Entre ideología y pragmatismo, la reconfiguración del papel internacional de Colombia.
Pocas veces la política exterior es un asunto relevante en las campañas electorales y menos durante los discursos de los presidentes electos. Luces en sentido contrario emite el nuevo Gobierno sin dejar de mostrar que los retos todavía son muchos y que no se pueden desligar de la política nacional.
El Presidente Gustavo Petro asumió su cargo el pasado 7 de agosto y pronunció un discurso muy emotivo que llamó la atención por varias cosas, entre ellas el espacio y el peso que le dio a la política exterior. Lo mismo ocurrió en su discurso de victoria el 19 de junio, después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
En ambas ocasiones hubo menciones importantes a América Latina, a la política antidrogas y al cambio climático; tres asuntos clave de la política exterior del nuevo gobierno y de las propuestas programáticas de campaña que no pasaron desapercibidos entre la ciudadanía en general. De la misma forma, tampoco pasaron desapercibidos algunos de los pronunciamientos y decisiones gubernamentales durante su primer mes de administración.
Paz y política exterior
El nombramiento de Álvaro Leyva como Canciller, anuncio hecho durante el proceso de empalme, fue la primera acción que llamó la atención y que dio algunas pistas sobre la dirección que tendrá la política exterior del gobierno del Pacto Histórico. La trayectoria política y personal del Canciller permiten inferir una apuesta por retomar una sincronía entre la política interna y la política exterior en lo que respecta a la implementación del acuerdo de paz y la búsqueda de soluciones pacíficas en otras problemáticas asociadas con la seguridad.
Esta estrategia, por supuesto, no es nueva y rememora algunas prácticas del gobierno Santos (2010-2018) que se orientaron a buscar una armonización y complementariedad entre política exterior y doméstica durante el proceso de paz. En esa misma línea se pueden interpretar las designaciones como embajadores de Luis Gilberto Murillo y Leonor Zalabata ante Estados Unidos y la Delegación ante Naciones Unidas en Nueva York, respectivamente.
Para algunos, estos nombramientos obedecen a una muestra de inclusión de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en la política exterior; sin embargo, este análisis es bastante limitado y omite las trayectorias políticas y la experticia de ambos Embajadores. En el caso de Murillo, durante sus años de exilio ocupó posiciones relevantes en organismos internacionales y en organizaciones de la sociedad civil, que le permiten tener un conocimiento más detallado sobre el entramado de organizaciones con las que, tal vez, Colombia tenga que lidiar en esta nueva fase en temas como política antidrogas, implementación del acuerdo de paz y aproximación a otros problemas de seguridad hemisférica. Por el lado de Zalabata, su trayectoria como lideresa de los pueblos indígenas le ha permitido tener un acercamiento al sistema de Naciones Unidas desde donde ha acompañado procesos de sociedad civil transnacional que pueden resultar útiles para Colombia también en el marco de la implementación del acuerdo de paz y en las discusiones alrededor de cambio climático.
¿Entre el pragmatismo y la ideología en América Latina?
La ausencia de Colombia de la asamblea del consejo permanente de la OEA sobre la sanción a Nicaragua por la situación interna de derechos humanos generó una serie de críticas y abrió algunos debates. Hubo un relativo consenso sobre la falta de coherencia del gobierno actual al no asumir una posición condenatoria frente a Nicaragua en un asunto tan relevante como lo es el respeto por los Derechos Humanos.
Para algunos, la ausencia y el silencio de Colombia son una muestra del carácter ideológico que empieza a asumir la política exterior de este gobierno; para otros, es una muestra del pragmatismo acorde con los intereses de Colombia de cara a las negociaciones con Nicaragua en las cuestiones limítrofes. Las declaraciones más recientes del Canciller Leyva en una entrevista con la W radio dan muestras de que, más allá de las razones genuinas para la ausencia del país de dicha asamblea, sí hay un rechazo a las violaciones a los derechos humanos que realzan en Nicaragua, especialmente a la persecución de la oposición y de los antiguos amigos del gobierno sandinista, dando muestras de una política exterior ideologizada (defensa de los derechos humanos) y pragmática (decisiones coherentes con los intereses globales de Colombia).
Desde esa falsa dicotomía (ideología/pragmatismo) se ha buscado leer el respaldo del Presidente Petro a la Vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ante los juicios que enfrenta por corrupción. Para algunos, esta decisión fue impulsiva y carente de fundamento, además de ser una muestra clara de injerencia en asuntos internos de otro país. Pese a ello, es importante recordar que el gobierno colombiano no fue el único de la región en suscribir dicho pronunciamiento y que el gesto puede obedecer a un deseo de alinearse con otros gobiernos de centro-izquierda de la región (ideología), al tiempo que a la búsqueda de un mayor acercamiento a la región (pragmatismo) que es necesario para estrechar lazos y buscar soluciones a problemas compartidos como la migración, el cambio climático y las acciones del crimen organizado, entre otras.
En ese mismo sentido, el gobierno del Pacto Histórico ha manifestado la necesidad de fortalecer la integración regional a través de mecanismos conocidos, como la Comunidad Andina de Naciones-CAN y la Alianza del Pacífico, pero impulsando renovaciones. Ha planteado la necesidad de ampliar la CAN y ha abierto perspectivas de profundizar la integración en la Alianza del Pacífico; en ambos casos, la decisión no pasa exclusivamente por las afinidades ideológicas de los gobiernos de turno sino por intereses materiales asociados a temas comerciales e intereses políticos.
Retos para un gobierno progresista
El nuevo gobierno ha marcado una diferencia importante frente a su antecesor al mostrar que la política exterior es un asunto relevante y que esta puede ser objeto de debate entre la ciudadanía. Eso es positivo en la medida en que amplía la discusión e invita a la veeduría constante, pero presenta retos importantes en la manera de comunicar las decisiones y la acciones. Estas deben transmitirse de manera más clara a la ciudadanía, de tal forma que sea fácil comprender cómo se articulan con otros lineamientos políticos (más allá de que las decisiones nos gusten o no) y obedecen a intereses más generales.
En asuntos más de fondo, el Gobierno se enfrenta a retos trascendentales en su relación bilateral con Estados Unidos. Nunca se ha cuestionado la importancia de esta relación ni la relevancia de Estados Unidos para Colombia; sí se ha enfatizado la necesidad de replantear la relación para que ésta sea menos subordinada, aunque entendiendo perfectamente la asimetría de poder entre ambos actores. Las discusiones alrededor de la política antidrogas y la relación con actores armados ilegales abrirá espacios de desencuentro que Colombia tendrá que saber plantear para poder defender sus posiciones y crear oportunidades de cambio en la política internacional.
En el mismo sentido, la integración regional y la buena vecindad con la región también están atravesadas por las posibilidades de coordinación entre los distintos países. Estas no deberán atarse a las afinidades ideológicas, como hizo el gobierno Duque, sino que tendrán que orientarse a partir de intereses y necesidades comunes que permitan fortalecer los lazos y los intercambios para coordinar políticas en temas cruciales como migración, comercio, seguridad y defensa de la democracia.
Finalmente, pero no menos importante, este gobierno se enfrenta a la necesidad de fortalecer la carrera diplomática y consular. Si bien todos los gobiernos se comprometen con esto, no por ello dan muestras de querer hacerlo. Ese fortalecimiento no solo pasa por la designación de embajadores de carrera en delegaciones importantes para Colombia, sino también por políticas orientadas a profundizar la profesionalización del servicio exterior como las oportunidades de formación académica para los funcionarios de carrera, la atención a la calidad de los cursos de formación y actualización, y la incorporación del conocimiento propio de los funcionarios en distintas divisiones de la Cancillería.
* Profesora asistente. Departamento de Relaciones Internacionales. Universidad Javeriana
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