Un reciente fallo del Consejo de Estado atribuyó la responsabilidad por la muerte de Jaime Garzón al Estado colombiano. Agentes de organismos de inteligencia (DAS) e integrantes del ejército conspiraron para determinar la muerte hace 17 años del reconocido humorista y desviar así la investigación relacionada con su homicidio. Comienza a esclarecerse uno de los asesinatos que más impacto tuvo en el país, con el cual el Estado pretendió silenciar toda crítica inteligente, o toda mordaz oposición. Hermana de Garzón y la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo confieren una rueda de prensa para hablar del fallo.
Hacía el mediodía del jueves 14 de septiembre tuvo lugar, en las instalaciones del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una rueda de prensa a cargo de Jomary Ortegón –presidenta del Colectivo– y Marisol Garzón Forero –hermana del asesinado Jaime Garzón–. Agencias de prensa y medios de comunicación concurrieron a la cita para conocer las primeras reacciones frente al reciente fallo del Consejo de Estado que atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad por el asesinato del humorista.
Son al menos tres las claridades que derivan del juicio emitido por el alto tribunal, en palabras de Jomary Ortegón: “En primer lugar, se establece que en este caso la responsabilidad del Estado es agravada por tratarse de una grave violación a los derechos humanos. En segundo lugar, el Consejo de Estado señala claramente que este caso es un crimen de lesa humanidad, para nosotros es un mensaje a toda la judicatura para que actúe en consecuencia y la Fiscalía General de la Nación tome una decisión en el mismo sentido. En tercer lugar, se establece que existió una actuación coordinada por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares en la definición del asesinato, su ejecución y, por lo tanto, existe una responsabilidad agravada del Estado colombiano”.
Voces que claman por justicia y verdad.
La presidenta del Colectivo de Abogados también se refirió a la responsabilidad propia de los organismos de inteligencia del Estado: “Finalmente, quisiéramos señalar que constituye un importante avance para la verdad, para el esclarecimiento de los hechos, que se establezca quiénes participaron en la toma de decisiones, en la ejecución del asesinato, pero también en el encubrimiento del crimen, y aquí el Concejo de Estado señala la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el desvío de la investigación y encubrimiento de los verdaderos autores”.
Marisol Garzón, quien asumió desde la ocurrencia de los hechos la vocería de la familia, pronunció en la rueda de prensa: “Queremos la verdad, eso es lo que buscamos, más que una reparación económica que todo el tiempo hemos dicho ‘a nosotros no nos pagan los muertos, a los que nos han asesinado un familiar, no nos lo pagan, no tienen precio, menos Jaime, no tiene precio’. Hay una reparación económica que seguramente tendremos que asumir, pero que lo más importante es esa verdad, como ya lo decía la doctora Jomary, para nosotros es muy importante que la Fiscalía oiga este llamado que se hace de declararlo un crimen de lesa humanidad cuando por todas partes lo vemos así, porque realmente fue un crimen de lesa humanidad, que no nos está garantizando el que se llegue a la verdad aunque la buscamos”.
La verdad no solo adquiere un papel relevante para la familia Garzón en el esclarecimiento de los hechos, es imprescindible, fundamental: “[…] el Estado es el que tiene que cuidar a los ciudadanos y no lo cuidaron, al contrario fueron ellos quienes señalaron que dizque Jaime era guerrillero. Eso también es muy importante, más importante que si nos van a reparar económicamente es que se pueda declarar, y eso lo pedimos como familia, que públicamente se diga como se lo dije al general Mora allá en La Habana. Para eso fue que fui yo, no a abrazarme con nadie, no para ser amiga de nadie, y en esto debo decir que yo no estoy de acuerdo con asesinatos de ningún lado, pero sí para decirle que Jaime no era guerrillero y esto lo está demostrando, porque eso es lo que están haciendo, enlodar a lo largo del tiempo, es decir revictimizarnos, enlodar el nombre de Jaime, como lo quiere hacer RCN con una novela […]”.
Además de la verdad piden que la Fiscalía se pronuncia acatando en fallo del Consejo de Estado, y declare el crimen como de lesa humanidad: “No solamente es decirlo, es también que la Fiscalía se pronuncie y diga sí es un caso de lesa humanidad, hay que declararlo así, hay que buscar la verdad. Las víctimas lo único que queremos es buscar la verdad, con eso ya nos están reparando. La reparación no es que nos den un ladrillo o nos den plata, no hay reparación, no nos devuelven a nuestros muertos, y menos a Jaime, de esta manera. ¡Cuánta falta le hace Jaime a este país en este momento histórico!, ¡cuánto estaría haciendo y diciendo!, pero tuvieron que matarlo para que reinaran otros y para que le metieran a la gente en la cabeza muchísimas otras cosas”.
La Justicia Especial para la Paz, ¿podrá juzgar este tipo de asesinatos?
El asesinato de Jaime Garzón pone sobre la mesa la discusión respecto a si la denominada Justicia Especial para la Paz tiene competencias para procesar a los autores de este tipo de homicidios. A muchos preocupa esta posibilidad, pues los beneficios sobre los victimarios podrían dejar en la impunidad muchos delitos que no encuadran dentro de la dinámica del conflicto armado en Colombia. Jomary Ortegón, habló al respecto: “Ahora, sobre la pregunta de si este es un crimen que se cometió en el marco del conflicto armado, nosotros esperaríamos que justamente podamos dar esa discusión en el sentido de diferenciar entre crímenes cometidos en el conflicto armado, es decir en el desarrollo de hostilidades y graves violaciones a derechos humanos. Cuando aquí se dice que Jaime Garzón Forero no era un guerrillero, sino que era un civil que desarrollaba acciones de paz, que era un gestor humanitario, eso ya nos dice que el crimen no fue como consecuencia del conflicto armado, que fue una decisión planificada desde las altas esferas del ejército en la que además, posteriormente participaron órganos de inteligencia”.
Todo parece indicar que el de Garzón, no fue un crimen cometido en el contexto del conflicto: Jaime fue asesinado porque fue catalogado por agentes de inteligencia del Estado como otro de los enemigos internos que había que eliminar. Prosigue Ortegón: “Igualmente aquí se señala que es el Estado el responsable, no se habla de un enfrentamiento entre dos bandos, se habla de decisiones del Estado para eliminar a alguien a quien consideraban incomodo, a quien consideraban parte de ese enemigo interno a destruir, eso es lo que tiene que cambiar en este país y cuando se habla de garantía de no repetición, ese es el tipo de doctrina que persiste al interior del ejército que facilita que se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos. La contribución del fallo es justamente identificar cuáles son esos elementos que nos permiten hablar de prácticas generalizadas y sistemáticas al interior del ejército, que utilizó la alianza paramilitar para cometer este tipo de crímenes”.
Sin embargo la familia de Garzón no centra sus energías en ser vengada por la justicia, así lo expresó Marisol Garzón: “[…] tampoco vamos a decir mire, “¡hasta que no pague no se quien!” porque este país también necesita que nos sentemos y charlemos y cada uno, de acuerdo a la justicia, responda por sus actos, porque aquí no se trata que el señor Narvaez se la pasa diciendo que es inocente, que pobrecito él, hasta un día dijo que sus hijitas, que pobrecitas, casi no podían ir al colegio porque yo había dicho que era responsable, yo no lo digo, lo dice la justicia, y cómo así que ahora el lobo feroz es el bondadoso y caperucita está llevada, no sumercé, hay que ser coherente y hay que ser sensatos y para eso está la Ley”.
El fallo del Consejo de Estado pone tilde sobre las íes
Como trascendental ha sido catalogado este fallo del Concejo de Estado. Algunas de sus palabras resuenan demasiado fuertes teniendo en cuenta que hasta hace pocos años era negada de manera tajante cualquier vínculo entre el Estado y grupos armados al margen de la Ley, vínculos que reafirma el fallo de la siguiente manera: “Para la Sala es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de relaciones entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la Ley que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres en las que en muchas ocasiones resultaron víctimas personas ajenas al Conflicto. Por tal motivo, concluye la Sala, que la ejecución extra judicial del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, ocurrida en este contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad”.
Avanzan los años y la luz de la verdad parece alumbrar a victimarios y deslumbrar a víctimas que como la familia de Jaime Garzón, ven que comienzan a esclarecerse los sucesos que causaron en ellas luto y dolor. Sin embargo, todas las víctimas no tienen la misma suerte, y siguen aguardando en el umbral de la justicia por la verdad y cualquier artificio que pueda constituir la reparación por parte de un Estado que asesinó, en persecución de un enemigo interno, a cientos de colombianos a los que debía proteger.
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