Sorpresa. Librada solicitud de captura en contra del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El requerimiento procede del Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Ecuador, dirigido por el juez Daniel Méndez.
La investigación que culminó en esta orden procede del ataque al campamento de las farc, el 1 de marzo de 2008, en Angostura, Ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas el ciudadano de aquel país, Franklin Aisalla. El ataque fue presuntamente ordenado, coordinado y dirigido por el exministro Santos. El proceso es impulsado por el agente fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien acusó a Santos. Ahora la justicia ecuatoriana cuenta con 90 días para emitir su dictamen acusatorio o absolutorio.
De acuerdo al fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, la extradicción del exministro puede solicitarse para juzgarlo porque “se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó a 25 personas”. Enfatizó, asimismo, que el Ecuador va “a respetar el derecho penal internacional. Se cometió un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado. Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión”.
El jueves, el jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Álex Vargas, confirmó que la boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la Interpol –a quien se le notificó el viernes- para que se busque al ex funcionario colombiano.
Reacción política
Una vez hecha pública la orden judicial, se conoció la reacción del Gobierno colombiano. Por un lado anunció la conformación de un equipo jurídico para atender la decisión judicial, al tiempo que mantiene el pasaporte diplomático de Santos. Por el otro, desplegó una fuerte arremetida política acusando al juez ecuatoriano de ser aliado del “terrorismo internacional”.
El tono de las declaraciones siguieron subiendo, y el viernes el presidente Uribe criticó a la comunidad internacional por guardar silencio ante el ataque de que es objeto Colombia, un ataque similar “…a un golpe de Estado”, “esto es un ataque del terrorismo contra toda Colombia…”, recalcó una y otra vez.
Respuesta desmedida que trata de sacarle provecho político electoral al lío judicial, al colocar como “víctima del terrorismo” al exministro, que como se sabe, es una de las cartas del Uribismo en caso de que Uribe no logre superar todos los escollos que enfrenta para liderar la nueva reelección.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, precisó que “no es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”.
La Interpol
La orden avanza, pero será en París, en la dirección de la Interpol, donde se decidirá si la misma se transforma en Circular Roja.
Mientras esto sucede el lío judicial proseguirá y el debate sobre la legalidad o no de la doctrina del ataque preventivo, el respeto a la vida y la inviobilidad de la territorialidad de cada país, o soberanía nacional, tomarán un lugar importante. Como se sabe, la falta de garantías sobre el particular son algunos de los elementos que han impedido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
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