Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.
¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?
El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?
Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.
Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.
Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)
¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?
Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.
Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a lideres@s, de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.
Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio…
Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.
En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.
Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.
Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)
¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?
Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.
Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.
¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?
El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.
Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.
Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.
Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)
¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?
El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.
Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.
¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?
Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.
Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.
Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)
Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?
Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.
Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.
Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?
Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.
Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)
Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.
¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?
En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.
Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares
Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.
Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)
Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action
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