado con el paramilitarismo, tema que tiene en la cárcel a su ex director Jorge Noguera, no haya sido depurado de manera radical.
Sobre esta institución hay denuncias por multitud de asesinatos realizados por los paramilitares, pero con asesoría desde el interior de la Central de inteligencia. Investigación que enriqueció de testimonios la “parapolítica”. No es extraño, por tanto, que entre los personajes seguidos, escuchados y espiados por el servicio de inteligencia dependiente del Jefe de Estado, se encuentren los magistrados de las altas Cortes, derivándose de ello una primera sospecha del por qué y del para qué de esta acción clandestina.
De ser así, lo que entra de nuevo en cuestión, con total razón, es la política bandera del actual gobierno, la llamada ‘seguridad democrática’, reducida a un ejercicio de militarización de selvas y caminos en la lucha contra la insurgencia, pero sin reparar en el conjunto de aspectos de lo que sería una verdadera política de seguridad, la cual tendría que dar cuenta, de manera principalísima de la filtración por parte de las mafias del aparato de Estado, o precisar responsables, en el momento adecuado, en casos como los “falsos positivos” que cobraron la vida de cientos de jóvenes habitantes de barriadas populares de diversas ciudades colombianas, o develar el control que la CIA y otras agencias de espionaje estadounidense mantienen del conjunto del Estado colombiano.
Yo no ví nada, si algo paso…
Escándalo sin graves consecuencias. El domingo 22 en horas de la tarde el subdirector de contrainteligencia del Das, Jorge Alberto Lagos, presentó su renuncia. Por su parte el ministro del interior, Fabio Valencia Cossio, funcionario inmediato e instancia ante los cuales se coordina la acción del DAS, inquerido por los periodistas por la responsabilidad de su ministerio en este escándalo, respondió con toda ligereza que ‘no tiene ninguna culpa en lo sucedido, toda vez que no ordenó el espionaje ilegal’.
Dice la sabiduría popular, “No hay peor ciego que quien no quiere ver”.
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