1. La nueva fuga de María del Pilar
Tras su victoria como presidente de Panamá, Juan Carlos Varela afirmó que de ser necesario revisaría el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado en el año 2010, siempre y cuando así lo solicitara el gobierno colombiano. La reacción no tardó. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en cabeza de Iván Cepeda, aprobó la petición para que el Gobierno nacional procediera con la solicitud oficial de extradición de la otrora directora del DAS.
Ante esta realidad, Juan Manuel Santos afirmó que la solicitud de extradición procedería una vez tomara posesión de su cargo el nuevo Presidente panameño, lo que ocurrió el pasado 1 de julio.
Para ese entonces, ya la Corte Suprema de Justicia del país vecino había declarado que el asilo concedido a la ex-directora del DAS había tenido un carácter inconstitucional, puesto que para decretar un asilo político y evitar su extradición, era necesario haber cometido delitos políticos. Precisamente estos elementos no los cumplía la ex jefe de la inteligencia colombiana, protegida en Panamá gracias a la influencia presidencial de Ricardo Martinelli.
Los ecos de esta decisión llegaron al país centroamericano y Hurtado colocó pies en polvorosa. Su intensión inicial fue migrar –prófuga– hacia los Estados Unidos, donde tiene su oficina la Agencia que dirigió por años los pasos del DAS. Costa Rica también fue barajada como posibilidad. ¿Dónde le darán asilo? La decisión de uno u otro país dejará en evidencia los hilos del poder que aún conservan quienes protegen en Colombia a la sindicada de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad de documentos.
La pretensión del gobierno Santos por someter a la justicia nacional a esta ex funcionaria, permite deducir su interés por fungir como adalid de los derechos humanos. ¿Llegará hasta los mal llamados ‘falsos positivos’?, pero también su decisión por acercar, con gestos concretos y efectivos, a los sectores de izquierda que lideran la lucha por los derechos humanos, la memoria y la justicia. Su efectividad en este campo tendría ecos sobre La Habana.
Pero su interés también ronda la ampliación de espacios y posibilidades para el modelo económico y político que lidera, para lo cual requiere arrinconar, doblegar o minimizar el poder de sus opositores, entre ellos el patrón de María del Pilar. ¿Habrá negociación en este campo?
2. El Procurador en la cuerda floja, y las elecciones de 2015
El gobierno nacional necesita tener el poder de la Procuraduría a su favor. Las elecciones del 2015 así lo demandan, pues la entidad podría investigar y colocar en cintura candidatos a concejos, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones. Hay que reducir el margen a quienes no están con la Unidad Nacional. En primera línea parecen figurar los voceros en distintos territorios del Centro Democrático.
Tres demandas en contra de la reelección del procurador Alejandro Ordoñez, de las cuales dos fueron realizadas por Carlos Mario Isaza y el constitucionalista Rodrigo Uprimny respectivamente, desataron la confrontación política alrededor de la permanencia de la cabeza del ministerio publico. La situación demuestra, en medio de un ambiente de falsa apariencia de “independencia y neutralidad” de las Cortes, que desde los mecanismo jurídicos hasta los votos de los magistrados del Concejo de Estado están confrontados entre quienes buscan que Ordoñez se quede y aquellos que necesitan que su salida.
La noticia tomó dimensiones de telenovela. Por lo menos tres son sus capítulos:
Las demandas: la de Uprimny cuestiona los nombramientos en la Procuraduría de familiares o amigos de 31 senadores y nueve ex senadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas Cortes, aprobados con el fin de garantizar la reelección de su actual cabeza, lo que viola el artículo 126 de la Constitución al moldear con clientelas tanto votos de los senadores –quienes lo eligen–, como el nombramiento en la terna de elegibles que hacen las altas Cortes. La demanda de Isaza, por su parte, señala el vacío legal con respecto a la reelección del Procurador, pues no existe artículo alguno en la Constitución que refiera tal posibilidad. Según este jurista, en lo que respecta a las conductas de funcionarios públicos, tales como los que eligen y ternan al Procurador: “lo que no permite la Constitución lo prohíbe”.
¿Quién decide? Desde los primeros días de julio tomó forma la polémica, ¿quién tiene competencia para decidir sobre las demandas que interpelan la reelección del Procurador? Y las opciones surgidas son por lo menos dos: a) si el pronunciamiento debe hacerse a través de un fallo de la sección V del Consejo de Estado o, b) si debe definirse en la Sala plena del mismo organismo. En el primer escenario existe una ponencia negativa a los intereses de Ordoñez, elaborada por el magistrado Yepes –de origen conservador–, además de una correlación que también le es adversa, pues mínimo un Magistrado y dos Conjueces están dispuestos a un fallo que no le favorece. La otra posibilidad está en que la decisión, por su relevancia, pase a ser decidida en la Sala Plena del Consejo de Estado, como afirma Triviño, Magistrado de la sección V, aquí el Procurador tendría un respiro pues su influencia aumenta su votación, permitiendo, por ejemplo, dilatar hasta por años la decisión de este órgano.
¿Quién necesita que salga el Procurador? Desde luego un funcionario que es capaz de destituir a Piedad Córdoba por supuesta farc política –contrariando la decisión de la justicia penal–, así como destituir al alcalde Petro, no le hace falta a los movimientos sociales y a las izquierdas del país. Sin embargo, tras la presión para que este oscuro personaje salga de tan importante puesto, está el mismísimo Juan Manuel Santos, quien pretende un poder total del establecimiento. En tal propósito no le conviene un uribista con capacidad para destituir e investigar a políticos, y con poder para paralizar investigaciones. Al Ejecutivo no le interesa ver menguado su poder.
Pero detrás de las presiones por la salida del “godo de godos”, también mueve hilos el fiscal Montealegre, quien es ficha de la presidencia, pero quien también polemizó abiertamente contra Ordoñez en temas como el marco legal para la paz y la justicia transicional. Un triunfo en esta pugna aumentaría su poder dentro de las altas Cortes, donde disputa importantes determinaciones y nombramientos con el ala liderada por el hoy Procurador.
Aunque sin poder para mover su silla, la salida del legionario favorecería a sectores de izquierda y del liberalismo, perseguidos políticamente desde la Procuraduría, favorecería la causa de los derechos humanos, y ambientaría de mejor manera los diálogos en curso en La Habana, así como la posibilidad de abrir una ronda paralela con el eln.
3. El pulso por la Contraloría
Al final de julio e inicios de agosto el Senado elegirá la nueva cabeza de la Contraloría General de la República. Los candidatos son: Gilberto Rondón, ternado por el Consejo de Estado; Carlos Ballesteros, candidatizado por la Corte Suprema, y Edgardo José Maya, postulado por la Corte Constitucional.
El pulso por el máximo organismo de control fiscal del país no sólo está teñido de escándalo –por la polémica designación del exprocurador Edgardo Maya como ternado de la Corte Constitucional–, sino también por el protagonismo que en esta elección despliegan tanto la casa Gaviria, como Germán Vargas Lleras. Veamos: Gilberto Rondón, político liberal de Boyacá, ex representante a la Cámara y ex miembro del Consejo Nacional Electoral cuenta con el respaldo del ex presidente Gaviria y de su hijo Simón, fichas relevantes de la reelección santista. Así mismo, el vicepresidente Vargas Lleras hace campaña por Maya Villazón, quien respira como pez bajo el agua en las arenas del Congreso. Sea quien sea el elegido, con toda seguridad será un funcionario controlable y para nada incomodo para la Casa de Nariño, control necesario en un momento –elecciones locales de 2015– donde es imprescindible sujetar todos los hilos de los poderes públicos. El presidencialismo afina sus tejidos cada día y por todos los medios.
4. Más años para el 4 x mil
A pesar de las declaraciones de Juan Manuel Santos durante la campaña presidencial, donde aseguraba el desmonte del 4xmil por su afectación al bolsillo del consumidor, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó el 12 de julio la necesidad de mantener este gravamen, junto al impuesto al patrimonio. La razón: la financiación del manoseado postconflicto, que da para todo. Habrá que aguantar más, seguir financiando a los ricos y el gasto central. Por esta vía y bajo similares argumentos llegará la anunciada reforma tributaria, espoliación de bolsillos populares y de la clase media.
5. Paro armado del eln
Entre el 3 y 6 de julio, el eln efectuó un paro armado en el nororiente del país, específicamente en los departamentos de Arauca, Casanare y Norte de Santander. Su motivo: la conmemoración de su 50 aniversario. El paro, efectuado por el frente de guerra oriental Manuel Vázquez Castaño, intentó paralizar el comercio, la movilidad y el transporte en los departamentos donde mayor influencia histórica ha tenido la organización insurgente, intentando demostrar al gobierno nacional su capacidad militar y de control territorial en momentos que avanzan en diálogos exploratorios para instalar una mesa en pro del cese del conflicto armado. Previo al anuncio de este paro, el 29 de junio, volaron el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y en Bogotá accionaron sendos petardos propagandísticos: uno en el Parque Santander y otro cerca de calle 19 con carrera 7ª.
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