Una vez más, diversidad de sectores sociales se declaran en paro o en jornadas de protesta: Docentes, trabajadores estatales, taxistas, pobladores del Chocó y de Buenaventura. La coincidencia de la protesta genera una ola de inconformidad nacional tras la cual Colombia pareciera entrar en una coyuntura de paro total.
El motivo central tras todas las protestas y paros en curso es el incumplimiento gubernamental con los compromisos contraídos con estos sectores sociales tras anteriores jornadas de paro o de protesta; así como la inconformidad de otros por la inexistente voluntad oficial para negociar sus pliegos petitorios y/o para reconocer los reajustes económicos demandados.
La particularidad del magisterio
En Colombia, donde el sindicalismo brilla por su debilidad, el gremio de los docentes conforma el sindicato más grande del país, integrado por doscientos ochenta y seis mil de los trescientos treinta y dos mil docentes con que cuenta la nación para primaria, secundaria y media. A su vez, por este potencial, es el sindicato que marca la pauta dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde suman nueve (9) delegados de los 21 que componen su Junta Directiva.
Su potencial es tal, que cada que entra en periodo de protestas o paro, otros sectores sociales aprovechan para hacer lo mismo, buscando así un espacio para negociar en mejores condiciones con el gobierno. Rara vez se logra que de tal suceso surja una coordinación estable para la protesta, y más allá, de suerte que cuando Fecode firma el nuevo acuerdo que buscaba quedan tirados a la vera de las negociaciones todos aquellos que pretendieron beneficiarse de la coyuntura.
Los motivos del paro 2017 del magisterio son diversos, entre ellos: la demanda de un incremento salarial digno –el gobierno ofrece 0,25, más el 5 por ciento acordado en el paro del 2015–; nivelación salarial; la firma de un nuevo contrato de salud, digno, que implica, entre otros, la cancelación de toda la deuda que tienen con el sector (debe recordarse que el proceso de licitación para contratar la empresa prestadora del servicio fue de nuevo suspendido por parte de la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General de la Nación); implementación de la jornada única, siempre y cuando existan las condiciones de infraestructura, comedores y autonomía para llevarla acabo (respeto para quienes la acepten); integración de jardín, preescolar y kinder; y un punto central: reformar el Sistema General de Participación en la vía del fortalecimiento de los recursos destinados para la educación pública.
La dirigencia docente llegó a la decisión de parar tras 40 días de negociación, 20 de ellos en periodo directo y 20 de prórroga. Es decir, se gastaron todas las posibilidades de llegar a un acuerdo.
Con su actitud de dilación, el gobierno mide el pulso a este sector, observando si es posible apretarlo para arrebatarle derechos ganados en otros momentos de lucha, tal y como lo demanda la Ocde, que ve en ellos un gremio cohesionado, duro, con muchos “privilegios”, entre ellos el de la salud y el de la estabilidad laboral.
Desde distintas regiones se informa que el magisterio está más decidido que en otros años a prolongar esta jornada de lucha. La precariedad salarial, el deterioro del sistema de salud, entre otros aspectos, han creado esta aurora de radicalidad.
Con una experiencia de décadas en este tipo de lucha, el magisterio decidió ir del barrio a las comunas o localidades, de éstas a las ciudades, para pasar a las regiones, en un ascenso de la protesta hasta tomarse Bogotá, lo que sucederá este 16 de mayo. Al día siguiente su Junta Directiva evaluará el desarrollo del paro y define el qué hacer.
Estatales
El ínfimo incremento ofrecido a los docentes, y la disculpa de siempre por parte del gobierno –no hay plata–, es lo mismo que han escuchado hasta ahora los trabajadores del Estado, quienes tratan de llevar a buen puerto una nueva negociación que les permita un reajuste salarial digno, ampliación de planta de personal, cumplimiento de los acuerdos firmados en otras negociaciones y acabar con la tercerización laboral.
Hay que recordar que en el Estado existen cerca de 1.250.000 trabajadores, de los cuales el 35 por ciento está integrado a alguna organización sindical. La multiplicidad de sindicados en cada ministerio y dependencia es uno de los factores que los debilita.
La negociación, que arrancó con una evaluación de los compromisos pactados en el 2013-2015, arrojó que el Gobierno solo había cumplido con el 25 por ciento de lo firmado, lo que evidencia a todas luces la estrategia dilatoria y de desgaste asumida por el Estado colombiano y aplicada por el gobierno de turno.
En el punto salarial saltó el primer obstáculo para un avance certero de esta negociación pues el gobierno ofreció el 5,75 de inflación causada en el 2016 más el 0,15 por ciento; su contraparte aspira al 5,75 por ciento más otros 5 puntos.
Hasta ahí iba la puja cuando una tutela interpuesta por centrales obreras minoritarias (CNT, UTC, CCT) demandó el derecho a participar en la ronda negociadora. El fallo a su favor los invita a incorporarse a la misma pero sus disputas internas les ha impedido nombrar sus negociadores.
Mientras esto ocurre, sectores de los trabajadores estatales se declaran en paro, como ocurrió con los guardianes de cárceles.
Además, para este martes 16 de mayo, otros sectores estatales no solo protestan o realizan agitación sino que también paran, entre ellos: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, Dian y Rama Judicial.
Para el miércoles 17, los estatales anuncian una jornada de movilización solidaria con los trabajadores petroleros en Barrancabermeja.
Chocó
Mientras esto sucede con los trabajadores, en los territorios toma de nuevo vuelo la inconformidad social. Es el caso del Chocó, comunidad liderada por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de tal departamento, reactivado en su accionar ante el incumplimiento de lo pactado por el gobierno nacional hace un año. Incumplimiento mayúsculo, pues según voceros del Comité, solo ha ejecutado el 5 por ciento de lo acordado.
Hicieron parte del pliego firmado aspectos como: salud, educación y cultura, vías (comunicación con Antioquia y Risaralda), respeto al territorio, autonomía administrativa, empleo y productividad, servicios públicos, deporte y recreación, flexibilización de política públicas.
Entre estas temáticas, una de las más sentidas es la concerniente a vías interdepartamentales. 720 mil millones fueron los acordados para pavimentarlas en su trayecto hacia Medellín y Pereira, los mismos que no entrega el Ministerio de Hacienda.
Buenaventura
Mientras en el departamento chocoano ya suman siete días en esta nueva jornada de resistencia, los pobladores de Buenaventura apenas arrancan la suya.
Ciudad puerto sobre el Pacífico, con altos ingresos, quienes habitan este importante territorio nacional no tienen recuerdo de que alguna vez el gobierno nacional haya destinado atención, recursos económicos y otros para paliar las grandes afugías que no les dan respiro. Pobreza, desempleo, crisis en el sistema de salud, violencia, paramilitarismo, guerrilla, etcétera, están en el ojo del huracán. Según uno de los pobladores, “el gobierno confunde el puerto con la ciudad, para el puerto sí hay recursos pero no para la ciudad, por ello la pobreza no nos abandona”.
Motivos para este paro no faltan, pero los incumplimientos por parte del gobierno con los compromisos adquiridos en otras jornadas de lucha, también resalta en este caso.
A diferencia del Chocó, los pobladores de Buenaventura cuentan con la ventaja de que al gobierno le preocupa el cierre del Puerto; parar el transporte de mercancías hacia el interior del país y viceversa, facilitará, sin duda alguna, el diálogo y la posibilidad de un nuevo acuerdo, el cual deberá esta cruzado por una metodología que obligue al gobierno a cumplir.
Paros pequeños y grandes; protestas e inconformidad; movilizaciones y protestas. Colombia vive una coyuntura especial, la cual no tiene el potencial de traducirse en una coordinación de los comprometidos en estas luchas ni en hacer de las mismas una sola plataforma de confrontación con la parte oficial, lo que las debilita y limita en sus pretensiones y alcances. Realidad que le brinda un respiro al gobierno de Santos, graduado en el arte del “firma hoy e incumple mañana.
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Paro cívico en Chocó, mayo 2017
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