El sur del Departamento del Atlántico, localizado en el Norte de Colombia, en la región Caribe, donde se encuentran los municipios de Suan, Santa Lucia, Repelón, Candelaria, Manatí y Campo de la Cruz, antigua provincia de Sabanalarga, donde viven casi 200 mil personas de los 3 millones de la región atlanticense, sigue sumido en una tragedia infernal por cuenta de la indolencia gubernamental y la corrupción estatal.
Miles de familias se encuentran en la desesperanza y el abandono a raíz de las inundaciones de todo el territorio por la ruptura del Canal del Dique que como consecuencia de la ola invernal del año 2010, registró un boquete de 220 metros anegando extensas zonas de la agricultura campesina.
El Canal del Dique es un importante obra construida por los españoles con mano de obra esclava de indigenas y negros en el siglo XVI, cuando se organizó por la Monarquía hispana el régimen colonial sobre el territorio de la actual nación colombiana. Es una gigantesca obra que comunica a Cartagena con el Río Magdalena y por donde se realiza el 70% del comercio de dicha arteria fluvial, ahora en manos de empresas chinas que quieren convertir el interior de Colombia en un extenso mar para sus actividades de comercio minero y agroindustrial.
Recientemente los politiqueros del gobierno han realizado audiencias públicas para examinar la situación de catástrofe y lo que se han encontrado es la denuncia y protesta indignada de las familias porque las entidades encargadas de hacer las obras de recuperación no han hecho absolutamente nada y se robaron la plata destinada para tal cometido.
300 millones de dólares que se apropiaron para recuperar el Distrito de Riego, para construir vivienda, escuelas, centros de salud, crear empleo y fortalecer las instituciones públicas, han sido literalmente despilfarrados por una burocracia ineficiente e inmoral.
El Incoder, organismo dizque encargado de la “revolución agraria” santista es el principal responsable por la agudización de los problemas que afectan a las familias campesinas, los dineros han sido desviados y han parado en los bolsillos de reconocidos agentes del clientelismo santista. De igual manera Colombia Humanitaria y otras entidades nacionales, que en otros lugares del territorio nacional han mostrado su ineficiencia, como en el municipio de Gramalote en Norte de Santander, se han descubierto como un verdadero cascarón politiquero insensible a la miseria de miles de campesinos en situación de abandono absoluto.
Después de dos años de tragedia, no se construyen las carreteras, no se recuperan los ríos, los niños no tienen escuelas, no hay empleo y las enfermedades son el azote permanente de la población. Esa es el “prosperidad” del señor Santos que quiere ocultar con conocidas cortinas de humo.
La protesta organizada de la población debe hacerse sentir. La denuncia de la corrupción politiquera es prioritaria. Hay que realizar bloqueos, plantones y manifestaciones por todos los medios posibles para que el país y el mundo conozcan este “paraíso” de la “democracia” oligárquica que predomina en Colombia.
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