“El gobierno Santos ha incumplido su palabra empeñada” aseveró César Jeréz, vocero de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, al referirse a la actitud gubernamental con respecto a los acuerdos que dieron fin el pasado 13 de mayo al Paro Nacional Agrario.
El 11 de agosto, en medio del céntrico barrio Teusaquillo, los voceros nacionales de la Cumbre Agraria Alberto Yase –Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC–, Sofía Garzón –Proceso del Comunidades Negras, PCN– , Cesar Jerez –Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc– y Robert Daza –en representación del Coordinador Nacional Agrario–, anunciaron al país su disposición de volver a las vías de hecho gracias al incumplimiento de los acuerdos pactados con el ministro de Interior Aurelio Iragorri, resumidos en el decreto presidencial 870 de 2014, con el cual el gobierno reconocía legalmente a la Mesa Única de Negociación como espacio de acuerdo con la Cumbre y daban vida a por lo menos 5 mesas regionales para construir soluciones al problema agrario.
Los por qué de los incumplimientos
“El incumplimiento por parte del gobierno es una dilación planificada: Primero nos tuvieron con el cuento de la coyuntura electoral, ahora ocurre lo mismo con la posesión de los nuevos ministros”, afirmó Cesar Jerez. Es tal la dilación que pasados tres meses desde la firma del acuerdo por parte de la Cumbre agraria y el gobierno nacional no se ha instalado la mesa de negociación, a pesar que el acuerdo reclamaba urgencia. Ni el recuerdo que precisamente fue “la negligencia del gobierno la que ha convocado dos paros nacionales agrarios ha permitido que el Ejecutivo se movilice con agilidad”, sintetizo el referente de ANZORC.
El inquilino de la casa de Nariño que inició su segundo periodo el 7 de agosto pasado da un tratamiento a la Cumbre agraria que solo hace pensar que el decreto 870 fue firmado con el único objetivo de detener la movilización rural en medio de la campaña presidencial, y hoy tal pacto está convertido en una piedra en el zapato para su agenda. Con los inminentes debates sobre el presupuesto general de la nación y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, es determinante obviar a los movimientos sociales para que ellos no contaminen las políticas públicas del reelecto gobierno.
El interés del reelegido pasa por la anulación de actor social que implica la Cumbre, a través por lo menos de dos vías: el pacto agrario y el tratamiento militar de la movilización y organización campesina, negra e indígena.
El pacto agrario
En su discurso presidencial Juan Manuel Santos aseguro “Nuestros campesinos necesitan mejores servicios públicos, más escuelas, acueductos y alcantarillados rurales, distritos de riego, buenas vías para sacar sus productos. Por eso vamos a dedicar al agro el presupuesto de inversión más grande que jamás se haya destinado a nuestro campo”. El aumento elevaría los recursos presupuestales al agro en un 7,3% llegando a los 4 billones 449 mil millones de pesos. Sin embargo, la cabeza del Ejecutivo ocultó que el otorgamiento de estos dineros está mediado por el llamado pacto agrario que ha sido denunciado por las organizaciones pertenecientes a la Cumbre agraria pues según ellos, “es un sofisma, un pacto de corbatas, que lo que busca es una repartija de recursos públicos, del 4 x mil en las administraciones regionales y locales”.
La represión
A pesar que en los compromisos acordados con el gobierno las organizaciones agrarias largaron el compromiso de desmilitarizar el tratamiento que el Estado brinda a las organizaciones y movilizaciones rurales, la impunidad de los 19 muertos y 660 heridos que dejó el paro agrario de marzo pasado permiten visualizar otra condición. Si a ello sumamos las recientes 10 capturas de indígenas y campesinos en el Paro Cívico en curso en la Guajira la situación queda plenamente referenciada. Para los voceros de la cumbre agraria “los bombardeos a zonas campesinas como el Catatumbo, El Pato y Guayabero –departamento del Tolima–, así como Chocó y Putumayo, junto a las capturas de dirigentes sociales, evidencian la ausencia total de voluntad por parte del estado para negociar con las comunidades rurales del país”.
“Si mil veces nos incumplen, mil veces estamos dispuesto a movilizarnos”, con esta contundente frase Robert Daza le recordó a la opinión publica que la única garantía para el cumplimientos de los acuerdos con el gobierno es la movilización social en las calles y carteras del país. De hecho el mismo 11 de agosto acontecen tanto el paro Cívico de la Guajira como la movilización de campesinos y pueblos afro en el Pacifico, al tiempo que están en preparación protestas regionales en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño.
El agro sigue en debacle
El país agrario sigue afectado “por el vigor de los TLC que Colombia firmó [… ] y las políticas neoliberales que afectan las zonas rurales del territorio nacional”, afirma el comunicado número 010 de la Cumbre agraria. Afirmaciones que, junto con pronunciamientos brindados alrededor de la sequia que afecta diversas regiones del país, recuerdan que “hace años las comunidades campesinas, negras e indígenas venimos alertando al país sobre los efectos negativos que tiene el cambio climático, las instituciones del Estado no han querido oír estas recomendaciones […], el movimiento campesino tiene propuestas estructurales para mitigar esta situación, hemos dicho que la agricultura campesina enfría el planeta, ella misma es una solución”.
Recuadro
¿Quiénes son la cumbre?
La Cumbre Agraria, étnica y popular, resume la articulación del movimiento agrario colombiano que recoge las tradiciones de confrontación de la izquierda durante los últimos diez años, alrededor de trece estructuras que combinan los acumulados de campesinos colonos, comunidades indígenas y negras. A ella pertenecen: la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic-, el Congreso de los Pueblos, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo –MIA-, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc-, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –Fensuagro-, la Mesa de Unidad Agraria –MUA-, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc-, el Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- , la Asociación Campesina y Popular –Asocampo-, y la Asociación Nacional Agraria Campesina –Asonalcam-
Vea integro el comunicado numero 010 de la Cumbre Agraria: http://prensarural.org/spip/spip.php?article14800
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