El pasado 10 de octubre estuvimos acompañando la marcha de los estudiantes de la educación superior en Bogotá. Las movilizaciones fueron un desfiles de color, alegría y juventud. Se escucharon cánticos al son de tambores, trompetas, acordeones: “porropopom, porropopom, él que no salte quiere privatización”, “Amigo mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted es trabajador”, “Lucha, lucha, lucha, por una educación feminista y popular” y “Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un gobierno, por un gobierno que se ha robado la educación”. Coloridas vestimentas, carrozas, y la vitalidad de una generación que lucha para que la educación no se convierta en un negocio al servicio de unos privilegiados, o la tumba de aquellos que deben endeudarse toda una vida por acceder al legado y saber humano.
En la ciudad de Bogotá, más de 20.000 manifestantes se tomaron las principales vías con destino a la emblemática Plaza de Bolívar, con el fin de exigir al gobierno nacional, adecuar y organizar el presupuesto para la educación superior. La movilización tomó forma a una semana de la discusión en el senado del Presupuesto General de la Nación 2019.
La convocatoria fue multitudinaria en todo el país. Más de 150 mil personas marcharon en diferentes ciudades, convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), marchas a las que también concurrieron, además, rectores y sindicatos universitarios, la Federación Nacional de Educadores, la Organización Nacional Indígena, los estudiantes de universidades privadas y del Sena, la guardia campesina, entre otros, quienes en esta ocasión se unieron a las exigencias de los estudiantes alrededor del pliego de peticiones de la Uness, que busca garantizar una educación digna, gratuita y de excelencia.
Yisel Sarmiento profesora vinculada a la Secretaria de Educación de Bogotá nos dijo que “estamos apoyando la movilización en pro de la universidad pública, poquito a poco están matando la universidad pública, están permitiendo que lo que muchas personas tienen como acceso a la educación se esté muriendo”.
El pliego que alimenta estas protestas contiene 10 exigencias puntuales: la primera concierne al incremento de 4.5 billones de pesos para sanear el déficit provocado por la ley 30 de 1992 de educación superior, seguida de la reliquidación de las deudas del Icetex con tasa real de interés 0%, condonación de la deuda de los estudiantes del programa Ser Pilo Pago, congelar el costo de matrículas de instituciones de educación superior privadas algunas de las cuales llegan a 20 millones de pesos un semestre de pregrado, aumento en un 100% al presupuesto de Colciencias, pago de la deuda histórica a las universidades públicas que hoy asciende a 16 billones en un plazo no mayo de 10 años, mantener los recursos del Sena, derogar la Ley 1911 de financiación contingente al ingreso, la construcción de una nueva regla fiscal: además, que los procesos de acreditación de alta calidad no sean los determinantes a la hora de transferir recursos a las universidades; derogar la ley 1740 y, por último, respeto y garantías para la movilización sin represalias en universidades públicas y privadas.
Los y las estudiantes se tomaron las calles. Las movilizaciones exigen la solución al déficit presupuestario de las instituciones de educación superior. Esta es la forma de responder a esa “crónica de una muerte anunciada” desde promulgación de la ley 30 de 1992, que establece parámetros de financiamiento, organización y funcionamiento contrarias a las exigencias sociales y académicas de los centros de educación, crónica que viven diariamente quienes están en las instituciones educativas, que día a día ven como las instalaciones ensanchan su deterioro, así como la reducción y disminución de espacios extracurriculares de extensión, bienestar y un largo etcétera.
Nicolás Albarracín, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, nos dijó que se debe “empezar a reestructurar una serie de decretos que desde 1992 (ley 30) por la que se ha venido desfinanciando (la educación) por ser una ley anacrónica que aún está financiando la Universidad de 1992, lo que se quiere es que se financie una Universidad del día de hoy”.
En Colombia existen 62 instituciones de educación superior que congregan universidades, instituciones universitarias, instituciones técnicas e instituciones técnicas profesionales de carácter público, cada una afronta problemas de infraestructura, vinculación docente, investigación y extensión además de los recursos necesarios para su buen funcionamiento, considerando que la universidad amplié su cobertura a más sectores, pues los recursos solicitados cubren el déficit acumulado, no la proyección para ampliar la demanda, la investigación, la extensión social y la creación de nuevos programas académicos.
La educación superior pública cumple la función social de permitir el acceso al conocimiento, los saberes y avances en los diferentes campos del saber humano, en condiciones dignas, de calidad y pertinencia social. Su desfinanciamiento responde al proceso de su desmonte, iniciado en 1991 y concretado con mayor decisión en la ley 30 del 92, y que aboca a las universidades a buscar recursos a través de la venta de servicios, convirtiéndolas en instituciones-empresas. El llamado de los estudiantes y de quienes los acompañaron en la movilización es para dar soluciones, destinando menos presupuesto para la guerra y más para la educación.
Al respecto Valentina Londoño, estudiante del Sena sede Bogotá, nos dijo “Estamos en desacuerdo con que los que están en la política nos quiten presupuesto y nos bajen beneficios solamente para la guerra”.
De esta manera los estudiantes, la comunidad educativa, los procesos sociales, le dicen al gobierno de Iván Duque que no van a permitir que la educación prosiga en su proceso de privatización, mercantilización y elitización.
Como prolongación de la protesta, desde el 12 de octubre varias universidades se declararon en paro parcial o indefinido, tomando forma un ciclo de lucha estudiantil impulsado por un movimiento que reconoce las dificultades de este tipo de luchas y que carga con las enseñanzas de décadas de movilización y lucha por una educación a la altura de las necesidades del país.
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