Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Este es el resultado de la decisión tomada por las Empresas Públicas Medellín (EPM) para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.
A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.
Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar toda su ribera y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.
Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar. Los daños producidos por los desbordes son desmesurados y la creciente del río continúa descontrolada.
Mucho más que lluvia
El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del Cauca, explicación ingenua para lo que realmente estaba sucediendo aquel dia, cuando un movimiento de tierra (algunos ingenieros sustentan desde hace varios años que aquella área adjunta al Cauca aún está en asentamiento) propició un derrumbes que taponó el túnel de desviación del río, lo que terminó por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación (taponado con concreto armado) para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.
Aún faltaba que la crisis ganara un nuevo nivel. El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel por donde podía evacuarse el agua de la sala de máquinas colapsó, y el líquido siguió su curso hacía la vía de acceso de la presa, incrementando la presión interna, amenazando con desestabilizar diversas secciones subterràneas del megaproyecto. Ante ello, los ingenieros optan por dinamitar dos tapones que sellaban sendos túneles de evacuación, por donde el río siguió su curso, hasta encontrarse, de nuevo, con su cause natural. La consecuencia inmediata y evidente de todo esto es una: la creciente del Cauca, amenazando a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.
Lo hasta aquí realizado por ingenieros y todo tipo de funcionarios de EPM indica que su principal preocupación es salvar del desastre total al megaproyecto Hidroituango, la gente que allí habita aparece en segundo plano, lo cual queda ciertamente evidenciado cuando se observa la improvisación de albergues, las dificiles condciones en que debieron dormir, y la ausencia de explicación en cuanto a quién y cuándo cancelerá lo debido por casas destruidas, enseres perdidos, sembrados anegados, animales ahogados.
Errores de cálculo, oídos sordos ante lo exígido años atrás por la comunidad, afán de iniciar operaciones con esta hidroeléctrica para empezar a recuperar los dineros invertidos en la misma, etcétera, cualquiera sea la explicación de lo que propició este descalabro, es hora de que el país lo conozca. Y así debe ser, pues antes que los dividendos que genere cualquier empresa o proyecto, está la gente y su derecho a vida digna, así como el cuidado de la misma naturaleza, nuestra casa común.
La voz de la experiencia
Ante la confusión generada por las superficiales explicaciones dadas por las EPM, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, con el fin de profundizar en las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa, ingeniero que en 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango,
Y él nos explica: “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los daños ambientales y sociales.
Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río; quienes allí habitan explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”. Una vez más, la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.
Entre tanto, entre los propietarios de la obra (EPM y Gobernación de Antioquia) y el gobierno nacional, empieza un puslo de compromisos, ayudas posibles, expiaciones de responsabilidades, todo favorecido por unos medios de comunicación oficiosos que no hacen sino reproducir los comunicados oficiales, sus explicaciones superficiales de lo sucedido, sin animar a la comunidad para que exija reparación por todo lo sufrido.
Ante los ojos de todo el país resalta, en este caso, así como con el derrumbe del puente Chirajara, que el afán oficial es el de minimizar las causas reales del desastre y sus responsables, silencio que en esta oportunidad podría traducirse –para colmo– en alza de tarifas en el servicio eléctrico. Es decir, unos destruyen la naturaleza y la misma vida de miles de personas, y otros pagaríamos por su proceder autoritario.
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