La actual coyuntura fronteriza que polariza las relaciones entre Colombia y Venezuela llama la atención de la opinión pública nacional por los excesos de autoridad del Gobierno venezolano sobre los connacionales colombianos. La situación en la frontera es de alta complejidad: la proliferación de una cultura mafiosa se entrecruza con el abandono estatal, la existencia de economías ilegales, grupos armados e informalidad laboral. El tratamiento mediático privilegiado por los grandes medios ha profundizado la polarización y entorpecido la comprensión de las dinámicas en las que la población fronteriza de ambos países, y no solo la de Colombia, es la más afectada. Ello contribuye a sesgar el análisis de la conflictividad fronteriza creando la falsa visión de que este es un fenómeno de pocos días de existencia, desconociendo el arraigo y las problemáticas estructurales que afectan a las dos naciones.
El tratamiento de los medios de comunicación
Rabia e indignación han prosperado en la opinión pública nacional gracias a la embestida discursiva de los medios de comunicación que una vez más han movilizado toda su capacidad de manipulación para tratar el problema de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. El sentimiento nacionalista sigue en un infinito crescendo en el que destacan los matices anti venezolanos de ciudadanos del común y las bravuconadas guerreristas de más de un político que clama nuevamente porque inicie una guerra fratricida en la que nunca pelearían ellos, ni sus hijos, ni sus clientelas.
Las imágenes de compatriotas regresando a través de ríos y trochas con sus pertenencias al hombro, la Policía Nacional haciendo ‘cordones humanitarios’ ayudando a mujeres y niños para cruzar el Río Tachira, políticos seriamente comprometidos en masacres y desplazamientos en territorio nacional haciendo política oportunista desde la frontera, son algunas de las escenas que han aprovechado los medios para envenenar con esta noticia al país, haciendo gala de una “gran sensibilidad” por el mismo fenómeno al que han dado la espalda durante años en muchas regiones de Colombia, donde millones de compatriotas han tenido que desplazarse bajo la amenaza del fusil. Nuevamente han demostrado que para ellos solo importan las calamidades humanitarias susceptibles de polarizar, de ofrecer réditos políticos, comerciales, de congraciarse con sus amos.
En esta oportunidad los medios presentan una imagen light de la problemáticas que se vive desde hace años en la frontera: han puesto en duda la existencia de paramilitares, desconocen las reales proporciones e implicaciones de las problemáticas económicas y del desabastecimiento –producto del contrabando– que soporta Venezuela, poco han abordado las economías ilegales, la corrupción de las autoridades, las penurias que padecen las poblaciones fronterizas de ambos países. Todo ha sido orquestado para mostrar que los grandes problemas son creación exclusiva de las extralimitaciones del presidente venezolano. La voz del presidente Santos en su primera contestación a su par venezolano fue reproducida con bombos y platillos por la prensa audiovisual y escrita en Colombia: “Quisiera que algo quede claro, los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia ni en otras parte del mundo”. Santos Calderón se encuentra rotundamente equivocado.
La frontera caliente entre Colombia y Venezuela
En el año 2012 fue presentado por la Corporación Nuevo Arco Iris y Editorial Debate, bajo la edición de Ariel Fernando Ávila, el libro “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela” en el cual se presentan los resultados de una investigación liderada por el Observatorio del Conflicto Armado (OCAP) sobre las dinámicas del conflicto armado, el crimen organizado trasnacional y los grupos armados ilegales en la frontera de Colombia y Venezuela. El estudio está estructurado a partir de la experiencia investigativa de veinte años de la Fundación Progresar en Norte de Santander, sumado al monitoreo de las acciones de violencia sociopolítica liderado por el OCAP, el estudio de informes de organizaciones locales, nacionales y regionales, así como los insumos aportados por la Mesa de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA. Algunas de las revelaciones del capítulo concerniente a la frontera Norte de Santander – Táchira, son particularmente importantes para el presente análisis.
Desde la década de los 60 del siglo XX están registrados intensos flujos migratorios en la frontera colombo venezolana, comprendida entre Cúcuta y San Cristóbal. Las primeras migraciones estuvieron relacionadas con la violencia en el territorio colombiano, pero luego el asunto económico pasó a ser el principal determinante migratorio: las grandes obras de infraestructura desarrolladas en Venezuela desde los años 70 crearon gran demanda de mano de obra barata y no calificada que fue suministrada por migrantes colombianos. El intenso flujo migratorio, sumado al abandono gubernamental y las condiciones económicas favorables en la frontera, son algunos de los factores con los que puede explicarse los fenómenos de ilegalidad y criminalidad en la frontera “en donde subyace una fuerte connivencia entre las autoridades con estructuras ilegales, una profunda corrupción y una cultura del dinero fácil”.
Los paramilitares llegaron a la zona agravando la situación. En el libro se sostiene: “Esta ya difícil situación fue agravada a partir del 2000, cuando desde el territorio colombiano se implementa una bien diseñada estrategia de incursión paramilitar a territorio venezolano, con el objetivo probado de colaborar con sectores adversos al presidente Chávez en la ejecución de maniobras desestabilizantes del proyecto de “Revolución Bolivariana” que se desarrolla en el hermano país. La incidencia del paramilitarismo denunciada persistentemente durante la última década por los gobiernos venezolanos no corresponde precisamente a la voluntad política de crear un enemigo artificial: ha existido de facto.
La investigación precipita en cuatro conclusiones generales que guían el discurso del capítulo. La primera de estas conclusiones es que desde el año 2008 la región experimenta un amplio proceso de reconfiguración criminal caracterizado por fuertes disputas entre estructuras delincuenciales con similar incidencia y poder. Los Rastrojos y Los Urabeños ejercen el control del área urbana de Cúcuta, así como de los municipios de San Cristóbal – Táchira. El cartel de los Soles del lado venezolano es otra estructura criminal con bastante dinamismo, de la misma manera en que el ejército privado de “Los cinco Apóstoles” del lado colombiano controla la economía, la política y la institucionalidad de la zona. A todo lo anterior se suma la presencia de las organizaciones guerrilleras de las Farc y Eln. La primera conclusión dibuja un escenario en el que confluyen diversos actores armados que ejercen la violencia y que disputan un territorio susceptible de otorgar réditos económicos y posicionamiento geográfico estratégico para sus actividades delictivas.
La segunda de las conclusiones que aporta el estudio consiste en que existe un alineamiento entre estructuras políticas y estructuras ilegales de lado y lado de la frontera. La oposición política que ha gobernado en los últimos años el Estado del Táchira se ha beneficiado de la creciente inseguridad de la zona para acusar al Gobierno venezolano y restarle favorabilidad, por otro lado, son visibles las preferencias de sectores del oficialismo que domina Apure y parte del Catatumbo hacía las organizaciones guerrilleras colombianas. “Por ejemplo, fue común detectar alcaldes oficialistas que pagaban extorsiones a grupos ligados a la desmovilización paramilitar, así como alcaldes y funcionarios de oposición que pagaban a los grupos guerrilleros”.
La tercera conclusión manejada en el capítulo que trata la situación de la frontera colombo venezolana entre Norte de Santander y Táchira, es que en territorio de ambos países existe un amplio arraigo de estructuras narcotraficantes, en particular la de “Los Rastrojos”. “Desde 1997 narcotraficantes del Cartel de Norte del Valle se instalaron en Venezuela, y desde allí crearon grupos de seguridad privada; alías “Jabón” murió allí, y muchos otros capos del narcotráfico han sido capturados en la zona. Esta tradición ha permitido crear verdaderos enclaves de criminalidad en Táchira y Norte de Santander”. Es muy probable que los recientes golpes propiciados a la estructura criminal de Los Rastrojos (captura o entrega de algunos de los principales hombres, desmantelamiento financiero) haya impulsado una nueva reconfiguración de estructuras delictivas en la zona.
La cuarta conclusión trata sobre el elevado nivel de corrupción de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera: están “infiltradas y cooptadas” por la criminalidad, se habla incluso de que en algunas zonas el Estado se ha convertido en una mafia. Existe connivencia y beneplácito de las fuerzas de seguridad de ambos Estados con estructuras armadas ilegales. “En conjunto se podría decir que en lo local existe una situación anárquica, donde en un principio cualquier estructura ilegal podría comprar los servicios de funcionarios estatales”.
Un importante factor debe ser tenido en cuenta. Poco antes de la desmovilización paramilitar en Colombia –gobierno de Uribe Vélez–, se propició un importante traslado hacía el área fronteriza en cuestión de varias estructuras compuestas por redes de testaferros, mandos medios y grupos familiares de comandantes paramilitares. Ello ha influido en la creación de una red en el estado Táchira bajo el nombre genérico de “Águilas Negras” que nutre las redes del narcotráfico, pero que también se beneficia de otro tipo de actividades legales e ilegales. La estrategia de legitimación de este tipo de agrupaciones, de la misma manera que en recordados episodios en el territorio colombiano, ha usado como estrategias el miedo y las relaciones en la que empresarios, políticos, policías y militares se ven bastante beneficiados. Además de todo lo anterior, puede agregarse que desde el año 2011 una nueva reconfiguración de los grupos post-desmovilización de las AUC originados por el debilitamiento de algunas estructuras en Colombia ha desatado una ola creciente de confrontaciones en el Táchira.
El álgido problema del contrabando
Otra de las problemáticas ampliamente conocidas en el espacio fronterizo es el contrabando de gas, gasolina y un cumulo importante de mercancías en el sentido Venezuela – Colombia. El precursor de este tipo de actividades es la elevada diferencia cambiaria fruto de la depreciación sostenida del Bolívar Fuerte en los últimos diez años, factor que ha inducido una alta favorabilidad al Peso colombiano en la tasa de cambio impuesta en la frontera. La alta diferencia favorece que una cantidad no determinada de productos venezolanos, muchos de los cuales se encuentran subsidiados por el Estado bolivariano, al ser vendidos en territorio nacional ofrezcan ganancias hasta del +500 por ciento a contrabandistas o cualquier ciudadano que sea capaz de llevarlos consigo del otro lado de la frontera.
Esta situación ha generado un flujo de mercancías hacia la zona fronteriza colombiana que alimenta el desabastecimiento que en varios productos sufre el hermano país, alimenta economías subterráneas de las que extraen su sustento miles de ciudadanos de ambas naciones, induce prácticas de contrabando a gran escala, la corrupción de las autoridades civiles y militares de lado y lado de la frontera, una crisis estructural padecida por los sectores de la economía formal en Cúcuta que ha tendido a incrementarse en el transcurso de los últimos años .
Juan Carlos Tanus, representante de la organización “Colombianos en Venezuela una sola bandera”, expresó el 10 de julio para un telenoticiero de la ciudad de Barquisimeto que cerca de 3.500 personas y 25 grandes mafias se benefician directamente del contrabando en la frontera de Norte de Santander y el estado Táchira. De acuerdo a Tanus la Resolución 8 del 2000 emitida por el Banco de la República en Colombia otorgó la potestad a los cambistas involucrados en el cambio de Bolívares para establecer el valor de la divisa extranjera. Esta situación indujo que cinco grupos cambistas vinculados con la mafia fijaran a diario una tasa propia en la frontera. La manipulación arbitraria del valor del Bolívar Fuerte es uno de los causantes, de acuerdo a su hipótesis, de la gran diferencia cambiaría que alimenta el contrabando. Atribuye además a esta estrategia los matices de “guerra económica”.
El representante de los colombianos habla de la existencia de una cultura del contrabando (“bachaqueo”) en tanto en la frontera de La Guajira, como la de Norte de Santander. El arraigo de esta es tan grande que las personas que viven de misma creen que no cometen ningún delito, simplemente son comerciantes que compran barato y venden a un precio más elevado obteniendo crecientes ganancias. Afirmó: “Usted puede encontrar familias completas dedicadas a este proceso, hacen la cola, sacan el dinero, hacen la cola, luego lo llevan y se vende a un mayorista, hay un centro de acopio que dependiendo el tipo de producto, moviliza el transporte para la frontera.” Pero quienes más se nutren del negocio son las grandes mafias quienes venden los productos venezolanos en territorio nacional a precios bastante similares a los que tienen los productos propios, además usan el dinero del contrabando para limpiar el dinero del narcotráfico.
Las Leyes anticontrabando impulsadas desde Bogotá, según Tanus, son insuficientes para controlar la situación: “Con ello aspiran a mejorar el nivel de empleo en la capital, aspiran a bajar dos puntos porcentuales el índice desempleo en Cúcuta porque resulta que la ley anti contrabando pone, como tope, 12 mil 100 dólares para calificarlo de contrabajo. Si yo tengo una que llega apostar 12 mil ciento 1 dólar, se declara contrabando, pero si muevo unos 12 mil dólares no hay contrabando […] Yo creo que aquí hay que trabajar un gran acuerdo entre los dos gobiernos para controlar la frontera, ahora esto no es fácil por todo los que significa recibir entre 8 mil y 12 mil millones de dólares al año producto del contrabando en toda la frontera. Eso inhibe a cualquier presidente”. El contrabando es de tal magnitud que al mes de julio, Tanus estimaba que de cerrarse la frontera podría abastecerse alrededor de nueve meses el comercio de Colombia con los productos venezolanos que se encuentran almacenados en territorio nacional.
Un alto flujo de dinero, y la confluencia de múltiples intereses complejizan la situación en la frontera. El problema del contrabando y el subsecuente desabastecimiento de los comercios venezolanos no pueden ser entendidos exclusivamente desde la óptica del pequeño contrabandista: deben reconocerse la existencia de grandes mafias y de poderosas organizaciones económicas y delincuenciales que se lucran de este flujo ilegal de mercancías. Aunque es muy valiosa la hipótesis cambiaria de Tanus, no integra los efectos de la política monetaria del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que también han influido en la depreciación sostenida del Bolivar a lo largo de los últimos diez años.
En medio de este caldeado contexto, es muy fácil comprender el ataque de tres militares y un civil venezolano ocurrido el miércoles 19 de agosto en el barrio Simón Bolívar del municipio de San Antonio (Estado de Táchira) en el transcurso de una operación de las autoridades venezolanas contra el contrabando. Este acontecimiento fue el detonante del cierre de la frontera impuesto desde el día 20 de agosto, así como de la declaración del estado de excepción en la zona decretado por el parlamento venezolano desde el 25 de agosto.
Diosdado Cabello, presidente del parlamento venezolano, fue uno de los precursores de dicho estado de excepción. Afirmó recientemente en medios de comunicación: “Si es necesario declarar estados de excepción en toda la frontera de Venezuela, los diputados y diputadas revolucionarios levantaremos las dos manos”. La crisis fronteriza tiene rostro humano: los más afectados por el cierre unilateral de la frontera son los habitantes populares de ambos países que extraen su sustento de actividades económicas transfronterizas y han desarrollado prácticas de hábitat de orden transnacional. Aquellos que no integran mafias, no son más que ciudadanos históricamente vulnerables por el abandono de los Estados que aprendieron vivir en los espectros de la ilegalidad y la informalidad.
Vínculos más fuertes que las relaciones políticas entre los Estados
La frontera Colombo Venezolana, entre Norte de Santander y el estado Táchira, es una de las zonas fronterizas más dinámicas en América Latina. Se estima que por este corredor pasan alrededor del 70% de todos los intercambios binacionales. Pero las relaciones entre los dos países no se suscriben exclusivamente a la dinámica de intercambios comerciales fronterizos.
Venezuela es el segundo país, después de Estados Unidos, donde más colombianos se han radicado en el mundo. En el libro “La Frontera caliente entre Colombia y Venezuela”, se destaca: “Algunos estudiosos del tema, como el parlamentario Luis Villar Borda, estimaron que a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 existían en Venezuela entre uno y medio millón de colombianos indocumentados, originarios de distintas regiones del país. En la actualidad según algunas autoridades venezolanas, se manejan cifras cercanas a los cuatro millones de colombianos residenciados en Venezuela”. El ambiente para la migración de Colombianos en la década del 70 estuvo favorecido por la nacionalización de los hidrocarburos y el incremento del precio de petróleo que produjo la implantación de un ambicioso plan de desarrollo en Venezuela. Fue necesaria una enorme cantidad de mano de obra poco calificada.
Por los márgenes del análisis
Múltiples ha sido los estilos de abordaje del problema fronterizo en los medios de comunicación: oscilan entre la justificación de las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, de la mano de un extensa apología a las amplias políticas de inclusión social que ha implementado el proyecto de Revolución Bolivariana con los colombianos radicados en Venezuela (Telesur), hasta la condena absoluta del régimen político del hermano país, la condena a la expulsión y deportación de connacionales radicados en la frontera (RCN, Caracol, El Tiempo, etcétera).
Mucho más acá de la defensa de regímenes políticos particulares he optado por reclamar la atención sobre la población fronteriza de ambos países, la misma que ha sufrido terribles incidencias del conflicto armado colombiano y de situaciones de marginación que ninguno de los dos regímenes ha podido subsanar en el transcurso de los años. La ausencia de control por parte de los gobiernos, la asimetría cambiaria, las prácticas de corrupción de las autoridades de ambos países, esto y mucho más ha fundamentado la proliferación de economías subterráneas en las que la gente ha aprendido a ganarse la vida, con la que narcotraficantes, contrabandistas y grandes mercaderes de ambas naciones han amasado enormes fortunas, mientras la población en cada uno de los países enfrenta grandes dificultades socioeconómicas . La situación se pone turbia: el cierre de la frontera está quitando el único mecanismo de sostenimiento económico de miles, tanto en Colombia como en Venezuela.
Aunque la incidencia de actores del conflicto armado colombiano en territorio venezolano no pueda ser negada en manera alguna, el arraigo militar y económico de estas estructuras es responsabilidad de dos Estados incapaces de ejercer control, impulsar la institucionalidad e inclusión social en los confines de sus territorios. El rostro humano de la crisis lo constituyen ciudadanos abandonados por sus respectivos Estados, los que han aprendido a sobrevivir a partir de prácticas económicas informales en un escenario de conflicto armado, escenario enmarcado dentro de los vaivenes de confrontaciones políticas inspiradas en las diferencias doctrinarias de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Este tipo de confrontaciones son las que durante años han favorecido pugnas fronterizas recurrentes con las que dos Estados han buscado de forma recurrente réditos políticos, lavar sus ineficacias “pateando la lonchera en la frontera” pero generando terribles incidencias sobre una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad en ambos países.
El trato dado a los colombianos, del que se han obtenido las imágenes que han sobresaturado los medios de comunicación en Colombia, es solo otro episodio de una larga confrontación política de vieja data en la que la cuestión fronteriza sigue estando a la orden del día en unas relaciones binacionales tensionadas por la vigencia de dos modelos políticos y económicos contrapuestos.
Es necesario que las sociedades colombiana como venezolana tengan presente esta realidad, así como los profundos vínculos que existen entre las dos naciones fundamentando espacios de intercambios que trascienden las fronteras, las reglamentaciones, incluso la racionalidad política y económica de ambos Estados. Son este tipo de vínculos los que deben imponerse entre dos naciones hermanas en cuyas relaciones debe proliferar el respeto y el reconocimiento de dos países que se llevan mutuamente en sus entrañas. La disputa entre estos, no es necesariamente la pugna entre dos naciones hermanas cuyos habitantes no han tenido mayor facultad de decidir en los espacios políticos donde hubiera podido ponerse el punto final a las problemáticas que padecen.
La superación de la crisis fronteriza real, estructural, implicará que los gobiernos de ambos países establezcan una comunicación franca, seria, susceptible de precipitar en agendas programáticas orientadas a subsanar las causas últimas de la situación en la frontera. Es inevitable que mutuamente tengan que colocarse el dedo sobre sus llagas pues la actual coyuntura ha sido generada por la ineficiencia operativa de los dos Estados en la zona en la que han proliferado este tipo de prácticas. El desafío consiste en dejar a un lado las diferencias políticas y los rencores acumulados por las hostilidades mutuas, para colocar fin a esta problemática fronteriza que enriqueciendo a pocos afecta la economía venezolana e impacta negativamente a la población transfronteriza de ambas naciones.
RECUADRO 1
William Mejía Ochoa, destacado investigador de migraciones en Colombia en su artículo “Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras” presentado en la revista Internacional de Movilidad Humana en Brasilia (julio del 2012), afirma que después de esta primera oleada de migrantes colombianos a Venezuela: “Las décadas posteriores han visto una desaceleración significativa del flujo migratorio colombiano hacia Venezuela, llegándose a insistir en los medios de comunicación en un supuesto e importante retorno en los últimos años […] No obstante, la emigración a Venezuela no cesa, alimentada parcialmente en los últimos años, como se verá adelante, por personas en busca de refugio, ante el conflicto interno y otras violencias que acaecen en Colombia.” En “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela” es precisada una cifra: “[…] se cree que en los últimos diez años han ingresado a Venezuela cerca de 190.000 refugiados colombianos por los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure, según lo informó la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Caracas”.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) hablan de alrededor de 684.000 colombianos radicados en Venezuela hacía el 2010, cifra que se encuentra enormemente subvalorada porque solo pondera las migraciones legales. El perfil migratorio elaborado en 2012 para Colombia por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que “En los últimos años, estas dinámicas migratorias se han transformado en función de condiciones económicas y políticas que ya no ofrecen las garantías anteriores que tenían los colombianos al emigrar al vecino país”.
RECUADRO 2
En los últimos años el flujo migratorio parece haberse invertido. Mejía Ochoa, en el artículo ya referenciado, sostiene: “Merece destacarse que en años recientes la prensa ha comentado insistentemente acerca de un flujo creciente de venezolanos, en particular empresarios y técnicos petroleros hacia Colombia, como lo ilustran las siguientes citas: “Se estima que, en los últimos cuatro años, a Colombia han llegado a trabajar por lo menos medio millar de ejecutivos, ingenieros, geólogos y otros expertos venezolanos en petróleo” ; “Reportan crecimiento de migración de venezolanos hacia Colombia” ; “La migración de venezolanos hacia Colombia está disparada y ya se hacen sentir en la industria petrolera, el comercio, la cultura y la farándula” ; “Colombia destino importante para los venezolanos…” Para corroborarlo presenta el siguiente gráfico:
El perfil migratorio de la OIM para Colombia detalla que: “El Banco Mundial (2010) informa que hay 110.297 extranjeros en Colombia con una predominancia de personas de nacionalidad venezolana que representan el 33,9% de la población extranjera total. En segundo lugar, se encuentran las personas de nacionalidad estadounidense, con un 13,7%”. Como puede apreciarse la población más importante de migrantes en Colombia es la venezolana. Parte importante de tal población se caracteriza por su alto nivel sociocultural, calificación laboral y por sus privilegiadas condiciones socioeconómicas.
El Boletín Semestral de Estadísticas entre Enero y Junio del 2014 revela qué: “Las cifras consolidadas de cédulas de extranjería expedidas a ciudadanos venezolanos han aumentado en un 548% en 7 años. La categoría Temporal es la de mayor incidencia desdoblándose en las subcategorías “Temporal Trabajador” (38%), seguido por Temporal Estudiante (17%), Temporal Especial (9%), Residente y Temporal Conyugue con el 7% respectivamente, entre otras categorías”.
Los intercambios de viajeros entre los dos países son bastante significativos. De acuerdo a Migración Colombia, solo entre los meses de enero y julio del 2015 se reportó el ingreso de 183.096 ciudadanos venezolanos a Colombia, así como 315.423 viajeros colombianos con destino a Venezuela. Ello sin contar, por supuesto, con los ingresos informales a los dos países por cada una de las fronteras.
Leave a Reply