Un debate sin propuestas oficiales progresistas. Su nombre: ¿Bogotá cómo vamos? La sede: periódico El Tiempo. Los asistentes: el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Rodolfo Palomino, Andrés Restrepo por la Secretaría de Gobierno, y el experto e investigador en políticas públicas de juventud, Libardo Sarmiento Anzola. Discusión que desnudó una contradicción palpable entre las decisiones restrictivas con respecto a la juventud, abanderadas por una supuesta administración de izquierda, y las opciones progresistas presentadas por el investigador.
Noches de control. Ya son más de 69 los días durante los cuales no se ha podido salir a gozar el final de un día y el amanacer de otro. Noches de control policial. Noches que con toda seguridad muchos jóvenes menores de edad habrán contado con los dedos de la mano al son de la penumbra, en algún rincón de la casa. ¿Cuándo terminarán?
Políticas de miedo, que intimidan. Políticas que los jóvenes miran con recelo por su similitud con aquellas de “o se acuestan o los acostamos”. Políticas que resucitan o profundizan las sociedades disciplinarias. Aceptadas sopena de ser capturados por la policía, o en su efecto trágico ser asesinados por fuerzas reaccionarias que los conciben como un peligro para su barrio o sector. Al mejor estilo de los X-Men, son confundidos con los mutantes y apartados de la sociedad para no asustar a los humanos “normales”.
Políticas restrictivas, llamadas “toques de queda”, que fueron ampliamente rebatidas este miércoles 11 en el Foro ¿Cómo vamos Bogotá?, en el que se puso en entredicho su razón de ser y se cuestionó su puesta en práctica por la Alcaldía del Polo Democrático Alternativo, toda vez que las mismas no reflejan los supuestos idearios de izquierda democrática que debieran regirla. Allí se evidenció una respuesta poco satisfactoria sobre temas de juentud por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana, limitados a presentar cifras de capturas de los “violadores de la ley” y justificaciones inconsistentes del por qué de dichas medidas.
En tal sentido, Andrés Restrepo, vocero de la Secretaría de Gobierno, puso énfasis en que estas políticas son temporales y focalizadas, tras lo que se esperaría su superación en un plazo no muy lejano: “tenemos que tomar decisiones de índole administrativa”, dijo al respecto.
De otro lado, Rodolfo Palomino, Comandante de la Policía Metropolitana, dijo que se han producido en este año 29.164 capturas, de las cuales 3.524 han implicado a menores de edad (Estadística Responsabilidad Penal Menores Infractores. 2009). Todo en el marco del Decreto 013 que permite ponerlas en práctica en diferentes localidades y UPZs de la ciudad. En otros términos, “Si beben, roban, o caminan en la calle produciendo miedo –por el simple hecho de ser jóvenes-, los encerramos”, podría ser su respuesta silenciosa.
Foto que desnuda la tendencia regulatoria que padece Colombia. Entre otros temas, se habló del confinamiento y estigmatización que sufren los jóvenes, cada día más atrincherados, sin oportunidades de empleo, condenados a su suerte, perseguidos, por demás, bajo el esquema de estas poco nuevas prácticas, si se mira con el lente de quienes las han sufrido en carne propia en las barriadas periféricas de la ciudad, bajo el nombre de “limpieza social” o “escuadrones de la muerte”.
Según el oficial Palomino: “Los padres de familia solicitaron estas medidas, razón por la cual se vienen llevando a cabo. Yo a estas medidas no las llamaría restrictivas, sino que son una manera de proteger a los menores de edad”.
¿Protección coactiva? ¿Estigmatización? La verdad es que estas medidas no han reducido las tasas de criminalidad, incrementadas en el 29% con relación al año inmediatamente anterior. Así se desprende de las cifras suministradas por el Oficial.
Un problema de fondo, dirán los expertos. Un asunto de decisiones administrativas, dirán los gobernantes. Mientras la pugna conceptual se desata con visos de retórica, entre quienes están al mando de dichas políticas y quienes las consideran improcedentes, pues se ataca la enfermedad desde sus síntomas y no desde las causas, los jóvenes son quienes viven la violencia cotidiana.
Según los informes públicos, el 48% de los jóvenes vive en estado de pobreza. ¿Y entonces, qué hacer? Delinquir, acudir a las drogas, ahogar la tristeza y calmar la existencia sin sentido con una botella rebosante de licor, o incluso el suicidio –muchos jóvenes acuden a esta práctica no por violencia ni pobreza, sino por falta de oportunidades de empleo, según investigaciones recientes– parecen ser las únicas alternativas.
Políticas afines. Los “toques de queda”, oficiales y extra oficiales, continúan como el pan de cada día en amplios sectores urbanos. En sólo cinco barrios de la localidad de Ciudad Bolívar (Margarita, Paraíso, Las Torres, Los Alpes y Bellaflor), 30 jóvenes menores de edad, colegiales de un mismo centro de estudio, fueron vinculados desde el 6 de marzo pasado en una lista, impidiéndoles circular después de las 6:00 p.m., sopena de ser asesinados. ¿Para garantizar la tranquilidad de los adultos o para satisfacer el control de las ollas aledañas?
Políticas públicas dispersas
Medidas que encubren una situación de fondo. Se trata de la incapacidad sistemática por parte de las sucesivas administraciones de la ciudad de brindar una respuesta integral a la problemática de los jóvenes. Las políticas públicas, formuladas a través de la Ley 375 de 1997, de por si insuficientes, han quedado archivadas en los anaqueles del Distrito.
Según el investigador Libardo Sarmiento, 9 son los temas que se manejan en torno a la juventud en Colombia, con los cuales existe una deuda por parte de los gobernantes de las urbes colombianas. El primero y de mayor relevancia es el déficit con el derecho a la vida, siguiendo la difícil situación en materia de salud, educación, cultura, trabajo, comunicación y participación. Otra arista que no suele mirarse concierne al estado deplorable de los derechos de los y las jóvenes en las cárceles.
El cáncer corroe todo el cuerpo. Se pueden atenuar los síntomas con programas asistenciales o medidas restrictivas que no evidencian cosa distinta que la exclusión, marginación y estigmatización juvenil. ¿Qué pasará cuando la enfermedad se propague y no pueda controlarse?
Por: Julián Carreño
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