El martes 28 de Julio, después veinte días de su cinematográfica captura, fueron “cobijados” con medida de aseguramiento los trece jóvenes detenidos en la ciudad de Bogotá a quienes les fueron imputados varios delitos. La jueza 72 de garantías, en consideración a la “claridad y precisión” del material probatorio presentado por la Fiscalía para sostener la imputación, al “peligro” que representan los inculpados para la sociedad, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.
A la hora de su decisión, la juez del caso no contempló los argumentos presentados por la defensa en el sentido de demostrar las calidades humanas y profesionales de los imputados y evitar esta lamentable medida, por el contrario sus cualidades fueron usadas para sostener la decisión: “No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto”, explicó. De esta manera, la juez pide a los estudiantes el mismo grado de respeto a la Ley que ha sido severamente impuesto a altos dignatarios del Estado, a prestigiosos empresarios cuando han infringido la legalidad, el orden constitucional vigente.
Para hacerle seguimiento a este proceso judicial y político, desdeabajo entabló contacto con Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los los Pueblos (CP), quien ha mantenido relaciones en el ámbito de la organización política/social con once de los jóvenes detenidos y tiene amplios conocimientos sobre la dinámica del proceso que se lleva en su contra. Aquí las impresiones del diálogo sostenido.
Serias sospechas sobre el proceso judicial
¿Justicia imparcial? Mucho se ha comentado, desde siempre sobre el carácter de la justicia en una sociedad como la nuestra, y la manera de su proceder cuando de disidentes, o de sectores sociales por fuera del mercado, se trata. Y en esta ocasión todo parace reconfirmar lo ya sabido. Bermudez confirmó en sus palabras la exactitud de lo desvelado en la nota “Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá”, sobre las maniobras empleadas para imponer el aseguramiento en centro carcelario de los detenidos: “Frente al tema de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento vimos que estuvieron presentes muchas irregularidades en medio del proceso, primero porque a esa audiencia se sumaron los hechos de las amenazas al vigilante de la Universidad Nacional –que no aparecía en ninguna de las pruebas– y la amenaza anónima de supuestos atentados que afectarían a la sede de Paloquemao y la misma Fiscalía, con la amenaza de muerte del fiscal. Y se toman esos hechos como sustento para reforzar la solicitud de medida de aseguramiento y decir que las personas detenidas, entonces, son peligrosas, casi que esos hechos son una prueba y los inculpan a ellos de esas actividades […] son cosas que aparecen nuevas, que no estuvieron presentes al momento de imputación cargos y que, entonces, sí aparecen para reforzar el fallo de la medida de aseguramiento”.
Otro de los acontecimientos recientes que dejan serias dudas sobre la independencia e idoneidad para llevar el proceso por parte de la juez de garantías 72 fue la reunión sostenida por parte de la funcionaria, el martes 28 de julio, con un General de la Policía, minutos antes de dictar la medida de aseguramiento. “Ella ya reconoció que esa reunión se dio, dice que “para discutir la seguridad del edificio”, cosa que no le compete a ella, y sí al Consejo Superior de la Judicatura, y en el caso que tuviera relación con su seguridad le competería a la Unidad Nacional de Protección, no a ella en especifico”.
“Entonces, esto permite entrever que en este proceso persiste una injerencia por parte de distintas instituciones estatales, así como del alto Gobierno. Son de conocimiento general que en el mismo momento en que son capturados los estudiantes, el Presidente de la República, el Vicefiscal y dos comandantes de la Policía aseveran que los detenidos son los responsables, condenándolas de manera anticipada, obstruyendo, además, la justicia al no respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. El hecho de la reunión ya comentada se suma a todas las declaraciones en público realizadas desde las instituciones estatales y desde el Gobierno para manipular el caso […]. No es extraño, por tanto, que desde la defensa y desde nosotros, que hemos acompañado todo el proceso, se valore la existencia de una manipulación de la información y de la opinión pública respecto a este caso”.
A lo anterior se suman las sospechas de Alexandra por la persistencia de la fiscalía en tratar de relacionar a los detenidos con los atentados sufridos por Porvenir, causa que el ente acusatorio fue incapaz de sostener en la audiencia de imputación, indilgando finalmente tal cargo solo a tres de los detenidos, con pruebas, por demás, cuestionables e insuficientes.
Exceso judicial
La imputación que pesa sobre diez de los estudiantes detenidos son los delitos de violencia contra servidor público, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares (las armas, en caso de que les demuestren que las fabricaron, son las ‘papas bomba’ que solo pueden ser producidas por las FFMM o bajo su autorización). A los tres restantes les fueron imputados los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público.
Para efectos del proceso judicial, la jueza nunca permitió que fueran individualizados los cargos y exhibió, además, una actitud bastante parcializada hacia la fiscal delegada del caso “[…] Lamentablemente parece que aquí tampoco hay independencia de la justicia, pues, además de los excesos ya comentados, hay que resaltar que la jueza 72 casi que libretió lo que dijo la Fiscalía, es decir, su concepto no tuvo en consideración ninguno de los argumentos de la defensa, que insistió en la necesidad de individualizar los casos para, sobre ello, analizar si aplica la medida de aseguramiento intramural; y que demostró, una y otra vez, las calidades de estas personas, de su vida política, social, de su vida pública, de su vida familiar, mostrando el arraigo, nada de eso fue tomado en cuenta”.
Algo está siendo tramado. Persistieron en no individualizar los casos más allá de la reiterativa enunciación de sus presuntos delitos y, finalmente, cuando la jueza tuvo el turno de justificar la medida de aseguramiento, repitió la totalidad de los argumentos presentados por la Fiscalía como si la defensa hubiera sido convidado de piedra del proceso.
¿Es posible confiar en la Policía y en la Fiscalía en el contexto del manejo dado a este caso?
Una de las preocupaciones centrales de la defensa, de las familias y de las organizaciones que rodean a los jóvenes privados de la libertad, es la posibilidad de que la Fiscalía, junto a la Policía, se encarguen de fabricar pruebas o falsos testimonios para lograr la condena de los detenidos, pues podrían valerse de artilugios que se traman en ámbitos en los que tienen amplia experiencia y poder. Además, también hay que tener en cuenta que la orden de reclusión en cárceles inflige un golpe anímico contundente a los detenidos, por lo que las autoridades policivas y judiciales juegan la partida con una importante ventaja a su favor.
La líder del Congreso de los Pueblos, expresó respecto a estas inquietudes, “Eso es muy probable, y no es una opinión infundada, pues realmente existe ya una ruta conocida de intereses más políticos por parte de la Policía, la Fiscalía y hasta el mismo Gobierno, de presentar resultados ante la situación de seguridad de Bogotá y dar resultados a cuenta de involucrar a estas personas que no tienen nada que ver, o mezclar hechos como es el caso de unas protestas en la Universidad Nacional con los petardos en las sedes de Porvenir para demostrar que la justicia sí está actuando, que realmente hay un control sobre la ciudad […]. La inquietud es, si los inculpados no son los detenidos, si no hay ninguna prueba de que ellos sean los responsables de los petardos en las sedes de Porvenir, entonces siguen libres los responsables, por tanto, ¿dónde se encuentran los verdaderos responsables?”
El proceso y alguno de sus impactos
No hay acción sin reacción. También ocurre con este proceso judicial, cuyos efectos se extienden, con hondo impacto, en las organizaciones, en las familias, en las personas que tienen relaciones afectivas con ellos, así lo expresa la vocera del Congreso de los Pueblos: “Ha sido bastante difícil para los núcleos familiares, las redes de afecto existentes alrededor de ellos, porque esto no se esperaba, uno no espera que unos dirigentes de las calidades de ellos se vean involucrados en hechos como estos y con semejantes imputaciones como las que les está haciendo la Fiscalía, que además pide alrededor de 25 años de condena para cada uno de ellos, es decir, acabar con su vida útil”.
Alexandra prosigue sustentando sus preocupaciones: “Nosotros mantenemos nuestra preocupación alrededor de la sistemática persecución existente en contra del movimiento social y popular, es decir, este proceso judicial demuestra que pensar distinto en este país es sinónimo de crimen porque igual, como todos lo vimos, las pruebas físicas que hay en su contra son libros, afiches de actividades, de movilizaciones públicamente conocidas, del paro agrario, las banderas del Congreso de los Pueblos, los debates dados alrededor de Camilo Torres, entonces en este país se están proscribiendo los símbolos y la publicidad del movimiento social y popular, porque si sus símbolos son pruebas para demostrar que están cometiendo un delito […] lo que queda claro es que está en curso una retaliación contra al movimiento estudiantil y sus lógicas de protesta, de llamar la atención y de denunciar sus ideas y su política”.
Alerta y diálogos de paz
En nuestro país el derecho a la protesta social siempre fue y continúa siendo negado, cerramiento de espacios de participación social y política que, entre otras cosas, está entre los motivos por los cuales las insurgencias encontraron ambiente entre las juventudes. Ahora, con procesos de diálogos en marcha con las expresiones de los alzados en armas es, por lo menos, extraño que tal cerramiento se mantenga. Es público que la fiscalía pedirá 25 años de cárcel para 10 de los trece jóvenes implicados y para los tres restantes entre 30 y 35 años. Ante la gravedad de la pena que puede resultar de las imputaciones, del trasfondo político adquirido por el caso y la férrea voluntad de las autoridades por hacer que los sindicados luzcan realmente como culpables, es necesario que el movimiento social y popular encienda todas las alertas y comience a explorar recursos para que el caso transcienda la orbita de la juridicidad nacional, y pase a ser del conocimiento de tribunales y organizaciones de derecho internacionales.
Esta acción judicial toma cuerpo en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, proceso en el que fue redactado entre las partes un acuerdo de participación política, presentado el 26 de agosto del 2012 a la opinión pública, acuerdo que está dirigido a ampliar la participación democrática para dar cabida a que nuevas fuerzas políticas surjan enriqueciendo el debate y la deliberación pública, la representación de las distintas visiones e intereses de la sociedad, otorgando las garantías para asegurar la participación e inclusión política, acuerdo que implica, entre otros aspectos la creación de un Estatuto de Oposición Política, Sistema integral de seguridad, garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos, garantías para los movimientos y organizaciones sociales.
Ante esta incongruencia –por un lado diálogo y disposición a la apertura política, y por otro represión– permite pensar, de acuerdo a Bermúdez, que “[…] vamos a seguir la misma lógica de los anteriores procesos de paz en medio de los cuales fue cuando más asesinatos selectivos ocurrieron, más desapariciones y más judicializaciones, vamos a repetir la historia, vamos a seguir reforzando la política de seguir vinculando al movimiento social y popular con la insurgencia, o sea, aquí nadie puede pensar distinto, ni protestar, ni hacer oposición, porque entonces lo relacionan con la insurgencia y, por ende, entonces, el tratamiento que le dan es un tratamiento de guerra; todas estas son preguntas que tenemos que hacernos dentro de la ruta en construcción hacía una paz estable y duradera[…]”.
La reflexión y el llamado de atención es real, pues lo que está en marcha en el alto Gobierno es la preparación de todo un contexto “legal” para arremeter contra la desobediencia social, contra el inconformismo popular, resumido, por ejemplo, en leyes como la de Seguridad Ciudadana, la reforma al Código de Policía y también con la Ley de fuero penal militar, con las que el Estado puede decidir arbitrariamente sobre los derechos que tienen las personas y las asociaciones, rompiendo los principios constitucionales.
Los 13 actúan con firmeza y dignidad
A pesar de la adversidad que enfrentan sorprenden las imágenes de los jóvenes procesados cuando alzan las manos y entonan al unísono canciones de rebeldía junto a sus compañeros que solidariamente han esperado en la salida de los juzgados para expresarles todo su apoyo, solidaridad y sentimientos. Los 13 no se han roto, han comportado en las audiencias una actitud firme, digna, respetable De esta manera lo narró Alexandra: “Al principio, los primeros días, mientras iniciaron las audiencias estuvieron bastante tristes, compungidos, pues les sorprendió mucho la situación, muy desanimados por lo que estaba pasando alrededor de ellos, pero después elevaron mucho su ánimo por todo el respaldo brindado nacional e internacionalmente, eso ha sido también muy favorable para el mismo proceso y para ellos en su situación particular; la gente, por ejemplo, pidiendo garantías políticas alrededor del ejercicio de la labor de la defensa de derechos humanos, de la labor de los movimientos estudiantiles y de la labor que hace el Congreso de los Pueblos, eso los ha mantenido fuertes, muy anímicos, con mucha esperanza; sus familiares también los han respaldado mucho, ha sido muy llamativa la fortaleza de las familias, sin dudar en ningún momento de sus hijos, de su activismo y liderazgo social […]”.
Recluidos en establecimiento carcelario
El juicio contra los 13 continua. Un largo camino debe ser recorrido por los jóvenes, la defensa, las familias y las organizaciones sociales, pues vendrán numerosas audiencias en las cuales la Fiscalía intentará probar la culpabilidad de los implicados, enviar a la mayoría a prisión durante años por haber –presuntamente– propiciado disturbios en la Universidad Nacional durante el mes de mayo, mucho más tiempo del que recibieron como condena los hermanos Nule por robar billones de peso al Estado, muchísimo más de lo que han pagado parapolíticos como Eleonora Pineda por asesinar colombianos, despojar y concentrar tierras, adueñarse política y económicamente de regiones enteras e infiltrar el Estado a nombre del paramilitarismo. Gran justicia.
Mientras son juzgados, deben aguardar tras los muros de la cárcel. Bermudez, al tanto de los pormenores de las situación informó: “Por el fallo de la jueza y por la boleta de aseguramiento sabemos que deben ir a la cárcel Modelo o a La Picota, y las mujeres al Buen Pastor. Ese será el sitio de reclusión. Nosotros insistimos públicamente, hicimos un llamado al Inpec para que garantice condiciones de seguridad a estas personas, y sus acciones no pueden ser tratadas como delitos comunes; la idea es que se mantengan como grupo, garantizando su cohesión; a su vez también solicitamos condiciones y garantías de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, porque parte de los temores que tenemos –y no es infundado– es que este tipo de judicializaciones, un falso positivo judicial, deriva después en amenazas de los grupos paramilitares, así como en desapariciones o asesinatos de los inculpados […]”.
¿Caso fortuito o persecución política del Estado?
De acuerdo a Alexandra Bermudez, un mecanismo para silenciar la protesta social está operando en el Estado colombaino: “Nosotros también alertamos alrededor de este proceso, que algunos de estos dirigentes sociales habían sido amenazados por paramilitares antes de esta judicialización. Es decir, estamos otro modus operandi de persecución política en contra de los dirigentes y organizaciones sociales. Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, envés de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes […], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social”.
Pese a esta realidad y al conjunto de injusticias en que nada la “justicia” colombiana, nuestra entrevistada termina su narración con una sonriza que resume su confianza en el desenlace final de este proceso, en el cual saldrá airoso el movimiento social juvenil y estudiantil, representado en esta ocasión en los 13 que ahora paceden el horror del Estado inculpador, ese mismo que dio origen al paramilitaismo y lo protegió.
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