Es bien sabido que una de las primeras medidas para enfrentar la crisis sanitaria despertada por la pandemia del COVID-19 ha sido la posibilidad de implementar, tanto en colegios como universidades y otras instituciones educativas, formas de teletrabajo y enseñanza virtual. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD es la institución de educación superior con la mayor trayectoria a ese respecto, tanto a nivel de pregrado y posgrado, pese a ser una gran desconocida en el país. Se trata de una megauniversidad que cubre prácticamente todo el territorio nacional y cuyas actividades están casi virtualizadas por completo. Sin embargo, aunque pueda pensarse lo contrario, su modelo tiene problemas profundos y, como la misma universidad, desconocidos, que avanzan silenciosamente y empiezan a ser calcados por otras universidades.
Precisamente la actual crisis sanitaria pone de relieve dichas falencias y constituye una alerta temprana frente al rumbo que han empezado, o podrían empezar a tomar, diversas instituciones educativas, incluso hasta convertirlo en el modelo imperante. Se sabe, por ejemplo, que otra de las universidades con mayor cobertura en Colombia, la Uniminuto, también ha iniciado un proceso acelerado de virtualización de cursos, al tiempo que presenta graves problemas estructurales similares a los de la UNAD. Para los docentes unadistas resulta absolutamente incomprensible que, a diferencia de las demás universidades del país, y sobre todo de las más prestigiosas, como la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional, los horarios de trabajo presencial se mantengan con casi total normalidad. Podría pensarse que, tratándose de una universidad a distancia, con programas virtualizados, los docentes están acostumbrados al teletrabajo, a laborar desde la comodidad de sus hogares, pero no es así.
Los docentes unadistas, salvo en casos excepcionales, están obligados a acudir a los diversos centros y a cumplir de manera estricta un horario. Los centros tienen oficinas donde cada docente se sienta en un computador de manera aleatoria y muy cerca los unos de los otros, como si se tratara de un call center. Es evidente que, sobre todo en las actuales condiciones de salubridad, el contacto con los equipos y con las demás personas debe ser evitado, además del contacto que implica tomar los respectivos medios hacinados de transporte para llegar a laborar. La intransigencia de las directivas ha sido descomunal. Nadie se explica por qué una universidad que puede extender el teletrabajo a prácticamente todo su personal, y que posee las condiciones para hacerlo, sigue obligando a sus empleados, de forma absolutamente innecesaria, a acudir a las instalaciones que, por demás, muchas veces no cuentan ni si quiera con jabón ni papel higiénico en sus baños.
La cuestión es tan escandalosa que incluso en un comunicado oficial se invitaba a los docentes con síntomas de gripa a laborar presencialmente “con las debidas medidas de precaución” (lavado de manos, tapabocas, etc.). En el último comunicado, gracias a la organización de algunos profesores y profesoras, se le da libertad a cada centro para autorizar permisos puntuales, pero la intransigencia generalizada continúa. Ahora bien, lo que actualmente acontece es solo una prolongación de un modelo de universidad virtual que le ha apostado a la proletarización total de sus maestros y a la masificación de la educación a costa de la calidad y del cultivo real del pensamiento.
Siendo una institución de educación superior de carácter público, la UNAD se autofinancia en un 80%, lo cual la convierte, en la práctica, en una institución privada. Los contratos de sus profesores son, en su gran mayoría, de cuatro meses, con demoras constantes en la entrega de liquidaciones e incertidumbre laboral permanente. Un docente unadista es consciente de que siempre que termina un contrato debe tener en la cabeza una alternativa laboral, pues no se garantiza nunca la continuidad. Dicha precarización es, a su vez, un instrumento de control altamente efectivo, que limita la posibilidad de organización de los maestros y la consecución de mejoras laborales, como sucedió ya con la perseguida y criminalizada ASPU-UNAD. Al tiempo, tratándose de educación virtual, los docentes ven difuminadas las fronteras entre su tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Hay quienes, a altas horas de la noche, siguen atendiendo estudiantes por Skype, correo electrónico, Whatsapp, etc. Adicionalmente, los docentes, que la universidad llama “tutores”, ven vulnerada su libertad de cátedra, pues se limitan a implementar guías previamente construidas por otros docentes y a calificar actividades de manera cuasimecánica con grupos de estudiantes de una cantidad exorbitante.
Como si no fuera suficiente lo anterior, los docentes deben desempeñar actividades administrativas y aceptar con la cabeza baja su papel de “toderos”. Si un estudiante necesita una homologación, información sobre un programa, o casi cualquier otro asunto administrativo, cualquier docente debe estar presto a atenderlo. La atención telefónica, que en la mayoría de los casos está asociada a temas administrativos,es responsabilidad de los “tutores”. Pero la explotación laboral se vende como horizontalidad y los llamados al autocontrol son constantes (por ejemplo, en el manejo del tiempo), cuando en realidad las condiciones estructurales de la misma universidad refuerzan la heteronomía. El control llega a unos niveles tan elevados que, en algunos centros,no solo hay que “marcar tarjeta” (entrada y salida) a través de un registro biométrico facial y con huella, sino que ciertos funcionarios se acercan a las oficinas a tomar fotos y obligan a los profesores a autorreportarse a través de Whatsapp, fuera de las cámaras dispuestas en diferentes puntos de las instalaciones.
El control es ciertamente exacerbado, pero la calidad académica de cada curso pasa desapercibida: lo importante es que el docente aplique las guías y suba notas masivamente a la plataforma y, eso sí, que se asegure de que no repruebe tanta gente. La UNAD, esa gran desconocida, podría estar prediciendo el futuro de la enseñanza en el país, por lo que, si sigue pasando inadvertida, al igual que las investigaciones por corrupción que tiene su rector y su clientelismo endémico, estaremos perdiendo una gran oportunidad para cambiar de rumbo. En este contexto, es totalmente coherente que se obligue a los trabajadores a asistir a los centros, una medida sintonizada con las condiciones de maltrato estructural a las que están sometidos. Si algún docente o trabajador (o alguno de sus familiares)resultara gravemente enfermo o, no lo quisiéramos, muriera, la responsabilidad sería de la UNAD y de su incapacidad para tomar decisiones tendientes a garantizar el bienestar común.
Una Docente Unadista
Bogotá D.C., marzo 18 de 2020
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