Todo estaba listo para que esta semana el Parlamento Europeo aprobara el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Socialistas y conservadores habían pactado un texto. Pero, presionados por sus bases, los socialistas se dividieron, y ante el riesgo de que el texto no fuera aprobado, la discusión se postergó.
El miércoles 10 el Parlamento Europeo debía discutir acerca de las recomendaciones de los eurodiputados sobre el acuerdo comercial UE-Estados Unidos, el un poquitín menos famoso que el Tisa, el Ttip. Hasta hace unos pocos días todo venía bastante bien barajado para los partidarios del tratado: el grupo socialista, uno de los más numerosos en la Eurocámara, que había estado coqueteando con la izquierda y amenazando con no votar una de las cláusulas “faro” del tratado, la Isds, que da intervención a tribunales especiales dependientes de las estructuras del Banco Mundial en caso de diferendo entre un Estado y un inversor privado, había finalmente terminado por alinearse con la derecha. A cambio de que populares y liberales aceptaran marcarle ciertas “líneas rojas” a Estados Unidos (respetar la legislación ambiental de la UE, adhesión de Washington a tratados laborales internacionales en el marco de la Oit, dejar a algunos servicios públicos por fuera del pacto), los socialistas (que habían votado en contra del Isds en algunas comisiones del Parlamento) acabaron por aceptar la formación de estos tribunales. Se había reconformado, una vez más, a nivel europeo, la “gran coalición” entre socialdemócratas y conservadores que en el plano nacional tan bien ha funcionado para que, en gobiernos de unos o de otros, se aplicaran políticas no muy distintas.
Sin embargo, grande fue el tole-tole que se armó en las bases socialistas, fundamentalmente en partidos como el laborista inglés y el Psoe. A tal punto, que muchos fueron los eurodiputados de estos partidos que anunciaron que no acatarían la resolución del grupo y que este miércoles sumarían sus votos al Grupo de la Izquierda Unitaria (Gue), a los Verdes y a legisladores de formaciones menores (la italiana Cinco Estrellas, por ejemplo) para rechazar el texto que la Comisión de Comercio Internacional (Inta) iría a someter al pleno del parlamento.
La fronda tomó una dimensión suficiente como para que los números no les cerraran a los promotores del Ttip. En la noche del martes 9, echando mano a una disposición reglamentaria que permite posponer la votación de un texto si se presentan más de 50 enmiendas (en esta ocasión se habían presentado cerca de 200) y devolverlo a comisión para que se redacte uno nuevo con mayor consenso, el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, se pronunció en favor de postergar el debate. El miércoles 10, por tan sólo dos votos de diferencia (183 a 181), el pleno lo avaló. No se sabe aún cuándo se reanudarán las discusiones.
DUALIDAD
“Hay una doble lectura a hacer de este nuevo estado de cosas”, comentó el miércoles la diputada de Izquierda Unida, de España, Marina Albiol. “Por un lado, una positiva: la gran coalición socialista-conservadora se quebró, lo cual puede ser interpretado como una victoria de la presión social, de la resistencia al Ttip que se había ido expresando de manera creciente en los últimos meses. Pero por otro lado se escamoteó, con una excusa reglamentarista, una votación democrática que hubiera probablemente marcado una victoria, en un punto tan central como el rechazo al Isds, de quienes nos oponemos a este tratado que amenaza con liquidar lo que aún queda en pie del Estado del bienestar europeo. Al suspender el debate y el voto del informe lo que realmente han dejado en suspenso es la democracia. Para decidir la postergación, socialistas y conservadores volvieron a rearmar su gran coalición, porque aunque se opongan en algunos puntos, coinciden en que el tratado puede dar prosperidad, crecimiento y desarrollo a Europa. Nosotros pensamos exactamente lo contrario”. Otro eurodiputado español, Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, integrante al igual que Izquierda Unida del grupo Gue, coincidió con Albiol: “Parece que a algunos la democracia les interesa solamente cuando ganan ellos. Hubiera sido bueno votar”, dijo. Florent Marcellesi, portavoz de Los Verdes-Equo, destacó “el temor de los personeros de la gran coalición”: “Ya no están tan seguros de poder ganar. Hace dos años tenían una sola voz para ese tratado, 500 votos a favor del Ttip. Hoy no se ponen de acuerdo ni siquiera en si se debe debatir en sesión plenaria o no. La decisión de aplazar el debate revela también hasta qué punto la oposición a las negociaciones UE-Estados Unidos ha crecido en el Parlamento Europeo, un resultado de la presión pública y de la movilización contra el Ttip en todos los estados miembros de la Unión”.
SALSAS Y CULEBRAS
Conservadores y liberales ya habían percibido un tiempo atrás que a los representantes socialistas en el Parlamento Europeo no les sería tan fácil hacer que a nivel nacional las dirigencias locales, y sobre todo las bases, se comieran las culebras del Isds sin adobarlas con algunas salsas que las hicieran más pasables. Estaban dispuestos a largar lastre con tal de que los socialistas se tragaran lo de los tribunales de controversias. “Es fundamental dar certezas a los inversores de que pueden contar con salvaguardas. Son ellos los que generan trabajo y deben ser protegidos. Para nosotros es esencial que esta cláusula se apruebe”, repetían los muy liberales tories ingleses. La prensa española preguntó al eurodiputado Santiago Fisas si el Partido Popular Europeo (Ppe) iría hasta votar en contra del Ttip si éste no comprendiese la famosa cláusula de blindaje de las trasnacionales. “Es muy posible”, lanzó el legislador conservador ibérico. “Lo que pasa es que el Isds es un mecanismo básico de este tipo de acuerdos, no sólo del Ttip, de todos los tratados de libre comercio”, dijo.
Y así es, en efecto. El Isds es un procedimiento de arbitraje presente en la gigantesca mayoría de los Tlc que por el mundo andan, tanto entre bloques, entre bloques y países, como entre países. “Son la mayor trampa en la que caen habitualmente los países del Tercer Mundo cuando aceptan firmar tratados de este tipo”, apunta la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez. “Estos acuerdos llevan a que se constituyan tribunales arbitrales que de neutros nada tienen: por su composición tienden a fallar en favor de las grandes empresas trasnacionales, rarísimamente a favor de los estados. Los han padecido países latinoamericanos como Argentina o Ecuador, los africanos, hasta Canadá en litigios en el marco del Nafta con empresas de Estados Unidos.”
En paralelo al Ppe, quienes más presionaron sobre los socialistas para que aceptaran la cláusula Isds fueron las patronales de la región, reunidas en la confederación Business Europe. Representantes de los empresarios repitieron en las últimas semanas las reuniones con eurodiputados de esa tendencia, y la propia directiva de Business Europe envió al portavoz socialista en el Parlamento Europeo, el italiano Gianni Pitella, una carta en la que le pedía no ceder en la aceptación del Isds. Después de todo, le decían en el mensaje, los socialistas ya habían obtenido a cambio que los populares se avinieran, en la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, a aceptar cláusulas de protección de la legislación ambiental o laboral europea. Si por ellos fuera, aclaraba en una entrevista un gran empresario francés, ni esas cláusulas hubieran incorporado. “Hubiéramos dejado todo librado al mercado, que es como deben ser las cosas en una economía libre.” Business Europe anunció de todas maneras que dará batalla por la inclusión de los servicios públicos en el tratado con Estados Unidos. “No tienen por qué quedar fuera”, señaló, lamentando que el Ppe hubiera transado con los socialistas dejarlos momentáneamente por fuera del acuerdo.
Los eurodiputados socialistas debieron justificar su transa ante sus bases que los increpaban. “Obtuvimos buenas contrapartidas”, alegaron. “Frenamos la liberalización de los servicios y de los transportes. Logramos que en la Inta se avanzara en protección de los recursos públicos, en protección fitosanitaria, en derechos laborales, pero sólo se habla de los tribunales de arbitraje”, se lamentó un vocero del Psoe.
Pero no hubo caso. Sectores del socialismo español se movilizaron en las redes sociales. “Hubo demasiadas concesiones a cambio de poco. Lo de los Isds es particularmente simbólico, no es cualquier cosa”, dijo un dirigente de lo que se presenta como ala izquierda del Psoe. Los europarlamentarios de la rosa y el puño se vieron obligados a hacer marcha atrás y a admitir que se habían “equivocado” al votar el texto en la Comisión de Comercio Internacional. Fue, en realidad, un giro de 45 grados. Dijeron que aprobarían los tribunales de arbitraje, pero que su composición ya no sería la misma: “No aceptaremos jueces privados. Deberán ser todos jueces provenientes del sector estatal, de carrera, no provenientes de bufetes”, intentaron corregirse.
“No es un tema de composición de los tribunales, sino de filosofía global de estos tratados comerciales. Que haya jueces públicos no es garantía de que voten de manera distinta a los privados”, comentaron integrantes italianos del grupo de los Verdes. Pero en la izquierda hubo consenso para considerar que algo es algo y para confiar en que podrían arrimar con el tiempo a algunos socialistas a votar globalmente en contra del Ttip.
Pero las idas y vueltas del grupo socialista, su cacofonía, hartaron a populares y liberales, que negociaron con sus pares de la Gran Coalición desensillar hasta que aclare. El martes socialistas y derecha rebobinaron y decidieron postergar la votación. “El Ttip es demasiado importante como para que no pueda esperar un poco más mientras acordamos un nuevo texto que recoja lo esencial de su filosofía”, dijo un parlamentario de la Cdu alemana.
En el Gue y en los Verdes, mientras tanto, se apuesta a continuar corroyendo las posibilidades de que el tratado llegue a aprobarse, al menos en el corto plazo. Sólo queda una sesión de la Eurocámara, en julio, antes del gran receso estival, y la gran cantidad de enmiendas presentadas, las discrepancias emergentes –aunque fuera de detalle– entre socialistas y populares y liberales, y la resistencia social que parece acentuarse harían que las discusiones se prolongaran por varios meses. El año próximo es, además, año electoral en Estados Unidos, y en Washington congresistas, políticos de todo pelo y lobbistas estarán para otra cosa, se ilusionan, por ejemplo, en Podemos. “Es cierto que no somos los parlamentarios los que llevamos las negociaciones con Estados Unidos, sino el Ejecutivo de la Unión, la Comisión Europea. Pero acuerden lo que acuerden a ese nivel deberán refrendarlo sí o sí en el Parlamento. Y allí algo podremos lograr”, dice Marina Albiol.
Hacha al Tisa
Mientras esto sucedía en Estrasburgo, Francia, sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, capital de la Unión y base de la Comisión Europea, esta semana legisladores españoles de Izquierda Unida (IU) bombardeaban el Tisa. Unos días antes publico.es divulgaba en España documentos revelados por Wikileaks sobre ese acuerdo de libre comercio en el ramo de los servicios negociado clandestinamente por 50 países. Esencialmente los mismos documentos manejados simultáneamente por Brecha en Montevideo (véase la última edición del semanario). Los eurodiputados elevaron a la Comisión un amplio pedido de informes sobre el tratado en cuestión, partiendo de la base de que lo divulgado deja entrever peligros para “las condiciones de vida” en general de los ciudadanos europeos debido a la supresión de barreras comerciales y la desregulación que promueve el Tisa. También plantean, señala público, que Bruselas “puede estar incumpliendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que estos acuerdos deben someterse a debate democrático”. “¿Considera la Comisión que tiene legitimidad democrática para ser parte de estas negociaciones sin haberse debatido antes en ninguna institución electa por sufragio universal?”, preguntan Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López, Lidia Senra y Ángela Vallina.
En paralelo, Bruselas fue también sede de unas jornadas previas a la reunión, esta semana, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea. Las jornadas estuvieron centradas en el debate sobre los tratados comerciales y en ellas participaron representantes de organizaciones sociales de los dos continentes, como Fernando Gambera, del Pit-cnt uruguayo. Según la crónica de público, “Gambera alertó que ante el Tisa está claudicando un país tras otro, ‘incluso los que podrían parecer, o pensamos que son, más progresistas, como algunos del Mercosur'”. En Uruguay, dijo el sindicalista, “el presidente ha pasado de no saber nada de este acuerdo internacional a estar participando en las negociaciones. (…) El Tisa impedirá a los futuros gobiernos, del signo que sean, cambiar las legislaciones, y esto puede ser muy grave para países en los que, como Uruguay, sectores como la energía o las telecomunicaciones aún son de monopolio estatal”.
La estadounidense radicada en Francia Susan George, del Transnational Institute, dijo por su lado que en caso de concretarse el Ttip, el Tisa y el Tpp, el acuerdo Trans Pacífico, Estados Unidos “pasará a controlar el 60 por ciento del Pib mundial y el 75 por ciento del comercio mundial”, mientras las empresas multinacionales “acumularán cada vez mayor poder”.
La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos alertó en especial sobre las consecuencias que tratados como el Tisa pueden tener sobre servicios básicos como el agua. “Ya hay una liberalización en marcha en el sector. Hace algunos años, el 75 por ciento del agua en Europa se gestionaba públicamente y ahora se está por debajo del 50”, dijo el portavoz de esa federación, Pablo Sánchez. “Los beneficiarios de estas privatizaciones de la gestión del recurso son empresas con nombre y apellido: Suez, Eolia, Aqualia…”.
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