Una disputa por el derecho al trabajo lideran desde hace dos semanas –con un paro general– los mineros tradicionales de Segovia y Remedios, arrinconados por la multinacional Gran Colombia Gold que pretende monopolizar toda la minería de la región; con el apoyo del gobierno nacional y departamental han militarizado estos territorios y atacado con gases y mucho más a los manifestantes y población en general.
Una lucha que rompe el silencio oficial y las manipulaciones de todo orden. El pasado 31 de julio de 2017 el ESMAD atacó a la población del municipio de Segovia en Antioquia y se tomó las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Además, agentes de la fuerza pública atacaron la misión de la Cruz Roja en el municipio, esto como respuesta a las manifestaciones pacíficas que se realizan en los municipios de Segovia y Remedios por el derecho al trabajo desde el 21 de julio de 2017.
Completados 10 días desde que la Mesa minera convocara a paro con carácter indefinido y pacífico, los escuadrones del Esmad arremetieron contra la población que se encontraba concentrada en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios; la reacción de los manifestantes no se hizo esperar.
Con armas de fuego los uniformados ocuparon arbitrariamente el Hospital San Juan de Dios en Segovia, desde allí lanzaron gases lacrimógenos y dispararon a los manifestantes. Entre las víctimas se reportaron niños que quedaron atrapados en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios, quienes resultaron afectados por los gases.
La organización defensora de derechos humanos Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño), informa en su comunicado del 2 de agosto:
“Hasta el momento el reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17 heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y herida por proyectil en el abdomen”.
La gobernación departamental fomenta la criminalización de la protesta. El 1 de agosto Luis Pérez, gobernador de Antioquia, informó de la movilización hacia la zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, 240 uniformados de prevención, además del toque de queda decretado a partir de las 6 pm de ese martes hasta las 6 am del miércoles 2 de agosto. Agregado a esto, relacionó a los líderes mineros con grupos armados ilegales.
Por su parte, Eliober Castañeda, presidente de la Mesa minera, en medio de la reunión con la administración municipal de Segovia, celebrada el 3 de agosto, invitó a los segovianos y remedianos a que desarrollen las protestas manteniendo la consigna pacífica y velando por la seguridad y el bienestar de ambos pueblos y de sus habitantes. También solicitó a las autoridades el retiro del Esmad del territorio pues son ellos quienes incitan a la ciudadanía, afirmó.
Por último desmintió las declaraciones del vicepresidente de la multinacional Gran Colombia gold, José Ignacio Noguera, quien afirmó que cientos de manifestantes atacaron con piedras y bombas incendiarias algunos buses y la sede de la empresa.
En lo que respecta al paro que lleva 12 días, el señor Eliober emitió un comunicado a través de la página de Facebook de la Mesa Minera. Se dirigió a los comerciantes –fervientes acompañantes del paro minero– y les informó de la tentativa de acordar con ellos una fecha próxima para abrir los establecimientos comerciales y así facilitar el reabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad al resto de la población.
12 días de paro
El 21 de julio la Mesa minera convocó a paro indefinido para exigir el derecho al trabajo de los pequeños mineros pues la multinacional Gran Colombia gold, mediante amparos administrativos, ha ordenado el cierre de las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos para explotar las entrañas de las montañas en busca de oro. Sumado a esto, los mineros de Remedios y Segovia piden al gobierno nacional que detenga el proyecto de ley que busca criminalizar la minería informal que durante un siglo ha sido la fuente de ingresos de sus habitantes.
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