En las puertas del infierno

Estamos ante un Estado que viola una y otra vez su propia legalidad. En 1998 la Corte Constitucional, mediante sentencia T-153, reconoció que en “[…] en las cárceles colombianas se vive un Estado de Cosas Inconstitucional”. Su diagnóstico, luego de visitar la cárcel Bellavista de Medellín no dejaba dudas: “Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”. Y la orden era perentoria: poner en práctica medidas inmediatas para colocarle fin al padecimiento de los presos: descongestionar, separar sindicados de condenados, atención en salud, etc.

Han trascurrido 16 años desde aquella decisión y todo sigue peor. En el curso de la década y media trascurrida, ante distintas tutelas interpuestas por presos o por la cabeza de la Defensoría del Pueblo en distintas ciudades del país, otros muchos fallos de los jueces (recuadro) han decidido con igual pretensión: respetar los derechos fundamentales de las personas presas, iniciando por acabar el hacinamiento reinante en esos pasillos del horror en que están convertidos los centros carcelarios de Colombia.

Uno de estas tutelas, interpuesta por la Defensoría del Pueblo del Magdalena, fue fallada el pasado 14 de enero y en ella ordena mejorar las condiciones de reclusión de los presos de la cárcel de Santa Marta. Lo que debería iniciar por descongestionarla.

Tras seis meses de tomada esta decisión poco mejora la situación. A la fecha la cárcel de aquella ciudad, que paradójicamente hace honor a su nombre –Rodrigo de Bastidas–, según artículo del 2 de agosto publicado en el diario El Heraldo de Barranquilla, congrega un hacinamiento cercano al 300 por ciento, obligando en esas condiciones a que tras sus muros, amontonados, “convivan” 1.100 presos cuando su capacidad de albergue es para 337. En enero pasado, al momento de la tutela fallada, 1.257 internos mal pasaban allí sus días y noches.

Hay que imaginar tal cantidad de gente apilada uno tras otro, sin donde dormir ni poder realizar sus más elementales necesidades diarias con pudor y dignidad, cuando además la prisión está ubicada en una ciudad donde el sol calienta a más de 30 grados y donde la crisis del agua es contante. Hay que imaginar cientos de reclusos sin poder gozar de una ducha refrescante, tanto en la mañana como en la tarde, soportando no sólo el sudor y la falta de frescura en sus cuerpos, sino también la acumulación de malos olores, insoportables olores, por ausencia de agua para desocupar inodoros y letrinas. ¡El horror!

Esta, que parece ser una excepción, es la característica genérica en todas las cárceles del Caribe colombiano. Veamos:

Más de lo mismo

El modelo de control social resumido en el encierro, ha demostrado a lo largo de un siglo y un poco más de existencia, su inefectividad: no resocializa como pregonan sus defensores, por el contrario, como lo evidencian todos los hechos, destruye vidas –no sólo la de los sindicados o condenados sino también las de sus familias–, además de recrear y potenciar las condiciones para la pervivencia y multiplicación del crimen.

Pese a ello en Colombia no dejan de levantarse muros y fundir barrotes. Ahora, además de las cárceles de distrito, municipales y nacionales, también hay de mediana y máxima seguridad, verdaderos cementerios de seres humanos vivos, campos de muerte lenta para jóvenes que con el paso de los años ven y sufren, que sus mejores energías quedan destruidas por el maltrato, el garrote, el aislamiento, la sombra, la falta de movilidad y el encierro de ilusiones y sueños.

Pese a ello, el Estado opta por el mismo camino. Ante la Tutela de la Defensoría del Pueblo del Magdalena el Ministerio de Justicia anuncia la construcción de más presidios, en esta ocasión para Riohacha –La Guajira– y Fundación –Magdalena– con 4.500 celdas

En Valledupar, por ejemplo, se trabaja en un proyecto para edificar otra presión, en esta ocasión con capacidad para 1.500 internos.
En el Magdalena, la Gobernación cuenta para estos propósitos con un lote de 180 hectáreas en las afueras del municipio de Fundación. Su capacidad sería para dos mil reclusos.

Un mal no aceptado por los ricos

Desde siempre tomó fuerza aquel dicho de que “La cárcel es para los de ruana”, y la sabiduría popular tampoco erró en este tema. Limitado por su capacidad económica y por su atomización, el pueblo acepta de mala gana el destino de la “justicia”. Pero no sucede lo mismo con los ricos, quienes ante la certeza de aquel destino interponen todo tipo de recursos, dilaciones, trapisondas, y si pese a las maniobras jurídicas y de otro tipo, legales o extralegales, la condena llega, de malagana terminan viviendo con todo tipo de lujos al interior del penal: celdas exclusivas, cocinero particular, fiestas, visitas extraordinarias por fuera de los días en que son autorizadas, pero también, “derecho” a salidas del penal, como en repetidas ocasiones ha quedado demostrado con los militares presos dentro de los cuarteles, con los mafiosos y con delincuentes de ‘cuello blanco’. Todo un hazmereír.

Esto en el mejor de los casos, porque en otros, simulan enfermedades y pagan sus condenas, o viven sus procesos penales, en hospitales o en sus casas.
¿Democracia?

Esta es una realidad vivida desde siempre. Pero en otras ocasiones, como sucede ahora con los pupilos del señor de los ocho años, ante la evidencia de la detención optan por la fuga, bajo los ojos de las “autoridades del orden y la garantía de la justicia”. El llamado “doctor ternura” (Luis Carlos Restrepo), la exdirectora del DAS (María del Pilar Hurtado) y el exministro de Agricultura (Andrés Felipe Arias), unos en proceso investigativo y otro condenado, evidencian que la cárcel no tiene nada de bueno, que no cumple con sus postulados fundamentales. Ellos saben, ellos que son parte de quienes la han defendido desde el poder, con su proceder ejemplifican que la cárcel sólo sirve para destruir, que en realidad es una cocinera de seres humanos.

Dice la norma que la justicia es una sola y es para todos los integrantes de una sociedad. También dicen que la sociedad brinda oportunidades a todos por igual, pese a lo cual hay unos pocos que amasan lo de todos y unos muchos que no tienen ni siquiera donde reposar sus humanidades a la hora del reposo. Es la llamada democracia, que ante la evidencia que la cárcel es “para los de ruana” queda develada en su real textura: cuna de oro para unos pocos, lecho miserable para la mayoría.

Recuadro

Sentencia tras Sentencia, ¿hasta cuándo?

Luego de la Sentencia de 1998 otras muchas han proferido los jueces: la T-881 (2002), T-317 (2006), T-690 (2010), al Auto 041 del año 2011, la Sentencia T-077/13 la T-266/13, la sentencia de Tutela nº 861/13 de la Corte Constitucional, del 27 de noviembre de 2013, la Sentencia de Tutela nº 857/13 de la Corte Constitucional, del 27 de noviembre de 2013, y otro conjunto de fallos que dicen proteger los derechos humanos de los presos. Todos esos fallos judiciales burlados por el poder, el mismo que tiene a la Justicia como uno de sus pilares, ¿hasta cuándo?

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