Se hunde el “entorno” de Uribe, entre presos, enjuiciados, investigados, huidos.. pero apenas es una puntita del iceberg de la masiva violación a ddhh de su prontuario
Jorge Noguera, ex-director de la policía política DAS de Colombia fue condenado a 25 años de prisión.
Según pudo comprobar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , Noguera Cotes puso a disposición de paramilitares el organismo de inteligencia del Estado, al punto de que llegó a suministrarles una lista de sindicalistas, profesores y otras personalidades, señalándolos como presuntos enemigos de esos grupos armados ilegales. Esas personas, más tarde fueron asesinadas.
La condena contra Noguera, que incluye una multa de 6.500 salarios mínimos , es la más alta que se haya impuesto contra un alto funcionario del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. Noguera fue jefe de campaña de Uribe.
En todo momento, el ex presidente Álvaro Uribe ha defendido a Noguera a quien califica como “un buen muchacho”, y dijo que ponia las manos en el fuego por él, y si era condenado “su deber era pedir disculpas al país” Fue hallado culpable de tres cargos: Concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto.
Noguera también está llamado a juicio por el escándalo del espionaje ilegal e interceptaciones a ONG y políticos de oposición.
Esta semana, precisamente, otra ONG española se sumó como acusación particular a la causa que se sigue al DAS y su jefe máximo ex-presidente Uribe, por espionaje ilegal en España.
Los servicios secretos del ex presidente Álvaro Uribe, crearon una red de ‘inteligencia’ en España para espiar y tratar de contrarrestar las actividades que consideraban contrarias a las políticas del Gobierno colombiano, según consta en los archivos internos decomisados en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia colombiana que depende directamente de la Presidencia de la República.
El DAS constituyó el Grupo Especial de Inteligencia G-3, a cargo del agente German Villalba, subdirector de Fuentes Humnas del DAS, que ya se ha acogido a sentencia anticipada, confesando su participación. En dicho grupo tenían responsabilidades Enrique Ariza, director de Inteligencia del DAS que tenía bajo sus órdenes al G-3, y José Miguel Narváez, subdirector del DAS y profesor en la Escuela Superior de Guerra, considerado el ideólogo de los escuadrones de la muerte.
El G-3 envió a la dirección del DAS un informe “de carácter secreto” que incluía fotografías de los asistentes a la protesta por el asesinato de Luciano Romero Molina, celebrada en la plaza Mayor de Gijón, con presencia de autoridades municipales y autonómicas.
El G-3 interceptó correos electrónicos y llamadas telefónicas de activistas y de organizaciones con decenas de ONG miembros, como la Coordinadora Valenciana de Solidaridad, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans, entre cuyos miembros están el Ayuntamiento de Barcelona, UGT y CCOO, y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad (Redher). Una querella similar a la española se presentó también en Bruselas, que envió una delegación policial a investigar directamente a Colombia.
Otra ex-directora del DAS, María del Pilar Hurtado, se encuentra huída en Panamá, por indicación directa de Uribe, quien agradeció publicamente asilo panameño.
Bernardo Moreno, Secratario General de la Presidencia , fue detenido en agosto acusado de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.
Todos los males de Colombia se reducen a la continua violación de los derechos humanos en nombre de “un modelo económico que favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
La guerra es un negocio. No tenemos paz porque hay un gran número de conciudadanos que viven de asesinar y robar. Dos trabajos que suponen la violencia. El crecimiento desbocado de los servicios de seguridad, incluidos el Ejército Nacional y la Policía, es la prueba incontrovertible de que ese negocio rinde. Crea empleo y produce ganancias ordinarias y ocasionales muy considerables. Y es un negocio que como todos los grandes negocios rápidos destruye las conciencias de los humanos. La prueba irrefutable de este efecto inmoral son las masacres y los desplazamientos, sobre los cuales se construyen la agroindustria y la minería, al tiempo que los ‘falsos positivos’ y la justicia injusta. Tampoco hay que subestimar la irresponsabilidad del sistema financiero con sus mortíferas armas de papel y de plástico.
Caso Luciano Romero: en la sentencia de la CSJ contra Noguera se demuestra la alianza directa con alias “Jorge 40”, jefe paramilitar que pactó desmovilizacón con Uribe, y que ha confesado miles de crímenes. La misma alianza del crimen contra Luciano Romero:
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_2/otro10-11-s.html
Hubo alianza criminal DAS-Auc para matar a profesor Correa de Andreis
Es la primera vez que un fallo judicial en Colombia reconoce dicha alianza en un delito.
Por esto, el fallo se establece como “un hito dentro de la realidad judicial de colombia”, tal y como lo dijo Álvaro Córdoba, miembro del Proyecto del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El caso hace parte de los más de 500 informes de inteligencia elaborados por el DAS entre 2003 y 2009 contra sindicalistas.
“Es una sentencia anticipada que es apenas una parte de todo este componente de lo que ha sido la actividad ilegal del DAS”, agregó Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, apoderado de las víctimas del DAS en el proceso contra el ex director Jorge Noguera.
En el marco de la campaña ‘Sindicalismo es democracia’, se trajo a luz hoy este fallo, emitido por un juzgado especializado en crímenes contra sindicalistas dentro del Acuerdo Tripartito ante la OIT en 2006, “para que no quede como un grito en el silencio”.
Alfredo Correa de Andreis -sociólogo, investigador social y profesor de las universidades del Norte, Atlántico y Simón Bolívar- fue asesinado el viernes 17 de septiembre del 2004 en Barranquilla, por orden de ‘Jorge 40’ y con participación del DAS, junto a su guardaespaldas, Edward Ochoa Martínez.
Pachakuti | Colombia | 14-9-2011 a las 19:52 |
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