De nuevo el bolillo y la amenaza. El pasado lunes 24 de abril fueron desalojados a golpes y empujones cerca de 400 familias, incluyendo menores de edad, pobladoras del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en Bogotá. Familias que llevaban allí entre dos años y seis meses de residencia. Para ocultar el atropello, la policía, en colaboración con algunos medios de comunicación, no ocultaron su esfuerzo para que la opinión pública creyera que los desalojados eran expendedores de drogas y que ellos mismos fueron quienes incendiaron sus casas para ocultar la evidencia.
El hecho de que los desalojados son recicladores facilitaría tal versión. Evidente discurso clasista. Sí, son recicladores, decenas de familias empobrecidas, excluidas, obligadas a brindarse un techo a como de lugar ya que los ingresos no les permite pagar un arriendo mensual y mucho menos abonar una deuda por veinte años para hacerse de una vivienda. Su falta de empleo seguro e ingresos fijos, no les permite proyectar gastos. Ante esta realidad, la invasión de zonas en las que corren el riesgo de sufrir enfermedades o algún tipo de desastre, al ubicarse, como en este caso, a orillas del río Bogotá, es su única alternativa.
Manipulación mediática más violencia oficial. Además, como prueba de la farsa entretejida alrededor del desalojo, cuyo único fin es evitar la indignación de la opinión pública, está el hecho de que la policía y los boinas verdes entraron a las casas de la gente con perros para buscar estupefacientes, pero no encontraron nada, lo que impidió judicializarlos por porte o tráfico de drogas. Los medios de comunicación oficiosos no pudieron mostrar evidencia alguna, solo palabras. Minutos después del ingreso de los uniformados y sus pesquisas dentro de las casas de muchos de los pobladores, ocurrió la conflagración de la que la población acusa a los verdes.
La comunidad afirma que el desalojo no sólo dejó heridos sino también muertos. Según relatan, una mujer de la tercera edad sufrió un ataque al corazón al momento del operativo uniformado. Otra joven embarazada perdió el bebe al ser pisada por los caballos de carabineros. Sin embargo, no hay registros que confirmen estos hechos. Se espera que las autoridades competentes aclaren esta situación.
¿Cuándo será que el problema de la tierra y de la vivienda encuentra solución efectiva en esta ciudad y en todo el país?
A continuación, presentamos imágenes de los efectos del desalojo.
Los desalojos se ubican en dos zonas distintas separadas por dos cuadras y sin conexión alguna. La primera se ubica entre las carreras 150 hasta la 153 con calle 143c. En esta fue donde hubo más represión y violencia por parte de la policía tras la resistencia que opusieron sus pobladores, quienes no tenían alternativa alguna de vivienda. La segunda zona afectada se encuentra al final de esta calle: en la carrera 155, ahí el camino se corta porque se atraviesa el río. Los pobladores aquí fueron engañados por la policía al decirles que nadie los sacaría de sus casas sin negociación previa. La imagen muestra a una familia de la primera zona con sus bienes personales. Unas de las pocas que pudo sacarlos antes de que las llamas consumieran todo.
La noche del 24 las familias desalojadas tuvieron que dormir en la calle. Muchos niños no pudieron asistir al colegio debido a que sus útiles escolares, junto a los uniformes, se perdieron en el incendio y no tenían dónde alistarse para salir a clase. Son sesenta las familias víctimas del conflicto armado afectadas en este hecho, proceden de los departamentos de Sucre, Chocó, Córdoba, Magdalena y Caquetá, muchas de ellas con 8 o 10 años de haber llegado a Bogotá y sin lograr resolver el tema de una vivienda digna ni el de los ingresos fijos. La gran mayoría no tiene familia cercana para reubicarse. Las madres les piden a las directivas de los colegios que no les quiten las rutas escolares. Dicen que como perdieron todo no han podido llevar a sus hijos al colegio, y que con tres fallas pierden el derecho a la ruta escolar.
Algunos vecinos se han solidarizado con los desalojados y les brindan alimentos. Las llamas también los dejaron sin ingresos al destruir lo que habían reciclado durante semanas de reciclaje.
La mayor concentración de desalojados se encuentra a lo largo de la calle 143-b, desde la carrera 51.
Estas imágenes corresponden a las invasiones de la zona uno arriba descrita.
De manera pacífica, en horas de la mañana del martes 26 de abril salieron a protestar por una vivienda digna. En medios de comunicación funcionarios del Distrito afirmaron que los desalojados recibirán ayuda y que ya dieron casas a 50 personas. Sin embargo, no hay registro de dichos beneficiados y la población denuncia que la ayuda consiste en un pago de 150 mil pesos que no les alcanza ni para un mes de arriendo. Pero aún no han recibido la mínima ayuda. La colaboración ha venido de vecinos solidarios y de algunas fundaciones que operan en el sector. Los funcionarios públicos sólo hacen presencia frente a las cámaras para hablar de supuestas ayudan que no aparecen por parte alguna. Por eso la población quiere entablar un diálogo con el Alcalde mayor de la ciudad, para que les solucione el problema de vivienda.
Imágenes de la segunda zona desalojada.
Las personas heridas por acción de la policía o al intentar rescatar sus bienes, como un hombre que se cortó con una teja y otro que se clavó una puntilla, no han sido atendidos. Los casos más graves fueron llevados al hospital de Suba. Se desconoce su estado de salud. En imágenes se ve a un joven que fue golpeado con un bolillo en la quijada. La mujer de rosado muestra ante la cámara su brazo golpeado.
En la noche del 25 de abril la lluvia arreció y la gente, sin alternativa de techo, buscó refugio en las fachadas de las casas y en carpas improvisadas. A esa hora aún no recibían soluciones. Temían que a la madrugada llegara el Esmad a sacarlos. Si lo hacían, manifestaba la gente, no tenían otra opción que seguir invadiendo predios desocupados.
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