Termina el periodo de Eduardo Montealegre Lynett como Fiscal General de la Nación. Su partida trae consigo el recuerdo de su participación en uno de los casos más graves de desfalco en contra del Estado colombiano. 1.4 billones de pesos depositados en el Fosyga fueron ilegalmente apropiados mediante recobros ilegales propiciados por la junta directiva de SaludCoop, la misma que contrató a Montealegre Lynett antes de asumir como Fiscal General de la Nación. El favorecimiento del Fiscal a los responsables de este robo, a su impunidad, es una de las peculiaridades de uno de los más grandes, impunes y olvidados escándalos de corrupción en el país. En el contexto de la serie Dos dedos¹, del periódico desdeabajo, es retomado y desarrollado este caso como insumo para la memoria, otro de los eslabones capaces de forjar la capacidad de las sociedades para ejercer justicia sobre quienes le han propiciado profundos daños.

Se aproxima una nueva elección

El pasado martes 15 de marzo el presidente Juan Manuel Santos anunció a la opinión pública su decisión de conformar la terna para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación (FGN) a través de un novedoso mecanismo propuesto por “Elección visible”². Un día antes, el 14 de marzo del 2016, la Presidencia de la República había expedido el decreto 450 “Por el cual se establece el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República”. Tal decreto estructura un mecanismo ‘novedoso’ para la postulación abierta de ciudadanos al cargo: en esta oportunidad los postulantes debían hacer llevar su hoja de vida y soportes al Ministro de la Presidencia de la República, quien se encargara de remitir la lista completa al Presidente para que elija tres candidatos y luego los presente a la Corte Suprema de Justicia, Corporación que al menos con 16 de los 23 votos disponibles (las dos terceras partes) elegirá al nuevo Fiscal de los colombianos.

Los requisitos para ser Fiscal General de la Nación resultaron no ser muy elevados: 1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, 2. Ser abogado, 3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos y 4. Haber desempeñado, durante diez años cargos en la Rama Judicial, en el Ministerio Público o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Requisitos que en apariencia harían elegible a miles de colombianos de todas las razas, creencias religiosas, pertenencias étnicas y políticas. Sin embargo nada tan distante de la realidad, nada tan falaz.

La convocatoria para la próxima elección del Fiscal agitó el panorama político y estremeció la compleja urdimbre de redes clientelares estructurantes del Estado, donde se revuelcan lagartos, ratas y otras alimañas en pugna por la cabeza del principal ente de acusación del país, en abierta lucha por el poder coercitivo del cargo, por una parcela gigante donde sembrar impunidad. La pantomima ya está en marcha. Las balotas ganadoras ya han sido depositadas dentro de la bolsa, ahora solo falta llenarla con las perdedoras para maquillar de pulcritud la elección. El 29 de marzo el país debería conocer el nombre de la persona impuesta por las maquinarias para tan importante cargo.

Al llegar a su ciclo final el periodo oficial del Fiscal Luis Eduardo Montealegre Lynett, realizar un poco de memoria sobre el significado de parte de su gestión, nos acerca a una cruda realidad que el país no afronta con toda decisión: la toma de buena parte de sus más importantes instituciones por intereses particulares, en muchos casos corruptos o asociados a la más cruda corrupción.

Con este primer artículo iniciamos la serie Dos dedos, con la cual, y a propósito de lo sucedido con Isagen en el mes de enero de 2016, el periódico desdeabajo pretende traer a la memoria nacional algunos de los más importantes desfalcos sufridos por la nación a lo largo de las tres última décadas. Episodios protagonizados por personas con un enorme capital intelectual, que decidieron aprovechar sus conocimientos para estafar al Estado y conservar la impunidad cooptando las estructuras desde donde podían ser sancionados. Apropiación de recursos y apropiación de la justicia que amenazaba castigar su delito.

Un Fiscal al servicio del “Mega Cartel” creado por Carlos Palacino

Los rostros de la corrupción

Luis Eduardo Montealegre Lynett fue elegido el 21 de marzo del 2012 por 16 votos en la Corte Suprema de Justicia para desempeñar el cargo de Fiscal general de la Nación

Fue postulado para ese cargo porque ostentaba una respetable hoja de vida: Juez de Instrucción Municipal, Juez Penal Municipal, Conjuez de la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, del Tribunal Nacional de Aduanas, Viceprocurador General de la Nación, y magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2004.

Sus estudios habían sido cursados en la Universidad Externado de Colombia, especializado en derecho penal; desarrolló, además, estudios de Derecho Constitucional en Alemania. Podría hablarse entonces del Fiscal en términos de un profesional altamente ilustrado. ¿Y corrupto?

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas nos habla con amplitud del Fiscal en su libro “Megacartel de la salud. SaludCoop-Palacino y el Fiscal Montealegre”. Su narrativa es útil como ninguna en el esfuerzo por develar las relaciones entre Montealegre Lynett y la plana mayor de SaludCoop, liderada por Carlos Palacino, quien propició uno de los mayores desfalcos al Estado en Colombia. ¿Cómo empezó todo? Es la pregunta que debe esclarecerse de entrada.

La historia comienza con el nombre de Carlos Palacino. Nacido en el municipio del Líbano (Tolima) recibió grado en licenciatura de matemáticas en la Universidad Santo Tomas, de Estadístico Administrativo en la Universidad De La Salle. Especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y máster en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en España. En 1975 comienza a desempeñarse como cobrador en Seguros La Equidad, entidad donde trabajó hasta el año de 1991 alcanzando cargos como director del departamento de seguros de vida, asistente de presidencia, vicepresidente comercial y financiero³. Pablo bustos señala en su libro: “En menos de diez años, Carlos Palacino, un desconocido corredor de seguros, construyó la empresa más grande de la salud en Colombia […] Muchas de sus ideas eran seguidas y copiadas por Eps, hospitales y empresas del sector por su forma de ahorrar costos y ganar dinero”.

Meteórica carrera susceptible de ser cuestionada porque en Colombia, país enlazado al sistema económico mundial desde la periferia, con grandes asimetrías y desigualdades estructurales, es poco probable alcanzar este tipo de fortunas y posiciones de poder sin robar, saquear, aprovecharse de las zonas grises de la Ley o ejercer la violencia. Precisa Bustos: “Además, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados”. Uno de los abogados del buffet al servicio de los saqueadores de SaludCoop y de Carlos Palacino fue, por supuesto, Montealegre Lynett.

Macabro duo. Sobre ellos amplía Pablo Bustos: “[…] con el tiempo vivieron en el mismo vecindario de la exclusiva vía a La Calera de Bogotá, compartieron un mismo destino vacacional construido por Palacino en el condominio conocido por la muy polémica Villa Valeria⁴ construida en Acacias, Meta”. Pero esto no es todo, a partir de la denuncia presentada por la entonces contralora general de la nación Sandra Morelli ante el representante a la Cámara Carlos Edgard Osorio Aguilar (presidente de la Comisión de Investigación y Acusación) el 9 de junio del 2014, puede ahondarse en el esclarecimiento de las relaciones entre estos dos reputados profesionales.

$6.200 millones de pesos fueron los recibidos por Montealegre (entre el 2007 y el 2012), la mayoría cancelados a través de anticipos, en pago por su intensa labor de asesoría y defensa de SaludCoop presidida por su amigo Palacino. Bustos cita a la contralora Morelli⁵ en su denuncia: “Sobre las sumas de honorarios pagadas por SaludCoop EPS, no se entiende como la EPS utilizó recursos públicos de la salud para pagar honorarios de abogados que defienden a la EPS por las posibles irregularidades, infracciones y violaciones al sistema de salud; actuaciones irregulares del sistema que son investigadas por el Estado”.

De acuerdo a lo suscrito en los contratos de labor, los objetos contractuales para los cuales les fueron entregadas gruesas cantidades de dinero contemplaban, como en el caso de una oferta de servicios presentada por Montelagre a Palacino el 21 de septiembre del 2009: “1. Asesorar a la entidad, y si es del caso asumir su representación, ante la superintendencia nacional de salud, en la actuación administrativa originada en la visita inspectiva ordenada mediante auto Nº 2741 del 20 de marzo de 2009; 2. Elaborar los documento y conceptos necesarios para controvertir las posiciones jurídicas de la superintendencia en la actuación administrativa de la referencia”. Fueron 950 millones “libres de impuestos”, más una prima de 650 millones “libres de impuesto” en caso de obtener una decisión favorable para la entidad, los solicitados por Montealegre Lynett (en esta oferta de servicios) por defender a los responsables de haber desfalcado en 1.4 billones⁶ al Estado, uno de los desfalcos más grandes sufridos por los colombianos.

Acciones sospechosas. Así lo hizo ver la contralora Morelli cuando afirmó en su denuncia al Fiscal: “Porque el Estado –Minisalud, Supersalud e interventores– dentro del proceso de intervención de SaludCoop Eps permitió al Dr. Eduardo Montealegre siguiera siendo su abogado y asesor, cuando uno de los encargos fundamentales que recibió como abogado de Saludcoop y la gerencia de Carlos Palacino fue la de atacar y demandar todas las actuaciones del Estado-Minisalud, Supersalud e Interventores […]”. Extraña dualidad: defensor del la Eps de Palacino y asesor de la Eps dentro de la intervención administrativa protagonizada por el Estado, ¿Defendía acaso los mismos intereses privados en ambas versiones de SaludCoop? Prosigue la Contralora formulando inquietudes en su denuncia: “El Estado interventor de SaludCoop, tampoco verificó qué pasó con el cumplimiento, ejecución y liquidación de más de nueve (9) contratos suscritos originalmente por el abogado Dr. Eduardo Montealegre y en relación a SaludCoop, su pago, terminación y liquidación. De igual manera, existe constancia de solo dos (2) contratos cedidos, sin que haya explicación o justificación de lo que pasó con los otros cinco (5) contratos a su nombre”.

Millonarios contratos otorgados generan enormes solidaridades. Adquiere entonces tintes de veracidad la hipótesis de la contralora Sandra Morelli cuando afirma que la diligencia de allanamiento, registro e incautación ordenada⁷ por el Fiscal General de la Nación y ejecutada el 11 de septiembre del 2013 contra las instalaciones principales de la Contraloría, respondían a la necesidad de entorpecer el proceso de responsabilidad fiscal en el caso de SaludCoop que llevaba a cabo el Organismo de Control Fiscal⁸.

Las sospechas incrementadas por los tímidos y pésimos resultados obtenidos por las pesquisas que la Fiscalía tuvo que llevar a cabo ante la presión de la opinión pública, señala Bustos: “Frente a tales señalamientos la Fiscalía poco y nada ha avanzado para el completo esclarecimiento de este escandaloso desfalco, y solo muy selectivamente, uno diría “con pinzas, ha vinculado a unos y mantenido en vilo a muchos otros […]”, incluso cuando la Procuraduría y la Contraloría General de La República emitieron juicios condenatorios⁹. Señala Pablo Bustos: “[…] La Fiscalía no ha terminado una investigación, ni ha formulado una sola acusación, ni solicitado al menos una sola medida de aseguramiento de detención preventiva con relación al caso de corrupción más grave en la historia del país. ¿No es acaso esta la prueba reina sobre como a la Fiscalía General le quedó grande la lucha contra la corrupción de cuello blanco?”.

El ABC del desfalco

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con el dinero robado?

Con un gran equipo de “trabajo” integrado por profesionales de diversas áreas y el apoyo de políticos en el Congreso¹⁰ iniciaron el saqueo de los parafiscales hacia el año 1998. La bonanza en el sector de la salud generada por la masiva afiliación de colombianos, así como los buenos resultados de la empresa influyeron en que SaludCoop tomara la decisión de crecer ampliando su red de oficinas, clínicas y centros médicos en todo el país. Pero según Bustos: “El problema, como lo indica la entidad de control es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado a los proveedores, y después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad”¹¹.

La legislación abrió la puerta al desfalco. Las posibilidades de recobro puestas al alcance de Carlos Palacino y sus secuaces le dio la oportunidad a la plana mayor de SaludCoop para que durante años estructurara una estrategia de crecimiento y acumulación a través del saqueo de los recursos del Fosyga mediante: 1. El recobro excesivo por servicios, procedimientos o medicamentos no Pos; 2. El cobro ficticio por servicios, procedimientos o medicamentos que no habían sido prestados por hospitales del Estado o Ips alguna; 3. El recobro por servicios, procedimientos o medicamentos no Pos que en efecto habían sido prestados por hospitales del Estado o por Ips, aunado al no pago a estas entidades por tales valores¹²; 4. La negación sistemática de servicios contemplados en el Pos. Bustos amplia: “A la vez que Palacino y SaludCoop construían su propia red de hospitales y clínicas, con su fachada blanca distintiva, dejaban en el camino a decenas de Ips y personas quebradas económicamente”.

Pero los más afectados fueron, por supuesto, los cientos de miles de colombianos cuyos nombres fueron usados para efectuar recobros al Gobierno mientras les era negada de manera perversa el acceso de medicamentos y servicios que llegaron a ocasionar la muerte o afectaciones físicas vitalicias a un número no conocido de usuarios. Bustos comenta en su libro: “La Defensoría del Pueblo ha documentado como sistemática y crecientemente se han venido negando procedimientos incluidos en el Pos, es decir que debieron ser asumidos por las Eps, lo cual ha derivado en la persistente utilización de la acción de tutela para su protección y amparo –entre 2006 y 2009 por ejemplo crecieron en un 57 por ciento, de las cuales en el 2009, el 68.2 por ciento correspondían a procedimientos incluidos en el Pos–”.

Mientras los colombianos padecían en su salud, llegando incluso a perder la vida por la calidad deficiente de los servicios prestados por SaludCoop, su junta directiva se dedicaba a desarrollar inversiones de alto riesgo y a malversar los recursos apropiados en plena ilegalidad al Fosyga. Entre ellas destaca la adquisición de la chilena Cruz Blanca en el 2001, la adquisición en el 2003 de Cafesalud (hoy también intervenida) por 25 millones de dólares, inversiones en empresas de Ecuador, México, República Dominicana y Panamá, todas fracasadas.

Pero eso no fue todo, con el dinero sustraído patrocinaron equipos y torneos de fútbol, baloncesto y golf, la construcción de colegios privados, compra de vehículos de alta gama¹³, construcción de condominios campestres, construcción del centro comercial y empresarial Paralelo 108¹⁴, viajes internacionales a encuentros mundiales de salud para los directivos de SaludCoop y sus cónyuges, hospedajes en los más prestigiosos hoteles de Asia y Europa, inmensas bonificaciones a los directivos¹⁵.

Movimientos de dinero sospechosos. Algunos de los casos documentados por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos son: $17.140 millones de pesos invertidos en un software para la empresa Heon Health a pesar de que SaludCoop ya había desarrollado tal sistema, $23.624 millones de pesos gastados en abogados, consultores y asesores, $91.646 millones de pesos destinados entre 2006 y 2011 para pagar los proyectos y promesas de compra venta de las Clínicas Bogotá, Materno Infantil, Castellana, Medellín, Tunja y el edificio Paralelo 108; $165.552 millones destinados para adquirir planta y equipos que contribuyeron a fortalecer muchas de las 43 empresas asociadas directamente a SaludCoop con recursos que de ninguna manera debían ser destinados para otros usos distintos al de la salud de los afiliados.

Fueron estas solo algunas de las maniobras documentadas con las que que Carlos Palacino y su enorme séquito desfalcaron al Estado, transformando el dinero de la salud de millones de colombianos afiliados a su poderosa Eps en patrimonio para su conglomerado de empresas de salud estructuradas para evadir cualquier responsabilidad ante una posible investigación. Miles de millones de pesos que llevan a cuestas el sufrimiento de compatriotas quienes perdieron su salud y hasta sus vidas sin que hasta el momento hayan sido restituidos en sus derechos constitucionales, vulnerados en profundidad por quienes colocaron por sobre el interés general de millones de colombianos su interés particular de enriquecimiento, sin importar el cómo lo hicieron ni las consecuencias de sus actos.

La débil actuación de la Justicia colombiana

Las victimas y el castigo de los victimarios.

Cuando en el 2012 Eduardo Montelagre Lynett, uno de los prestigiosos abogados del poderoso equipo de juristas¹⁶ contratado por SaludCoop para defenderse de las acusaciones de los organismos de control estatal asumió la dirección de la Fiscalía General de la Nación, el panorama para la actuación de la justicia sobre quienes propiciaron este enorme desfalco no podía ser más sombrío¹⁷.

Pablo Bustos señala en su obra: “Desde su postulación el Fiscal ha confrontado permanentemente y justificó a la postre incluso la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, la cual parece dejar por fuera los delitos de megacorrupción más grandes en la historia del país como son los de SaludCoop”.

El 27 de marzo del 2016 entregó el puesto el fiscal Montealegre sin que hasta ese momento fueran tomadas en serio las copias compulsadas al organismo de fiscalización por parte de la Contraloría y la Procuraduría de las investigaciones llevadas a cabo, tampoco los juicios condenatorios emitidos.

Desde 2012 ninguna investigación dio resultados palpables en el caso SaludCoop. Cuando fue presionada por la opinión pública para que avanzaran las investigaciones citó a interrogatorios (sin efectos procesales) a Carlos Palacino y otros directivos de la Eps, interrogatorios a los que el expresidente de SaludCoop no asistió argumentando la “poca frecuencia” de vuelos entre Miami y Bogotá, ciudad de los Estados Unidos donde reside en la actualidad. En palabras de Pablo Bustos: “Adicionalmente, es claro que inexplicablemente la Fiscalía no ha solicitado restricción alguna para la salida del país de Carlos Palacino […] Súmese a lo anterior que Carlos Palacino, cabeza del grupo SaludCoop, ha sido una especie de “niño consentido” de la Fiscalía, por decir lo menos, pues precisamente ésta solo lo investiga por el cobro de facturas que suman $27.000 millones, es decir menos del 3% del total de la suma manejada irregularmente, 1.4 billones. En otras palabras le exonera la investigación y responsabilidad por más de 1 billón 383 mil millones, es decir por cerca del 97% del total del desfalco, y del impacto en los derechos a la salud y la vida de miles de afiliados”. Majestuoso proceder de la justicia.

Montealegre se fue de la Fiscalía dejando en la completa impunidad al grupo de saqueadores que había contratado sus servicios de jurista para que los defendiera cuando la justicia comenzaba a insinuarse sobre SaludCoop en el 2007. En artículo publicado el 26 de marzo del 2016 por El Tiempo titulado: “Montealegre se va de la Fiscalía y caso SaludCoop no avanza”¹⁸, se detalla: “[…] la Fiscalía no avanzó en estos cuatro años en ese proceso, salvo en la toma de testimonios. El fiscal Eduardo Montealegre se declaró impedido para conocer el tema –según la Contraloría recibió 6.200 millones de pesos de honorarios de SaludCoop– y el caso se lo asignaron a un grupo especial de la Fiscalía que investigaba el capítulo de corrupción en el sector de la salud. Ese grupo llevó a juicio varios de los casos relacionados con otras EPS, pero el de SaludCoop aún sigue en etapa de investigación y ninguno de sus directivos ha sido llevado ante la justicia”.

Prosigue la nota de este diario: “En contraste, la Fiscalía adelantó en tiempo récord y hasta acusó ante la Corte Suprema a la excontralora Sandra Morelli por el polémico arriendo de la sede de la Contraloría en el occidente de Bogotá. En varios sectores, empezando por la misma Morelli, se habló de una supuesta retaliación contra la funcionaria por su papel clave en el destape de las irregularidades en el Grupo SaludCoop”. Cunde la impunidad y el manejo de la justicia en función de intereses criminales en Colombia.

No solo han asegurado la impunidad estos negociantes de la vida y la salud de millones de connacionales, ni siquiera es completamente cierto que hayan dejado de controlar el negocio incluso en plena “intervención” del Estado, detalla Bustos: “La contralora Sandra Morelli ha cuestionado a los dos últimos superintendentes así: “Siguen poniendo en duda a través de decisiones en foros, declaraciones públicas y privadas, la naturaleza pública de los recursos que reciben [las Eps]”. “Nombran interventores que siguen o dejan seguir las relaciones con quienes desviaron recursos. No supervisan el trabajo de los interventores”. “Dejan interventores sobre los que pesan denuncias graves de conflicto de intereses y relaciones propias de personas allegadas con el intervenido”. Se “han seguido utilizando los recursos para gastos no relacionados con la salud, incluyendo re adquisición de aportes, pagos de leasing y promesas de compraventa” […] “Omiten aplicar la Ley en cuanto a causales de intervención, órdenes de capitalización y liquidación de la Eps”. Flagrante caso de corrupción que ha logrado resistir adaptándose a cambios en la burocracia del Gobierno, de su composición política, a las intervención llevada a cabo por el Estado; la corrupción resultó permear hasta el interventor Guillermo Grosso , elegido para llevar a cabo el proceso de liquidación de la empresa.

En abril del 2014 el Senador Jorge Enrique Robledo también se refirió²⁰ al asunto: “Y con la intervención no concluyó la actuación laxa del gobierno frente al Grupo Salucoop. Por el contrario, según lo ha explicado la Contraloría, el primer hecho inaceptable consistió en que solo fueron intervenidas las EPS, con lo que los socios de Palacino siguieron manejando las IPS del Grupo, empresas que también ha debido el gobierno intervenir para que cesaran las malas prácticas y para que hubiera con qué responder por los 1.4 billones de pesos de la sanción”. El ministerio de salud sigue insistiendo en que SaludCoop apenas tiene participación en nueve Ips, cuando el informe de la Contraloría habla de una enmarañada red de 174 instituciones. En palabras de Robledo: “[…] refundidas en una telaraña de propietarios y figuras legales para que el Estado no pueda cobrarse con ellas, pero que siguen contratando, en integración vertical, con las EPS del Grupo”.

Impunidad absoluta. Victimarios que no ha procesado la justicia, un Fiscal que incumplió descaradamente sus competencias constitucionales, una enorme red de conspiradores que trabaja para Carlos Palacino intentando que retome el control absoluto sobre su enorme botín. Un horizonte lúgubre para este caso de corrupción que contó con la participación de profesionales formados con las más altas calificaciones²¹, que actuaron insertos en una oscura red conspirativa para desfalcar al Estado y mantener su impunidad. Las victimas no han sido reivindicadas por la justicia, según bustos: “Para ellos todavía no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni todavía se ha diseñado ningún plan de restitución de su salud como si existe para los que perdieron sus tierras”.

En el olvido, sepultados entre miles de casos que la justicia poco ha realizado por resolver, se pudren cientos de procesos elevados ante los organismos de justicia por usuarios que tuvieron que sepultar a sus hijos, padres y familiares por todo lo que les negaron en esta Eps y sus afiliadas mientras fueron constituidas empresas con el propósito de cobrar y derrochar el dinero recobrado por estos mismos procedimientos y medicamentos que nunca fueron prestados.

Que las víctimas y la sociedad se encarguen de reclamar justicia, que no olviden a los responsables de tan grande estafa.

Notas:

[1] “[…] ¡Dos dedos!…/Sos junao por el “taquero”/, No sos un simple ratero/ Sos un punga que valés…/Y dicen…/ Que hasta tiemblan las vitrolas/, Porque sacás las chirolas/ Por las ranuras que ves./ ¡Dos dedos!/, Sos el rey de los afanos/, Si te cortaran las manos/ Vos afanás con los pies […]. Has nacido con el arte del “choreo”/ Y tu record no pueden igualar […]”. Tango, letra y música: Carlos Acosta (Lionel Félix Corbalán, canta Alberto Echagüe)

[2] Es una coalición de nueve (9) organizaciones de la sociedad civil, que nace en el año 2008 con el objeto de hacer seguimiento a los procesos de nominación y elección de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dignatarios de la justicia.

[3] ¿Quién es Carlos Gustavo Palacino? http://caracol.com.co/radio/2011/05/12/nacional/1305194880_470874.html  12 de mayo de 2011

[4] Para ampliar la información sobre este lujoso condominio construido por Palacino puede consultarse http://www.semana.com/por-clasificar/recuadro/un-sueno-resort/275484-3 . En este lujoso complejo habitacional también tenía su suite el fiscal Montealegre Lynett.

[5] ¿Ladrón que acusa a ladrón? La excontralora Sandra Morelli había sido fuertemente cuestionada por un posible detrimento patrimonial del orden de $76.000 millones de pesos propiciado por cuatro contratos que firmó como directora del Organismo de Control Fiscal. En dichos contratos firmados entre el 2012 y 2014 se arrendaban seis pisos del Centro Comercial Gran Estación II, durante dos años a la firma Proyectos y Valores por un monto de $89.733 millones. ¡Salia más barato construir un nuevo edificio! El edificio de la Contraloría, ubicado en la carrera 10a con calle 17 en la ciudad de Bogotá, vendido por la misma contralora en $13.000 millones, tenía en realidad un precio de $35.000 millones. Esta fue otro de los procedimientos administrativos por los que fue cuestionada Morelli. Para ampliar consultar http://www.elespectador.com/noticias/judicial/sandra-morelli-contra-cuerdas-articulo-510503 

[6] Investigaciones la Contraloría General de la República fijaron la cantidad de dineros ilegalmente apropiados (entre 2006 y 2011 por SaludCoop y cuatro empresas vinculadas en $1 billon 421 mil 174 millones 105 pesos con 40 centavos.

[7] ¿Qué buscaba la Fiscalía en la sede de la Contraloría? http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-allano-contraloria/357337-3  9 de septiembre del 2013.

[8] En el numeral 14 de la denuncia presentada por la contralora Sandra Morelli especifica: “Los servidores públicos de la Contraloría General de la República que han tenido relación directa o indirecta con los casos de SaludCoop han sido citados a la Fiscalía como indiciados, ejerciendo sobre ellos un presunto constreñimiento con el objeto de obligarlos a omitir el desarrollo oportuno de sus funciones en los casos ya indiciados o entrevistados […]”.

[9] En marzo del 2013 la Procuraduría General de la Nación sancionó a Carlos Palacino y a 11 directivos con una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio. Pablo Bustos comenta en su libro: “[…] dicha sanción fue impuesta sobre la base de 8.000 cheques por $270 mil millones que habrían sido girados a proveedores de SaludCoop para pagar supuestos medicamentos o tratamientos médicos que fueron cobrados al Fosyga como servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”. El 11 de noviembre del 2013 la Contraloría General de la Nación, profirió el fallo de primera instancia 001890 dentro del proceso de responsabilidad fiscal número 010 del 2011 en donde se responsabilizaba a SaludCoop por el desvío de 1 billón 774 mil millones de pesos, cantidad que por apelación y consulta es finalmente fijada a febrero del 2014 en 1.421 billones de pesos.

[10] Destaca el nombre del Representante a la Cámara Holger Diaz quien trabajaba a sueldo para Carlos Palacino, impulsando actos legislativos de su conveniencia. Para ampliar consultar: http://www.semana.com/opinion/articulo/un-congresista-sueldo/243505-3 

[11] El método predominante a través del cual se apropiaron del dinero de la salud de los colombianos fue a través de cobros ficticios al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía). Esta es una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social creada por la Ley 100 de 1993 a las que las Eps remiten los costos de los medicamentos, servicios y procedimientos no cubiertos por el Pos (Plan Obligatorio de Salud), en ocasiones prestados por hospitales públicos o Ips, para que el Estado devuelva los dineros que las Eps ya han asumido o pagado a terceros. A la suma se encuentra asociada una ganancia que las Eps pueden invertir en patrimonio, pero nunca la cantidad total de dinero devuelta por el Gobierno porque se determinó que ello podía poner en riesgo tanto su estabilidad económica y como la calidad de los servicios prestados a los usuarios. Los servicios, medicamentos y procedimientos que están cubiertos en el Pos el Estado los cancela a través de la Upc (Unidad de Pago por Capitación) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. Es una cantidad de dinero establecida y girada con cierta periodicidad a las Eps que en ningún momento es recobrada.

[12] Según Bustos: “[…] SaluCoop giró a 31 de diciembre de 2010 un total de 8.021 cheques por $266.988 millones que, sin embargo nunca llegaron a su destino. Por eso, en marzo de 2012 ya enfrentaba embargos por $7.037 millones promovidos por catorce de sus acreedores”.

[13] De acuerdo a las investigaciones efectuadas por Pablo Bustos un lujoso auto BMW 750 fue adquirido con los recursos de los afiliados a la Eps Epsifarma, la misma Eps cuyos recursos fueron empleados entre 2008 y 2010 para adquirir e importar baldosas y porcelanato proveniente de China por un valor de $2.326 millones para construir el complejo de Villa Valeria en el Meta.

[14] Para construir este lujoso edificio en el Norte de Bogotá también fueron usados los recursos de Epsifarma. Cotizado en $200.000 millones de pesos es el icono del imperio erigido por Palalcino que de manera inexplicable aparece dos veces en el video oficial del Himno Nacional de Colombia: la primera de ellas al minuto y tres segundos cuando suena el verso “ […] de su invencible luz”, la segunda al minuto y cuarenta y dos segundos cuando corre el verso que inicia por “Oh Jubilo….”. Tal video puede encontrarse en la cuenta de Youtube de la Presidencia de la República de Colombia en el link: https://www.youtube.com/watch?v=SrvKADxxsqg 

[15] Bustos amplia: “Según la Contraloría, solo entre 2005 y 2010, se pagaron $6.000 millones de pesos en bonificaciones a los directivos, de los cuales $3.541 millones fueron a parar a un solo bolsillo, el del presidente de SaludCoop Carlos Palacino”.

[16] Otros de los abogados de este equipo fueron José Joaquín Bernal, Marcela Monroy, Jaime Lombana y Hernán Jiménez.

[17] Al posesionarse Montealegre Lynett como Fiscal, se declaró impedido por sus vínculos con SaludCoop, para llevar a cabo desde el organismo de acusación el proceso investigativo que ya se adelantaba en contra de esta Eps e Ips asociadas. En julio del 2013 la Corte Suprema de Justicia declaró con 19 votos en contra de 1 que el fiscal no estaba impedido entre otras razones, tal como lo señala el periódico El País, porque “no existe posibilidad que los expedientes del caso lleguen a manos de Montealegre ya que están en el despacho del vicefiscal, Jorge Perdomo, y de dos fiscalías seccionales en Bogotá ya que estos gozan de autonomía”. Para ampliar consultar http://www2.rcnradio.com.co/noticias/fiscal-no-esta-impedido-en-caso-saludcoop-corte-suprema-10057 y http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/corte-rechaza-impedimento-del-fiscal-montealegre-en-caso-saludcoop 

[18] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/investigacion-de-nexos-del-fiscal-con-saludcoop-no-avanzo/16546762 

[19] Bustos sostiene en su libro: “Para este interventor, designado por el Superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, la suma defraudada o faltante en SaludCoop, es de $650.000 millones, es decir, lo que detectó la superintendencia de salud es menos de la mitad de los definido por la Contraloría […] resulta altamente preocupante que el interventor Grosso, quien se supone debe defender al estado y no a palacino, entre publicamente una desición en firme de la Contraloría General de la República mediante un juicio Fiscal, es decir mediante un proceso en el cual con la comparecencia de los implicados o presuntos responsables, asistidos por sus abogados, fueron oídos y vencidos”.

[20] http://www.kienyke.com/kien-escribe/se-gobierna-a-favor-de-saludcoop/ 

[21] Para conocer alguno