El 25 de mayo el parlamento de Canadá puso en “el congelador” el tratado de libre comercio de ese país con Colombia. Las razones fueron las mismas que tienen varado hace casi dos años el TLC con Estados Unidos en el Congreso norteamericano y que puso a “renguear” las negociaciones con la Unión Europea. Es el récord en derechos humanos del gobierno de Álvaro Uribe, convertido en una “papa caliente” para los gobernantes que están en esos pactos y en los procesos de ratificación de los mismos.
Lo que en Colombia se ha vuelto casi costumbre, es causal de afrenta mayor a escala internacional. El que la fuerza pública sea responsable, por actos criminales en 27 regiones, de 1.657 asesinatos de civiles, un aumento del 65% desde que se instauró la Seguridad Democrática, constituye a los ojos de cualquier ciudadano del planeta verdaderos crímenes de Estado, y así lo confirmó la Misión Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad. Lo mismo que se le atribuya el 17,5% de los casos de desaparición forzada. Que el departamento de Inteligencia, que depende directamente del Presidente, el DAS, se dedicara a interceptar los teléfonos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están juzgando por delitos execrables a los socios políticos de Uribe, le ha valido una “visita” próxima del Relator de la ONU para la Independencia Judicial. Eso sin desestimar el acoso a periodistas, a miembros de la oposición y hasta a algunos funcionarios de cierto rango.
Y no para ahí el bochornoso récord. Un Informe del Consejo de Seguridad de la ONU del 26 de mayo de 2009, respecto a los niños y a los conflictos armados, no divulgado suficientemente, afirma que en Colombia, “las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre la utilización de niños por miembros de las fuerzas de seguridad para fines de inteligencia”, implica que el país entre a la lista del Anexo 2 que lo obliga a someterse a estudio por violencia oficial contra menores (a propósito, ¿qué pensarán los promotores del Referendo de la cadena perpetua?). Hace poco también la Confederación Sindical Internacional (CSI) declaró a Colombia como el lugar más peligroso del planeta para los sindicalistas y la OIT aprobó incluirla en los 25 países a examinar por la Comisión de Normas, algo que no pasaba hace tres años, tanto por la violencia como por las cooperativas de trabajo asociado. Así se le nombró en la Asamblea General. Por razones de espacio no se puede hablar aquí de la burla a la reparación de las víctimas, del sainete de Justicia y Paz, de la persecución a los defensores de Derechos Humanos y de la impunidad de los victimarios. ¿Con semejante prontuario, algún demócrata del mundo se atreverá a suscribir un tratado con el gobierno que lo ostenta?
Álvaro Uribe pensó que iba a Ottawa a imponer el TLC, como si se tratara de un consejo comunitario en Salgar. Compareció ante la Comisión de Comercio del Parlamento y, según las agencias de prensa, sufrió auténtico descalabro. Su retórica sobre la vigencia de derechos laborales, el “desmantelamiento” de los grupos paramilitares y el acatamiento a los derechos humanos fue refutada, con cifras en la mano, por congresistas del partido Nueva Democracia y del Bloque Quebequense, e incluso algunos liberales. Se cuestionaron los vínculos de Chiquita Brands con las AUC, tratándose de que el banano es uno de los productos más exportados a Canadá; de la expulsión y el hostigamiento a las comunidades locales por las empresas mineras canadienses, con el beneplácito del gobierno de Uribe; y hasta salió a relucir el conocido informe descodificado del Pentágono sobre sus viejas amistades en Medellín. No desean un TLC para acreditar todo eso.
Uribe, acorde con los reportes oficiales, descompuesto al no poder refutar cuestionamientos y responder con evasivas (como en La Luciérnaga), “levantando la voz y agitando las manos”, acusó a quienes hacen oposición al TLC como miembros todos de las FARC. Algo que llevó al primer ministro Harper, su anfitrión, a desmentirlo y a colocar en remojo la discusión del Tratado. Con él, Uribe pensaba validarse ante la comunidad mundial y presionar el reconocimiento del Tío Sam y de Europa. Todo se fue al traste y anda errante por el orbe en busca de laureles así sean marchitos. No llega con buen escenario a su cita con Obama el 29 de junio, ¡Vaya a saberse qué pasa si le da por intentar otro Consejo Comunitario ahora en Washington!
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 16 de junio de 2009
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