Tras 47 años de lucha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a renunciar a la “retención de personas” con fines financieros. Ahora se espera que los últimos diez militares que mantenían en condición de rehenes sean puestos en libertad. El grupo rebelde hizo el anuncio durante una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio de Internet, y que el gobierno de Juan Manuel Santos no dejó pasar por alto. “Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta”, afirmó el presidente desde su cuenta de Twitter. La organización le devolvió gentilezas al responsabilizar a su gobierno de ser quien “frustró un feliz final” de la situación de al menos seis rehenes, cuya liberación fue anunciada varias veces y otras tantas dejada sin efecto desde noviembre. El secuestro con fines extorsivos ha sido una de las fuentes de ingreso de la guerrilla más antigua del continente, en actividad desde 1964.
La renuncia al uso de los secuestros se había convertido en un pedido constante del gobierno y la sociedad civil a los guerrilleros colombianos. Desde la dependencia que tiene a su cargo la política antisecuestro se atribuye a las FARC el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país. Entre sus argumentos, los rebeldes reconocen, de manera tácita, el hecho de haber escuchado el clamor popular al anunciar que “a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria”.
“Es un anuncio que considero trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz”, señaló desde Bogotá el representante a la Cámara y activista Iván Cepeda. El legislador, perteneciente al partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), recibió esa decisión como “una noticia alentadora en términos de voluntad de paz”. “Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia”, afirmó Cepeda, quien conforma el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de prisioneros, entre políticos y uniformados.
Entre las misiones que obraron en este sentido se encuentran las facilitadas por los gobiernos de Venezuela y Brasil. “La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una disposición generosa que aceptamos sin vacilación”, escribieron los rebeldes en el comunicado difundido ayer. Con la ex congresista Piedad Córdoba a la cabeza, al CCP le toca intervenir en la anunciada liberación de los últimos diez militares y policías en manos del grupo guerrillero, detenidos por las FARC entre 1998 y 1999, durante distintas acciones y en diferentes regiones, junto a otro uniformado que, según parece, perdió la vida estando en cautiverio.
Hasta antes de esta declaración, los rebeldes se habían comprometido a dejar en libertad a seis de esos detenidos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la policía y padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada marchó 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos. “Creo que de algo sirvió la caminata que hice (de la localidad de Fusagasugó) a Bogotá”, dijo la chica, quien tenía 4 años cuando su padre fue apresado por los rebeldes.
La adolescente confió en que ahora sí pueda tenerlo de nuevo a su lado; ésa es la misma esperanza que abrigan las familias de quienes, al igual que Duarte, continúan siendo rehenes de la guerrilla colombiana. Ellos son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. No obstante, Natalia Andrea también confesó: “Hasta que no lo vea bajar de un helicóptero, no lo creeré”.
Otro colectivo, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), representa a las familias del intendente Duarte y de los demás rehenes. “Ahora lloramos de alegría y no de dolor”, declaró la presidenta de esta organización, Marleny Orjuela, al aludir a la decisión de las FARC de entregarlos a los presos de manera conjunta. La activista fue convocada por los rebeldes a que “acuda a recibirlos en la fecha acordada”. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál será el cronograma final de liberación. “Nos alegramos mucho por ellos, los diez secuestrados, que van a ser liberados, y por sus familias. El gobierno dará garantías sin circo mediado”, escribió también en su cuenta de Twitter el presidente colombiano.
El comunicado
Declaración pública sobre prisioneros y retenciones
Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.
Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.
Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.
En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.
Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.
Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.
Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2012
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