Luego de cuatro meses de la administración Santos, cuando se consolidan los lineamientos de campaña y los ejes del gobierno; aparecen las iniciativas de ley prioritarias y los funcionarios inician sus programas; el mercado de capitales y el sector financiero son el centro, cumpliendo así con el legado uribista de Confianza Inversionista.
Ciertas frases refrendan lo dicho. Las de J.M. Ramírez, subdirector de Planeación: “El mercado de capitales ayuda a dinamizar las locomotoras, en particular en infraestructura, pero también se podría mirar en temas de vivienda e incluso en titularizaciones del sector agropecuario”. O las de la ministra de Vivienda y Ambiente, respecto a los planes departamentales de agua: “¿Si el mercado de capitales está dispuesto hoy, esa es la tendencia en el mundo, a invertir en vías, en puertos y en aeropuertos, por qué no en acueductos y alcantarillados?”. O las del asesor para restitución de tierras, A. Reyes, invocando para dicho proyecto que “el mercado de capitales ayude a romperle el espinazo al feudalismo”.
El director de Planeación Nacional, H.J. Gómez, respecto a los recursos para infraestructura, afirmó que “deberán provenir en buena parte de la movilización de dinero del sector privado…donde tendrán que entrar con más fuerza los fondos de pensiones y otros agentes”. El gobierno ingenia estas burbujas para el capital especulativo, sediento en épocas de crisis, y, lo más importante, patrocina una agenda legislativa que les genere el entorno macroeconómico propicio, que mejore las calificaciones de riesgo del país y haga fluir capitales a bajo costo para alimentarlas. Un almuerzo más barato, aun en mayor desmedro del Estado Social de Derecho.
La reforma constitucional uribo-santista, que propone la “sostenibilidad fiscal” como derecho colectivo, significa superávit constante entre ingresos y gastos del gobierno central (antes del pago de servicio de deuda), y es condición -según el ministro de Hacienda Echeverry- para que “los negocios puedan prosperar”. Y son parte del mismo libreto la expropiación de regalías a las regiones, la eliminación de la tutela en la salud, las reformas tributarias en ciernes, la privatización del diez por ciento, adicional al veinte ya aprobado, de Ecopetrol y la “bancarización” obligatoria de empresas para gozar de exenciones por crear y formalizar empleo. Todas tienen la impronta invisible del gran capital.
En tanto se cocina hasta la eliminación de los límites bancarios a la tasa de usura y del microcrédito, muchos definen el gobierno Santos como “modernizante”, soslayando su rol al estricto servicio del agio organizado, el que corresponde, precisamente, a la fase decadente del capitalismo, inspiradora de guerras y genocidios desde que se instauró, y que para la consecución de los máximos beneficios posibles somete como sea al resto de la sociedad.
Bogotá, diciembre 12 de 2010
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