Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.
Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.
Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.
ADENTRO.
Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.
Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.
“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.
“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.
AFUERA.
Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.
Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.
“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”
EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.
Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.
El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.
Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.
El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.
Por Marcelo Aguilar
21 febrero, 2020
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