La pequeña y muy humilde aldea Khan al Ahmar está ubicada en un punto tan estratégico que allí se libra ahora la batalla para la separación de Cisjordania. Casi asfixiado ya entre ilegales colonias israelíes que avanzan al norte y al sur, el poblado de beduinos se encuentra en la pequeña zona que conecta a Jerusalén oriental con el resto de Cisjordania. Ya está rodeado de buldóceres para ser arrasado, y con él las esperanzas de un futuro Estado palestino.
La unidad de Cisjordania pende de un hilo desde que Israel anunció que demolería la aldea palestina de Khan al Ahmar y otras localidades vecinas a Jerusalén, para instalar nuevas colonias. De concretarse este plan, Cisjordania quedaría dividida en dos y el gobierno del primer ministro israelí, Biniamin Netaniahu, lograría su objetivo de aislar en forma permanente a Jerusalén –cuya parte oriental los palestinos reivindican como la capital de su futuro Estado– del resto de los territorios palestinos.
La modesta aldea de cerca de 200 habitantes, con sus rebaños de cabras y ovejas, se ha convertido en el símbolo de la resistencia a la continua expansión israelí en tierra palestina, luego de que la semana pasada los buldóceres comenzaran a allanar los caminos para iniciar la destrucción de las rústicas tiendas de chapas del poblado.
La justicia israelí había dictaminado en mayo pasado que la destrucción de la aldea era legal, pese a que sus habitantes luchan desde hace décadas para no ser expulsados nuevamente de sus tierras.
Los beduinos de la tribu Jahalin, que constituyen la mayoría de sus habitantes, ya habían sido desalojados por el Ejército israelí del desierto de Negev, en el sur de Israel, a inicios de los años cincuenta, hacia Cisjordania, siendo a su vez expulsados de ese lugar, destinado a la construcción de una colonia israelí. En el área que ocupan actualmente se planea expandir la vecina colonia ilegal israelí de Kfar Adumim.
Khan al Ahmar es un ejemplo de la política israelí de desplazamiento de decenas de comunidades palestinas de zonas que planea anexar formalmente, tras presionar a sus habitantes para que abandonen sus viviendas, negándoles servicios y autorizaciones de construcción y de pastoreo.
CRIMEN DE GUERRA.
En un intento de última hora, cinco abogados presentaron apelaciones para impedir la destrucción del asentamiento, y lograron que el Tribunal Supremo de Justicia aplazara las operaciones al menos hasta el 15 de agosto.
El Ejército israelí declaró “zona militar” a la aldea y controla el acceso a ella.
Frente a la inminente demolición de Khan al Ahmar, las reacciones diplomáticas se multiplicaron. La Unión Europea expresó su preo-cupación, luego de que sus jefes de misión en Jerusalén y Ramala visitaran el mes pasado Khan al Ahmar, donde la UE desarrolla proyectos de cooperación. Por su parte, la portavoz del alto comisionado de la Onu para los Derechos Humanos, Liz Throssell, llamó a Israel a abandonar sus planes de demolición, “a respetar los derechos de los residentes a permanecer en su tierra y a que se regularice su situación”. Throssell también destacó que la destrucción de propiedades por parte de un poder ocupante viola la ley internacional. El desplazamiento forzado también es un crimen de guerra.
REACCIONES EN GAZA.
Pero la respuesta más enérgica provino de la Franja de Gaza. Las manifestaciones que se multiplican desde mayo en la frontera con Israel –en las que murieron al menos 145 palestinos y unos 7 mil fueron heridos por disparos de militares israelíes– cobraron nueva fuerza durante el fin de semana pasado; los gazatíes se solidarizaron con los pobladores de Khan al Ahmar. Desde el viernes pasado dos jóvenes palestinos resultaron muertos en esas manifestaciones y hubo más de 200 heridos, mientras que cuatro israelíes resultaron heridos como consecuencia de los proyectiles lanzados por las milicias palestinas.
Con la mediación de Egipto, Israel, el movimiento Hamas –que gobierna en Gaza– y otros grupos armados acordaron el sábado un alto el fuego después de que el Ejército israelí bombardeara la Franja como represalia por el lanzamiento de morteros hacia su territorio. Netaniahu se jactó de haber asestado a Hamas “el golpe más duro” desde 2014.
Las protestas se habían incrementado desde fines de marzo, con el inicio de la campaña llamada Marcha del Retorno, que reivindica el derecho de los palestinos a volver a las tierras en las que vivían cuando se fundó Israel, en 1948.
La decisión, el 14 de mayo pasado, de Donald Trump de abrir la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén, reconociendo de este modo a la ciudad –cuyo estatus debe ser decidido por acuerdo entre las partes, según resoluciones de la Onu– como capital de Israel, provocó protestas, reprimidas violentamente, en las que murieron 60 manifestantes. Más de un millar fueron heridos ese día, que recuerda a miles de palestinos la expulsión de sus tierras.
HISTORIA DEL STATU QUO.
A la “comunidad internacional” la suerte de los palestinos no le quita el sueño, razón por la cual los sucesivos gobiernos israelíes pueden continuar pretendiendo que favorecen negociaciones de paz en las que no están dispuestos a ceder en nada, ya que ello les permite eternizar la colonización de los territorios ocupados.
Los movimientos pacifistas israelíes que promovían las negociaciones se agotaron luego de la cumbre de Camp David, en julio de 2000, de cuyo fracaso el entonces intransigente primer ministro Ehud Barak había hecho responsable a Yasser Arafat, aunque más tarde reconoció que no había realizado ninguna propuesta al ex líder palestino.
Luego del estallido de la segunda Intifada, meses después, el surgimiento del movimiento islamista Hamas le dio al halcón Ariel Sharon, electo en 2001, la idea de que la separación llevaría a la paz. Se inició entonces la construcción de un muro en Cisjordania para proteger a las prolíficas colonias israelíes, y el Ejército se retiró de la Franja de Gaza, cuyos límites continuarían no obstante militarmente controlados, al igual que los palestinos en los menguados territorios ocupados.
Para más de 800 mil palestinos la declaración de independencia proclamada el 14 de mayo de 1948 por David Ben Gurion significó la expulsión de sus tierras, fue la Nakba (“catástrofe”, en árabe) que conmemoran con distintas manifestaciones desde 2009. Sus descendientes exigen la aplicación de la resolución 194, aprobada el 11 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estipula el “derecho al retorno” al lugar de origen o a una compensación alternativa.
Tal como demostraron ya a fines de los años ochenta los llamados “nuevos historiadores” israelíes, que basaron su trabajo en la investigación de archivos del Estado, el usado argumento de que los palestinos abandonaron sus tierras porque no querían vivir con los judíos es erróneo. El abandono fue producto de un desplazamiento forzoso.
“Desafiamos la versión sionista estándar del conflicto y asignamos un grado mucho mayor de responsabilidad a Israel por causar, intensificar y perpetuar el conflicto” con los palestinos, comentó en noviembre pasado uno de ellos, Avi Shlaim, profesor emérito de relaciones internacionales de la Universidad de Oxford (Resumen Latinoamericano).
Por su parte, el historiador arrepentido Benny Morris admitió hace más de una década que “no se habría podido crear un Estado judío sin desterrar a los palestinos”. Ese Estado hoy busca seguir expandiéndose.
20 julio, 2018
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