El G20 dio su respaldo al impuesto mínimo global
Con la adhesión de 132 países, de los 139 del Grupo de Trabajo de la OCDE, se acordó establecer una tasa mínima global del impuesto a las ganancias a grandes corporaciones del 15%.
Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo “histórico” para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional “más estable y más justa”, que establece un impuesto global de “al menos el 15%” sobre las ganancias de las multinacionales. El Gobierno argentino reconoció que “aunque queda mucho camino por recorrer, estamos frente a un momento histórico, una verdadera oportunidad para coordinar globalmente y terminar con las guaridas fiscales que perjudican a los pueblos de todo el mundo y a sus posibilidades de desarrollo”.
Por supuesto, más sería mejor”, recalcó Martín Guzmán durante las deliberaciones. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo por una tasa mínima corporativa global es “un paso importante en la dirección correcta, pero todavía quedan aspectos por definirse antes de nuestra próxima reunión”.
“Creemos que este año los acuerdos multilaterales tienen más contenido, ciertamente celebramos los avances en el frente de la tributación internacional, también hemos planteado una serie de inquietudes que esperamos se puedan abordar entre estas reuniones y las reuniones de presidentes en octubre”, sostuvo el ministro. “A la hora de definir los detalles, las reglas específicas para la revolución fiscal global, pensamos que la idea de un impuesto global mínimo de al menos 15 % es un paso positivo.
En reuniones anteriores, Argentina había planteado la conveniencia que la tasa que se fijara como impuesto mínimo global a las ganancias fuera del 21%, más lejos de la tasa que cobran algunas jurisdicciones para atraer la radicación de grandes corporaciones no operan desde esa localización, y más cerca de la tasa de impuestos que se cobran en los países donde esas empresas obitenen sus ganancias.
El mecanismo de aplicación del futuro impuesto mínimo global busca dar respuesta a las maniobras de elusión fiscal que practican grandes corporaciones. Dado los acuerdos entre países para evitar la doble imposición, se contempla que una empresa que obtiene ganancias en un determinado país pero está radicado en otro, si paga su impuesto a las ganancias en el país de radicación, no deba hacerlo también en el que desarrolla su actividad. Ante esta facilidad, muchas grandes empresas globales se radican en países con muy baja tributación (guaridas fiscales), donde pagan un tributo mínimo (un país, por ejemplo, que cobre 6 %) y evitan pagar donde cobran más (Argentina, por ejemplo, 35%, o Estados Unidos, 28%). La radicación en un país de baja tributación resulta, en la mayor parte de los casos, una ficción para simplemente eludir el pago de parte del impuesto.
El futuro impuesto mínimo obligará a la empresa a declarar cuánto paga en el país de radicación (en el ejemplo dado, 6 %), y estará obligado a pagar en el país donde se genere la ganancia una tasa equivalente a la diferencia entre esa tasa y la tasa mínima del 15% (en el ejemplo, 9 %). La propuesta de elevar la tasa mínima al 21% promovería, entonces, que aumente la obligación fiscal de la empresa multinacional con el país donde obtiene la ganancia (en el caso referido, pagaría 15%, la diferencia entre el 21 de tasa mínima y el 6 que pagará en el país de radicación).
Al exponer en la sesión sobre Tributación Internacional del G20, en Venecia, Guzmán destacó “el compromiso para celebrar este paso importante a nivel internacional para combatir la elusión fiscal por parte de corporaciones multinacionales”.
Desde el punto de vista de las economías en desarrollo, afirmó, “un aspecto que debe abordarse es la prohibición de medidas unilaterales para el universo de corporaciones internacionales, que es más grande que el alcanzado por la propuesta”. Guzmán confió en “poder trabajar juntos los detalles y crear un sistema que se adapte al mundo actual”.
“Sin duda respaldaremos esa propuesta. Al final, todos queremos tener más capacidad de política pública para mejorar el bienestar de los pueblos de todas las naciones”, concluyó.
Apoyo global
Los países que representan el 85% del PIB mundial quieren gravar de forma justa a los gigantes digitales que evaden en gran medida los impuestos.
Varios miembros del G20, como Francia, Estados Unidos y Alemania, hicieron campaña por una tasa superior a 15%, pero varios miembros del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como Irlanda o Hungría, siguen sin dar señales de respaldo.
Durante la jornada, las islas de San Vicente y Granadinas, en cambio firmó el acuerdo, según la página de OCDE, por lo que se llegaría a 132 países a favor.
En la declaración, los ministros lanzaron un llamamiento para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE que agrupa a países avanzados y emergentes.
La reforma se propone distribuir equitativamente entre países el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales y apunta a las “100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales”, explicó Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y administración fiscal de la OCDE.
El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10.000 grandes empresas, es decir aquellas cuya facturación anual supere los 750 millones de euros (US$ 890 millones).
Una tasa mínima efectiva del 15% generaría ingresos adicionales de US$ 150.000 millones de dólares al año, según la OCDE.
10 de julio de 2021
Países emergentes con el FMI
Un mundo asimétrico
11 de julio de 2021
“La mayor preocupación a la que se enfrenta la economía mundial son las asimetrías entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo para lograr una recuperación sostenible”, afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión de los países emergentes del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Los ministros y presidentes de bancos centrales respaldaron la propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares que contribuirá a inyectar liquidez internacional para potenciar la recuperación de la economía mundial post pandemia. Instaron a su rápida implementación antes de finales de agosto.
Además, pidieron al FMI que para incrementar significativamente el impacto de la asignación, presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes, inclusivas y sostenibles y gastos relacionados con la salud, por ejemplo, mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario.
En su intervención, Guzmán subrayó: “Vemos un mayor apoyo, un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG (derechos especiales de giro)”.
“¿Qué podemos hacer al respecto desde el multilateralismo?”, se preguntó, y señaló en ese sentido la cuestión de las asignaciones de DEG: “Celebramos una nueva asignación de US$ 650.000 millones y celebramos el liderazgo positivo que lo hizo posible y ahora es un momento en el que estamos discutiendo cómo se reasignarán los nuevos DEG”, dijo.
Sobretasas
Pero también advirtió que “la política de sobrecargos está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios”. Según el ministro argentino, “esta política es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio”.
“El FMI impone sobrecargos de 200 puntos básicos para los créditos pendientes de pago por encima del 187,5 por ciento de la cuota y también de hasta 100 puntos básicos que dependen del tiempo que se tarda en pagar el crédito pendiente”. “En algún momento, esta política fue una forma de abordar las preocupaciones sobre el riesgo moral; esto no es lo que está sucediendo ahora”, consideró.
Para Guzmán, esta política está “penalizando” a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios, porque prácticamente todos los países de ingresos medios que soliciten un programa del FMI estarán pidiendo un acceso excepcional. “No vemos nada excepcional en el llamado acceso excepcional, por lo que es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio”, enfatizó.
Guzmán sostuvo que “estas son acciones ciertas que podemos llevar a cabo para tener unas condiciones de recuperación más equitativa”.
Desigualdad y vacunas
También hubo referencias durante el encuentro entre países emergentes y la conducción del FMI al impacto de la pandemia en la economía global. “Todos queremos volver a la normalidad, una mejor normalidad que la que teníamos antes del Covid-19”, sostuvo Guzmán al respecto.
“Cuando se trata de políticas para la recuperación, queremos enfatizar que ahora estamos viviendo tiempos de tremenda incertidumbre, pero también tiempos de esperanza”. Y remarcó que las mismas asimetrías que se dan entre economías avanzadas y en desarrollo para enfrentar la crisis económica, se replican frente a la crisis sanitaria. “Asimetrías en términos de acceso a vacunas, pero también en términos de capacidad de financiamiento de políticas para la recuperación económica en el corto y mediano plazo”.
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