Estamos ante un gobierno de los ricos y para los ricos, así se intuía al ganar la presidencia Iván Duque, su propuesta de reforma tributaria no hace más que reafirmar tal realidad.
La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, o ley de financiamiento, profundiza la inequidad. Es decir, lleva a una mayor desigualdad. Así lo confirma la lectura de los tres pilares que le dan soporte a la misma.
Es interesante constatar que los gobiernos suelen aceptar que Colombia es un país que tiene una enorme concentración del ingreso y de la riqueza. En todas las reformas tributarias se dice que el objetivo es mejorar la equidad. El gobierno también acepta que en las comparaciones internacionales Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un estudio que tituló “El ascensor roto”, en él, muestra que la desigualdad impide el ascenso social. Mientras que en Dinamarca una persona pobre logra alcanzar el ingreso promedio del país en un período equivalente a una generación (25 años), en Colombia se requieren 11 generaciones (unos 280 años). El gobierno de Duque acepta estos datos, y en su visita a París reconoció la conveniencia de que se tomen las medidas necesarias para alcanzar los estándares de la Ocde. Ni este gobierno, ni los anteriores, han desconocido la pésima situación de Colombia en los aspectos distributivos.
No obstante las evidencias, y a pesar de las declaraciones contundentes a favor de la equidad, los mecanismos fiscales que se proponen no van a modificar la situación. Y la nueva reforma tributaria, tal y como ha sido presentada al Congreso, va a agudizar la desigualdad. En la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que la norma busca mejorar la equidad, pero en realidad la reforma va en sentido contrario. Y la explicación es sencilla. El proyecto tiene tres pilares que, por su naturaleza misma, no reducen la desigualdad. El primero es la extensión del IVA a todos los bienes de la canasta básica de consumo. El segundo es la disminución del impuesto de renta a las empresas. Y el tercero es un timidísimo impuesto a los patrimonios altos.
De estos tres pilares el más importante es el IVA, ya que de los 14 billones de pesos que se recaudarían con la reforma, 11,5 billones provendrían del IVA.
Existe consenso en que el IVA es un impuesto muy inequitativo porque los pobres tienen una tarifa igual a la de los ricos. Unos y otros pagan el mismo IVA por bienes como la papa, la carne, la leche, etcétera. Mientras que para un hogar de altos ingresos, los alimentos apenas representan el 5 por ciento de su gasto, en las familias pobres este porcentaje es superior al 30 por ciento de su gasto. Es evidente, entonces, que cuando el IVA se extiende a todos los bienes básicos, los más afectados son los pobres.
Sobre este resultado no hay discusión. El gobierno y los analistas reconocen que el IVA es especialmente nocivo para los pobres. Y por esta razón se propone una compensación de unos 50 mil pesos al mes, que le entregarían a las familias de más bajos recursos, de acuerdo con los puntajes del Sisbén. Pero esta devolución tiene tres graves inconvenientes. El primero es que no puede cubrir a todas las familias afectadas por el IVA. Mientras que el impuesto es universal, la devolución es focalizada y nunca puede llegar a todos los hogares perjudicados por la ampliación del IVA. Segundo, el Sisbén tiene problemas de focalización porque no están todos los que deberían estar y, además, porque algunos de los que están no deberían estar. Son errores de exclusión y de inclusión, que se deben a fallas técnicas del instrumento y a manipulaciones políticas. Tercero, el monto de la devolución es insuficiente, ya que la familia fácilmente paga en IVA más de 50 mil pesos, que es el monto que reintegrarían.
El IVA es tan perjudicial para los pobres que hasta Uribe y el Centro Democrático se han rebelado. El expresidente es consciente de los impactos altamente negativos que tendría la aprobación de la reforma tributaria en las elecciones del año entrante de alcaldes y gobernadores.
El segundo pilar de la reforma es la disminución del impuesto de renta a las empresas. De manera equivocada y sin datos claros, el gobierno y los gremios ha dicho que el impuesto que pagan las empresas es muy elevado, y que habría que reducirlo para mejorar la competitividad. Esta apreciación no es cierta. Un estudio reciente del Banco de la República muestra que la tarifa efectiva de las empresas apenas es del 20 por ciento de sus utilidades, mientras que en países desarrollados –como Japón– es del 40. Además, los impuestos no son la principal causa de la falta de competitividad. Hay otros factores más determinantes: la baja cobertura de la educación superior, la ausencia de vías, la congestión en las grandes ciudades, el deterioro ambiental, la falta de estímulo a la ciencia y la tecnología, las altas tasas de interés, la ausencia de servicios en el campo, la tasa de cambio, etcétera. Los grandes contribuyentes (Ecopetrol, Éxito, empresas del Grupo Aval y del Sindicato Antioqueño, etc.), han tenido altos márgenes de ganancia. No habría razón para disminuirles los impuestos. Y a pesar de las cifras contundentes que ponen en evidencia la poca relevancia que tienen los impuestos en las ganancias y la competitividad, la reforma propone reducir la tarifa del 33 al 30 por ciento.
Y el tercer pilar de la reforma es el impuesto al patrimonio. Para quienes tienen un patrimonio entre 3 mil y 5 mil millones de pesos la tarifa sería de 0,75 por ciento, y los patrimonios mayores de 5 mil millones pagarían el 1,5 por ciento. Estas tarifas son bajísimas y, de nuevo, no alcanzan a tener efectos significativos en la distribución de la riqueza. Habría que recordar que después de la guerra, Alemania tenía impuestos al patrimonio del 50 por ciento. Las tarifas propuestas por Carrasquilla, el Ministro de Hacienda, son risibles. No sobra recordar, además, que cuando se filtraron los llamados “Panamá papers”, el Ministro escondía parte de su patrimonio en Panamá, que continúa siendo un apreciado paraíso fiscal.
Sin estridencias, y con guitarra en mano, el gobierno de Duque acaba de presentar una reforma tan regresiva que hasta ha incomodado a su elector, el expresidente Uribe.
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