Bajo los cargos de supuesta corrupción el Ministerio Público abrió investigación contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y decidió suspenderlo durante tres meses en el desempeño de sus funciones este martes 3 de mayo por “[…] presuntas omisiones en ejecución de obras, falta de estudios de la Fase III de Transmilenio y atrasos e incumplimientos en las mismas”. La decisión, que cayó como un baldado de agua fría en muchos sectores de la capital de Colombia, se esperaba como un hecho desde hace varias semanas. La reciente detención del hermano del alcalde, investigado por la Corte Suprema de Justicia, alentaba esta sospecha.
En un país inundado y con pasmo por una cascada de denuncias por corrupción, las cuales dejan el amargo sabor de que la mafia se tomó la misma estructura estatal, sorprende la celeridad y acuciosidad con la que el Procurador General de la Nación falló sobre el caso Bogotá. No sobra advertir, que el país está ad portas de un nuevo ejercicio electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y ediles por todo el país, lo cual deja al PDA –la oposición nacional– en las peores condiciones para enfrentar tal coyuntura.
La medida, consecuencia de la denunciada corrupción que afecta a la ciudad, producto del desfalco que de sus finanzas hizo el protegido grupo Lule Amin, por lo cual varias e importantes obras de ingenieria de desarrollo urbano están paralizadas o con notorio atraso, propiciando la multiplicación de la congestión vehicular, la potenciación de la contaminación ambiental, los sobrecostos en obras y la extendida sensación entre sus habitantes de incapacidad administrativa al frente de su alcaldía.
En una medida relámpago que sorprendió a propios y extraños, queda en la opinión pública el amargo sabor de que la decisión de la Procuraduría se conocía con anterioridad en la Casa de Nariño, el presidente Santos encargó del rumbo de la ciudad a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, otrora y por 10 años presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, el gremio que representa a los mayores emporios con asiento en la ciudad.
El Procurador amparó su decisión como el espacio necesario para “…facilitar el acopio del material probatorio en la Alcaldía Mayor al que hay lugar en el propósito de emitir la providencia disciplinaria”.
Según el fallo, el Ministerio Público no descarta la acusación por corrupción que endilgó al alcalde de la ciudad, al cual considera como responsable de la asignación del contrato de la fase III de Transmilenio, cuyo beneficiario fue el grupo Nule.
Además de factores de incapacidad, inconsecuencia política y otros factores, que pueden legitimar las decisiones tomadas por los entes de control, a la hora del fallo emitido el 3 de mayo pesa la lucha por el control de la ciudad, y la existencia –con capacidad de oposición– del mismo PDA, que como se sabe no aceptó la invitación del actual gobierno para integrar el acuerdo de ‘Unidad Nacional’ propuesto por Santos.
El hecho nos recuerda con toda intensidad, que la lucha por el control del estado en sus diversas esferas es intensa y permanente. Que por tanto, una organización de izquierda la enfrenta desde la claridad y educación que haga día a día con y para la sociedad en su conjunto, movilizándola como metodología fundamental a la hora de defender lo que es de todos y todas.
La respuesta del Alcalde
Según Moreno, “(…) durante su administración no se adjudicó ese contrato y fue Lucho Garzón bajo su gobierno, el encargado de otorgarla”. Y precisó: “El Procurador me imputa cargos que no están comprendidos dentro de mis funciones como alcalde…”
El alcalde criticó de igual manera al Procurador, por solo tener “…en cuenta el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, pero no las disposiciones siguientes, como el artículo 58, que establece: “las juntas directivas no intervendrán en la tramitación ni en la adjudicación de los contratos” y que “los representantes legales de las entidades serán responsables de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos”.
Y amplió: “Es importante señalar que el IDU es un establecimiento público que tiene personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal.
La contratación en el Distrito Capital se realiza de manera autónoma por las entidades y organismos distritales, sin que el Alcalde Mayor tenga participación dentro del trámite de los procesos contractuales que adelantan aquéllas”.
Samuel Moreno Rojas enfatizó en declaraciones entregadas ante todos los medios de comunicación del país que “No es hora de hablar de renuncias, fui electo por cerca de un millón de bogotanas y bogotanos y es mi deber cumplir hasta el último momento la voluntad de quienes me eligieron”.
La voz del Polo Democrático Alternativo, PDA
Con la presión desde hace varios meses en disputas internas para quitarle el apoyo al burgomaestre bogotano, negativa que generó una profunda división, su partido, el PDA, se pronunció sobre el particular: “En las actuales circunstancias, el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, le reitera al doctor Samuel Moreno, la necesidad de presentar la renuncia a su cargo, asumiendo las responsabilidades políticas y legales que le correspondan”.
Esta decisión, tan acariciada por algunos sectores al interior del propio partido polista, negada por su Ejecutivo Nacional en su momento con argumentos jurídicos más no políticos, llega demasiado tarde, acarreando inmensos costos para la imagen de la izquierda colombiana.
Así las cosas, sancionado por incompetencia, investigado por presunta corrupción, sin el apoyo de su partido, Samuel Moreno se apresta a recurrir a la justicia en demanda de la revisión de su caso.
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del PDA había declarado su confianza en “…que el Señor Presidente de la República, al designar el reemplazo del Alcalde Mayor, actúe conforme a dichas normas que señalan que debe recaer en una persona del mismo partido”.
Ahora queda por conocerse la decisión del presidente Santos, quien se declaró en espera de la terna que presente el PDA para reemplazar al suspendido alcalde, pero el podría incluso, según algunas interpretaciones jurídicas, designar como responsable de Bogotá, a un funcionario que no fuera militante del PDA.
Entre tanto, y como extensión de la disputa interna que vive el Polo, varios sectores pidieron la renuncia de su dirección y la convocatoria de un Congreso extraordinaria que nombre una nueva conducción para la colectividad.
A la sombra
El escándalo por corrupción se desató en Bogotá desde hace más de un año, pero tomó más fuerza desde septiembre pasado, cuando varios, ahora exmilitantes del PDA –más otros que se conservan como miembros activos de la colectividad amarilla– presentaron una denuncia por corrupción a partir de sobrecostos en grandes contratos de ingenieria civil. La capital del país, con aprobación de importantes obras para abrir nuevas rutas para el sistema de transporte masivo, estaba en el centro de las denuncias.
Pasados esos meses, y tras la intervención de distintos organos de investigación y control, hoy están en la cárcel y/o bajo investigación por este caso, el senador –hermano del alcalde de la ciudad– Iván Moreno, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo Gaona; el ex subdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez y el destituido contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi.
De igual manera, presos están, los principales sindicados del desfalco al erario, el protegido clan Nule (los hermanos Manuel y Miguel y su primo Guido Nule, así como su socio, Mauricio Galofre, acusados de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho, y peculado), favorecidos con más de un centenar de contratos de obras civiles por todo el país, y con varios billones de pesos derrochados o guardados a buen amparo, algunos de ellos invertidos en la financiación de campañas políticas, o puestos al servicio de políticos tradicionales a través del pago de sus viajes en aviones privados, fiestas y juegos con rifas de vehículos último modelo y otras exentrisidades que sólo se le conocían a los sectores ligados al tráfico de estupefacientes.
Momento crítico y clave
La situación que sobrelleva el Polo Democrático Alternativo es la más dura en sus recientes cinco años de constitución. A prueba está su fortaleza interna, hasta ahora solamente activa para causas electorales.
Con la investigación y los golpes dados por la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia, así queden exonerados de todo cargo los militantes ahora presos o sancionados, lo que se cuestiona desde hace varios años entre los colectivos de activistas polistas es la gestión pública de un partido que ha gobernado de espaldas a la participación social, ajena a nuevos métodos y estilos de liderazgo político que pongan al frente de los destinos de su ciudad a los siempre negados, rompiendo de esta manera un modelo y un proyecto urbano al servicio del capital. Las voces de esa militancia de base nunca fueron escuchadas.
Como si se tratara de un ejercicio de equilibrio dirigido por un partido cualquiera, se concretó en Bogotá un acuerdo de gobernabilidad con todos los partidos tradicionales, que en la práctica se hicieron con el control de la mayor parte de la burocracia de la ciudad, amarrando el plan de gobierno e impidiendo que la ciudadanía ganara protagonismo y liderazgo.
De esta manera, y contrario a un enunciado de izquierda, el burgomaestre desarrolló un mandato que no tomó en cuenta el ideario de su propio partido, de lo cual da cuenta, por ejemplo, la aprobación de la venta del principal bien de la ciudad: la ETB. Pero también, con un plan de gobierno que no rompío con el modelo de ciudad heredado, ni confrontó el neoliberalismo imperante en el país y en su ciudad capital (de lo cual hacen parte las legitimadas coimas) ni muchos menos sentó en el conjunto bogotano una idea diferente respecto a los ideales de la izquierda y su forma de gobierno: con y para los negados de siempre.
Así las cosas, el PDA tiene ante sí el reto de reencontrarse con su proyecto original, consultando a sus bases el qué hacer cotidiano, abriendo espacios de participación, discusión y decisión colectivos, encausando hacia la ciudadanía –como metodología de formación política– la lucha de aparatos que se vive a su interior y extendiendo su acción, en lo fundamental, hacia el enraizamiento de un proyecto de gobierno y poder que se niegue a seguir administrando los intereses de ciudad defendidos por los grupos económicos que han manejado la urbe desde siempre.
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