En los días recientes la Mesa de diálogos de paz de La Habana se ha concentrado en el punto 3 de la Agenda temática pactada desde el segundo semestre del 2012.
Son varios y complejos los ingredientes allí incluidos.
Van desde el cese bilateral al fuego hasta unos ajustes institucionales para adecuar el Estado a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz en los términos de los diferentes consensos alcanzados. También está previsto debatir el grave problema de la erradicación de los grupos paramilitares en su reciente versión, las Bacrim, bandas criminales, que siguen azotando las regiones del Estado. Igualmente la excarcelación de los prisioneros políticos de la guerrilla, a quienes se les revisará sus procesos judiciales ().
Entre los aspectos considerados está el asunto de la dejación de las armas y la movilización (reincorporación) de las Farc a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses ().
Todos estos asuntos avanzan de manera incremental, asumiendo cada detalle y acordando las acciones correspondientes. Por ejemplo, el cese bilateral al fuego permanente ha sido precedido y acompañado de desescalamientos, ceses unilaterales del fuego por parte de las Farc, desminados, no reclutamiento de menores y constitución de una Misión política de la ONU que se encargara, a través de varios países de la Celac, de la verificación pertinente.
Los indultos autorizados recientemente bien pueden entenderse como parte de la revisión de las situaciones jurídicas de los guerrilleros localizados en cárceles y penitenciarias.
Las batidas contra el microtráfico, en que aparecen vinculadas redes policiales, es un mensaje respecto de la erradicación del paramilitarismo, apalancado desde las instituciones públicas encargadas del supuesto monopolio legítimo de la violencia.
La creación del Ministerio del post conflicto, encabezado por el doctor Rafael Pardo y algunas reformas institucionales del sector agrario, parecen ser ajustes institucionales del Estado en favor de la paz, aunque sean medidas unilaterales y en los términos neoliberales de la Nueva Gestión Pública, que tanto gusta a los consultores que cobran millones por cambiar entidades públicas en sus organigramas y manuales de funciones.
Las Farc han dicho que avanzarán en su movilización política y articulación discursiva con la sociedad civil, para estimular la organización y la movilización de los diversos grupos sociales existentes, afectados por la grave situación fiscal y la crisis económica que nos invade, con consecuencias muy graves en los salarios, el IVA, el hambre como en el caso de los niños Wayuu de la Guajira, la miseria, el desempleo, la crisis de la salud, la mercantilización de la educación y el cáncer de la corrupción que carcome las esferas políticas y gubernamentales, tal como lo hemos podido constatar con el asalto a Reficar y las regalías petroleras que se esfumaron como mermelada en los bolsillos y barrigas de los politiqueros santistas.
Líderes de la insurgencia revolucionaria han hecho presencia en distintos puntos de la nación, Guajira, Cesar, Caquetá, Putumayo y Nariño. Acompañados, por supuesto, de unidades combatientes que protegen la integridad de los delegados de la Mesa de La Habana, en plan de pedagogía y socialización de los acuerdos alcanzados hasta el momento, para que la población campesina y urbana amplíe su conocimiento e información y se comprometa con acciones específicas que difundan los progresos de la paz y el fin del conflicto.
Una vez conocidos dichos eventos se ha orquestado, por la Casa de Nariño y la ultraderecha fascista, desde los medios de comunicación, para provocar remolinos en la mente de la ciudadanía, un falso escándalo que omite las reglas de juego de las conversaciones entre Gobierno y Farc y pone en serio peligro el proceso de diálogos.
Santos, manipulando los medios de comunicación que monopoliza con los grandes cacaos de la oligarquía, ha generado un “enmarcado mental” para inducir determinadas reacciones en la sociedad y favorecer sus intenciones inmediatas que bien pueden ser ubicadas en la precipitud de la firma de un acuerdo final, sin que aun estén dadas las condiciones correspondientes, para montar, por lo demás, una cortina de humo sobre el brutal recorte fiscal autorizado por cerca de 6 billones de pesos, que en la práctica inicia un austericidio fiscal con graves consecuencias en el gasto social del Estado, en perjuicio, claro está de una paz con justicia social, crecientemente acorralada por las medidas neoliberales del Ministro de Hacienda, empeñado en privatizaciones y medidas adversas a las demandas populares.
El juego tiene otros alcances que no se confiesan. Me refiero al paro cívico previsto para el 17 de marzo, que desde la Casa de Nariño quieren deslegitimar y afectar mediante la amenaza, no obstante que uno de los acuerdos de paz establece despenalizar la protesta social y permitir su libre manifestación.
En este escándalo mediático se omiten aspectos claves del proceso de paz como aquel principio que determina que “nada está acordado hasta que todo este acordado”, y que la dejación de las armas, garantía efectiva de que los acuerdos se cumplan, es un proceso de implementación que pivota sobre los criterios de la concomitancia y bilateralidad. Las partes van cumpliendo recíprocamente hasta lograr un resultado que satisfaga a las partes contendientes.
No ha de ser que todo se caiga por un simple juego de tahúr.
No ha de ser que casi 5 años de diálogos no sirvan para atender y resolver adecuadamente las pequeñas crisis provocadas para sacar indebidas ventajas políticas, como querer imponer un plebiscito a todas luces inviable, solo por el afán de echarse al bolsillo los dineros de la reciente venta de Isagen, que se utilizarán para comprar votos, conciencias, urnas y ciudadanos.
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