El pasado 20 de noviembre, en la ciudad de Bogotá y ante el Congreso de la República, representantes de distintas comunidades del pueblo wayúu como Cerritos I y II, Lutamana, Campo Alegre y Tamaquitos I y II, del sur de La Guajira, presentaron diversas denuncias en contra de las condiciones de vida que sobrellevan producto de la explotación minera en su territorio, lo que afecta de manera grave la salud de todos sus pobladores, con especial énfasis entre niños/as; más de tres décadas de vivir en estas condiciones los lleva a exigir el cierre de Cerrejon Limited como solución para sus problemas.
A las 9:00 de la mañana del lunes, inició la audiencia en el Congreso de la República, donde se denunció las problemáticas de salud en los niños, jóvenes, mujeres y ancianos dentro de los resguardos indígenas vecinos a la mina Cerrejón Limited, quien ha estado presente en el territorio durante 36 años. Las comunidades asistieron en compañía de la Misión de Observación de La Guajira y del representante a la Cámara por Bogotá del Polo, Alirio Uribe; a la audiencia fueron citados representantes de la, la Agencia Nacional de Minas –Anla–, el Ministerio de Ambiente, del Interior y de Salud; los 3 últimos manifestaron no estar facultados para dar respuesta ante las exigencias y denuncias presentadas, dejando entrever con su silencio, la “importancia” que le conceden al bienestar de las minorías, en este caso indígenas.
Las intervenciones a cargo de las representantes de la Misión Observación de La Guajira enfatizaron en las pésimas condiciones ambientales, las precarias condiciones de salud, educación y vivienda en las que vive el pueblo wayúu.
En la audiencia también estuvo presente la bioquímica peruana, Mercedes Lu, quién expuso su investigación sobre las variaciones del polvillo que expulsa la mina y cómo este se mete en distintas partes del cuerpo humano y es casi imposible identificarlo, sobre todo con los métodos que usa Cerrejón Limited para analizar la contaminación del aire y el agua.
Ante esta intervenciones, los funcionarios de la Anla y la Agencia Nacional de Minas, no dieron respuestas satisfactorias y, por el contrario, reafirmaron su negligencia para atender problemáticas de este tipo, así como su complicidad al permitir que los territorios sean explotados bajo la jurisdicción de terceros sin una vigilancia y control estatal que se encargue de velar por el bienestar de comunidades como las presentes.
Finalmente, mujeres, hombres y ancianos exigieron que se cierre en el corto plazo el tajo Patilla de la mina, el cual tienen a pocos kilómetros de su resguardo, sin perder por ello de vista que todas sus carencias y dificultades se solucionarán sólo cuando Cerrejón se vaya de La Guajira. Frente a esto, sigue la constante del ¿qué hacer? Y ¿cómo frenar el fenómeno extractivo que carcome cada vez más al pueblo colombiano?
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