En apenas 40 días, luego del rechazo en el plebiscito, los negociadores de ambas partes concretaron un nuevo pacto, indispensable para sacar del limbo a quienes desean terminar con el conflicto armado e iniciar la lucha dentro del sistema democrático.

En silencio los asistentes escucharon el himno de Colombia. El acto tardó poco y la emoción no llegó al tope. El segundo round del acuerdo de paz con la guerrilla se selló ayer, cuando, una vez más, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” firmaron un acuerdo de paz. Esta vez, el Teatro Colón fue el escenario para un acto sencillo, corto y emotivo donde ochocientas personas presenciaron un evento solemne acompañado de música del Caribe, entre ellas los congresistas que legitimarán el tratado de paz la semana próxima.

Con saco y pantalón formales, el líder de las FARC fue el primero en depositar su firma en el papel con el “balígrafo”, una birome elaborada con balas, para después pronunciar un discurso ovacionado en la Plaza de Bolívar. A pocos metros del teatro, en el corazón del poder en Bogotá, cientos de personas esperaban el nuevo anuncio en pantallas gigantes, algunos con la tristeza por el reciente desalojo del Campamento por la Paz que estuvo allí hasta el fin de semana pasado. Otros, con la preocupación por los homicidios a líderes promotores de la paz, que continuaron esta semana. Casi todos, con banderas blancas y globos de colores, aunque cansados por un año de maratón defendiendo el acuerdo de paz con marchas, charlas y toda clase de expresiones no violentas, conservan la esperanza de encontrar la salida al laberinto del conflicto colombiano.

Los jóvenes de iniciativas como Paz a la Calle coreaban con emoción “Sí, se pudo”, cuando los negociadores ofrecían sus palabras en el acto, mesurado, al cual le siguió la entrega del Acuerdo Final de Paz renovado en el Congreso de la República, contiguo al Teatro y la Plaza de Bolívar. “Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra. Así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que hayan podido provenir de nuestras manos”, dijo el número uno de la guerrilla acompañado por otros negociadores, quienes estuvieron día a día en las jornadas de renegociación del acuerdo, el cual tuvo que incorporar propuestas de los detractores de derecha al resultar derrotado en el plebiscito.

Al lado de los negociadores de gobierno, se encontraban Jesús Santrich, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Victoria Sandino, Carlos Antonio Losada, Mauricio Jaramillo y otros reconocidos comandantes guerrilleros a quienes el mundo empieza a conocer ahora sin camuflaje ni armas al hombro y por fuera de las trincheras de la selva donde han combatido durante más de 50 años.

Con sus habituales trajes de paño y corbatas, estaban los negociadores de gobierno Humberto De La Calle, Sergio Jaramillo, el general del Ejército ( r ) Jorge Enrique Mora, Gustavo Restrepo, Elena Ambrosí y todo el equipo que hizo posible que, apenas en 40 días, las partes concretaran un nuevo acuerdo de paz para poner a fin a una guerra de medio siglo, en medio de la gran incertidumbre en que quedó Colombia tras el sorpresivo triunfo de los promotores del No en el Plebiscito.

Manifestaciones públicas y coros en redes sociales impulsaron la pronta firma que se dio ayer en la capital de Bogotá, y cuyo futuro será exitoso sólo si el Congreso aprueba el documento la semana próxima. Ayer mismo, en Senado y Cámara de Diputados se aprobó que el próximo 30 de noviembre el documento sea debatido con presencia incluso de la sociedad civil para después someterlo a voto.

El gobierno y los impulsores de la paz esperan que la mayoría vote Sí en los próximos días, con el apoyo de los partidos que siempre han respaldado del proceso de paz, como el Polo Democrático, el Partido de la U, el Verde, y el Liberal, y que se sume plenamente el Partido Cambio Radical. Además, para ganar, el acuerdo deberá contar con el apoyo del Partido Conservador, que fue escuchado en las reformas hechas recientemente.

También están confiados en esta aprobación los guerrilleros y guerrilleras que, en las montañas del país, tienen en silencio sus fusiles desde hace un año esperando la salida jurídica a una decisión que como rebeldes ya tomaron: abandonar la lucha armada para continuar disputando el poder por la vía política. Carolina Alzate, artista, le dijo a PáginaI12 que este acuerdo renovado, aunque no le parece mejor, era indispensable para sacar del limbo a quienes desean deponer las armas y así lograr una transformación necesaria para Colombia.

En palabras de Timochenko, han sido 33 años de proceso de paz y 5 de negociaciones en La Habana para llegar al consenso firmado ayer. Todo esto dará un giro en 150 días, tiempo en el que según el presidente Juan Manuel Santos las Farc dejarán de ser un grupo alzado en armas. “Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es demasiado doloroso, como lo son todas la guerras”, recordó el primer mandatario, quien ha puesto todos sus esfuerzos como jefe de Estado para sacar adelante este proceso de paz, lo cual lo hizo merecedor del Premio Nobel de Paz que le será entregado este próximo 10 de diciembre.

“Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo a pesar de múltiples intentos hechos a lo largo del más de medio siglo de guerra”, agregó Santos, declarando que espera que la semana próxima quede refrendado el acuerdo de paz. Los Defensores del Pueblo de Iberoamérica manifestaron que “la consolidación de los diálogos y la construcción participativa de la paz en la República de Colombia contribuyen a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en toda la región”.

Tanto el presidente como Timochenko agradecieron y aplaudieron las múltiples expresiones ciudadanas en respaldo a los acuerdos de La Habana que renovaron el aliento en medio de la sorpresa y el dolor por el rechazo del pueblo al pasado acuerdo de paz. Mientras daban sus discursos en el Teatro Colón, víctimas como Fabiola Perdomo, quien perdió a su marido a manos de la guerrilla, o las personas que buscan aún a sus seres desaparecidos y veían la transmisión en Plaza de Bolívar, se conmovían como el 26 de septiembre en Cartagena. Esta vez con la certeza de tener un acuerdo más incluyente, y la misma firmeza de quienes han sufrido y perdonado en todo el país y están dispuestos a la reconciliación.

Alan Jara, quien en carne propia vivió el horror de perder la libertad por años en campamentos de las Farc, alzó la mirada e instó a las instituciones del Estado y a toda la sociedad a comprometerse para “hacer realidad lo pactado y generar condiciones para que tanto la ley como el acuerdo se desarrollen con la implementación de acciones para una paz estable y duradera, donde las víctimas son el centro del acuerdo”.

Los firmantes introdujeron casi todas las objeciones de los opositores

Cambios en el tratado de paz

La participación política de los guerrilleros, un tema que generó controversias entre oficialistas y opositores, se mantiene. Los insurgentes pueden entonces presentarse a cargos de elección popular, aunque ya no tienen bancas aseguradas en el Congreso.

El camino que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emprendieron para llegar al nuevo acuerdo de paz que firmaron ayer fue largo, sinuoso y obligó a los negociadores, tras el triunfo de la oposición en el último plebiscito, a repensar el rumbo de las negociaciones. El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse con un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el No ganó por 53.894 votos. El gobierno y la guerrilla colombiana elaboraron un nuevo texto que obligó a implementar una serie de cambios, donde se incluyeron propuestas después del rechazo en las urnas del pacto original.

Entonces las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, donde la mayoría descansa en manos oficialistas. El derechista Centro Democrático, fuerza política del ex presidente Alvaro Uribe, dijo que eso constituye un golpe a la democracia. Sus legisladores votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.

La primera versión debía anexarse a la Constitución colombiana una vez refrendada. Ahora, en cambio, sólo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres períodos presidenciales (es decir, por unos 12 años), que señala que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo.

El acuerdo al que se arribó en septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado. Ahora, por el contrario, se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría extenderse hasta llegar a los 15 años. Además, se aclaró que los fiscales encargados de llevar adelante las medidas judiciales deberán ser colombianos.

En materia de narcotráfico, el objetivo del nuevo acuerdo busca aclarar la conexión con los delitos políticos. A partir de ahora, este delito sólo será aceptado como crimen conexo a la rebelión –por lo que sería sujeto de amnistía– en caso de que “no haya derivado en enriquecimiento personal”. Pese a estos cambios, los opositores mantuvieron su disconformidad porque, argumentaron, la comisión de este delito se mantendrá impune.

Por otra parte, la guerrilla colombiana aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos los que fungieron como milicianos. La participación política de los guerrilleros, un tema que generó controversias entre el gobierno colombiano y quienes apoyaron el No en el plebiscito, se mantuvo sin mayores cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazaron toda posibilidad de que los insurgentes que sean culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar con la cárcel por los delitos cometidos.

En la firma del primer acuerdo participaron 15 jefes de Estado y otros 2500 invitados. La oposición, entonces, criticó la ceremonia por considerarla un derroche de recursos públicos. El acto de ayer, por el contrario, se llevó a cabo en el tradicional Teatro Colón, ubicado en el centro de Bogotá, cuya capacidad en su sala principal es de 785 personas. Participaron ex presidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.

La apertura oficial de las negociaciones de paz se conoció el 4 de septiembre de 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio formal de los diálogos, mediante la discusión de seis puntos. Un mes después, en Noruega se dio apertura oficial a las conversaciones y en noviembre se realizó la primera sesión en La Habana. En la Navidad de 2012, las FARC informaron de la primera tregua unilateral, que luego extendieron en los años posteriores por cortos períodos hasta que en 2015 decretaron un alto el fuego indefinido.

Pese a gestos dados por las partes a lo largo de los tres años y medio de negociaciones, la paz estuvo en vilo por ataques, secuestros, ofensivas militares y desatinos políticos. La situación más crítica se vivió el 17 de noviembre de 2014, cuando el gobierno suspendió el proceso de paz tras el secuestro de cuatro personas en el sur del país, incluido un general del Ejército.

La crisis se superó un mes después, luego de que fueran liberados los retenidos, lo que sirvió de plataforma para bajar la tensión del conflicto, y acordar la entrega de armas y las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez firmada la paz. El 26 de septiembre Santos y el jefe de las FARC, Timochenko, firmaron el acuerdo en un acto que convocó en Cartagena de Indias a decenas de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, pero el pacto quedó en el limbo político el domingo 2 de octubre por la noche, cuando el escrutinio del plebiscito sorprendió a todo el mundo con el triunfo del No por un escaso margen.