Durante los días 16-17 de mayo un significativo grupo de personas que habitan el municipio de Yumbo padecieron en carne propia la acción directa de la “cara amable del Estado”. Una situación ya vivida, conocida y parecida, en algunas ocasiones de manera reiterada, y multiplicada, día a día, desde el 28 de abril cuando Colombia entró en estado de paro nacional y/o alzamiento juvenil/popular.
Un despliegue brutal de fuerza que arrojó como resultado final 3 personas asesinadas, numerosas lesionadas, otras detenidas, amenazadas, y un ambiente de zozobra sobre el valor de la vida, ahora negado por la mal llamada “fuerza pública” . (Ver Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno).
Una realidad tal que afectó, incluso al defensor permanente de DDHH de Yumbo, Rodrigo Vargas, quien fue impactado con un proyectil de balines en una de sus manos mientras se encontraba realizando su correspondiente veeduría en una de las manifestaciones.
“Llevaba mi chaleco distintivo cuando sentí el impacto en la muñeca y rápidamente mi mano se adormeció”, respondió en entrevista con desdeabajo. Aunque la herida no fue de gravedad, sí evidencia la inexistencia de garantías para que quienes realizan veedurías en diferentes aspectos y niveles, puedan ejercerlas a cabalidad, como refleja el grado de fuerza desplegado por parte del Estado.
El domingo 16, en Cali y de manera simultánea, en el sector conocido como Puerto Resistencia, quienes han logrado mantener allí un territorio de dignidad y referencia local y nacional en la lucha por vida digna en Colombia, entregan al país sus demandas, tanto nacionales como locales, para darle paso a una negociación así como a un final feliz al paro nacional.
Mientras sus propuestas eran leídas, como si parecía una reacción llena de rabia, la mal llamada “fuerza pública” atacaba en Yumbo con toda su potencia. Más gente presa, para atestar sitios de reclusión, en especial la conocida como “Mega estación del horror”, como la nombran con temor los pobladores del municipio.
Según cuentan hacia tal sitio han sido dirigidas decenas de personas retenidas en las transcurridas jornadas de paro, muchos capturados en procesos con carácter irregular y arbitrario, siendo sometidas al oprobio de los malos tratos y la tortura, como la padecida por Jesús Arnoby Bolaños joven que fue detenido en proceso irregular y padecimiento que pudo ser documentado por defensores de DDHH locales.
Son tales las proyecciones de la cantidad de personas que serán detenidas durante estos días de resistencia y demanda de negociación del pliego de exigencias levantado a nivel nacional y como local, que el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, confirmó que 70 reclusos fueron trasladados de manera urgente –servidos para ello de transporte en helicóptero–, de esa estación a otros centros regionales para evitar la “congestión”.
Violencia, acción autoritaria desde el poder y sus cuerpos protectores, que el miércoles 19 dejó su huella de muerte de nuevo en Cali. Tal y como lo testimonia Luis Alfonso Mena, director de “Periodismo libre”, ese día la víctima fue “ […] Angie Johanna Valencia Ordoñez, quien se dirigía con un familiar a su lugar de residencia, en el sector de Calipso, en el oriente de Cali, y quien recibió tres impactos de arma de fuego”.
Y amplia el periodista a partir del testimonio de los familiares de la asesinada:“[…] el homicidio ocurrió hacia las 10:30 de la noche cuando numerosos policías incursionaron en el sector de la Autopista Sur Oriental, cerca al Almacén Éxito, disparando a diestra y siniestra.
Los familiares de Angie Johanna revelaron que la joven recibió un disparo en la cabeza, que los policías no dejaron que fuera auxiliada y que, por el contrario, fue rematada con otro tiro en el pecho y uno más en la cabeza”.
Un despliegue de “la cara amable del poder” que no da respiro en algunos barrios de Bogotá, pero también en otros de Bucaramanga, Pasto, Medellín y otras ciudades, así como a lo largo del tendido de autopistas nacionales en las que persisten numerosos bloqueos por parte de transportadores con los cuales el gobierno nacional no logra acuerdo alguno.
Una realidad que de nuevo ha potenciado la reacción de los gremios económicos que no dejan de exigir al gobierno despejar las vías pues “la economía del país no resiste más”, es decir, sus ganancias están de caída.
Como halo de esperanza y señal inequívoca que el alzamiento social brinda frutos, llega la noticia –el mismo 19 de mayo– que el proyecto de reforma a la salud no tuvo quien lo siguiera defendiendo en el Congreso de la República. Otra perdida para el gobierno y para sus aliados, en este caso el partido Cambio Radical y los defensores de un sistema de salud controlado por y beneficiador de poderosas empresas del sector.
La caída de la reforma abre la ventana para la necesaria movilización por la transformación de la Ley 100, centro de la privatización de la salud. Es decir, el logrado en este particular es un triunfo parcial, aunque importante por las señales de diverso tipo que envía a la saciedad colombiana.
Sucesos de violencia y terror, de presiones de los poderes económicos, militares y políticos, que van de la mano con el pulso que viven el Comité Nacional del Paro y el gobierno nacional para darle forma a la negociación de las exigencias recogidas en el pliego de emergencia entregado hace más de un año, y que ahora también recogerá especificidades surgidas a lo largo y ancho de la protesta que conmociona a Colombia. Negociación que al mismo tiempo deberá asumir sus particularidades territoriales y concretar otras negociaciones de tal nivel, como lo exigen diversidad de colectivos que mantienen viva la protesta con cierres de sus territorios y demanda de diálogo con delegados del gobierno central.
Un pulso que tras tres jornadas de expresar sus intereses y exigencias, desde el derecho a la protesta y la desmilitarización del tratamiento de la misma por parte del gobierno, y de no a los bloqueos por parte de los voceros oficiales, abre una nueva sesión el viernes 21 de mayo y en la cual todo parece indicar se llegará a un punto de acuerdo que de paso a definir la metodología y demás formas necesarias de precisar para que la negociación tome buen ritmo.
Un proceso, en todo caso, que seguirá en medio de nuevas jornadas de movilización nacional, como las citadas por el Comité Nacional de Paro para el próximo 28 del mes en curso, a un mes de iniciado el alzamiento social.
Ante esta perspectiva y como todo lo indica, la negociación, tanto con el Comité Nacional como con la diversidad de procesos locales vivos a lo largo y ancho del país –y que no alcanza a representar la mesa que se instale en Bogotá–, será un largo proceso. Una realidad que abre retos, por ejemplo, estimular la apertura de cientos de mesas deliberativas por todo el territorio nacional para que el paro y alzamiento social se traduzcan, además de triunfos como los hasta ahora obtenidos, en un enraizamiento social que de paso en el futuro, ojalá no lejano, a reales poderes locales y regionales de nuevo tipo.
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