En la mayor parte de la Cisjordania ocupada ya hay una situación de anexión de facto. Casi dos tercios del territorio palestino, incluyendo la mayoría de sus tierras más fértiles y ricas en recursos, están bajo completo control de Israel. Cerca de 400 mil colonos judíos que viven allí disfrutan la totalidad de los derechos y privilegios de los ciudadanos israelíes.
Al menos 60 dispositivos legales ya fueron preparadas por miembros de derecha del parlamento de Israel durante la última legislatura para pasar de un estado de anexión de facto a uno de jure, de acuerdo a la base de datos de Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos. Yesh Din apunta que el solo hecho de que algunos de estos borradores hayan sido presentados como leyes constituye una forma de anexión: “el parlamento de Israel se considera (ahora) a sí mismo como la autoridad legislativa y el soberano de Cisjordania”.
Paradójicamente, el primer ministro, Biniamin Netaniahu, se opuso a muchos de esos proyectos de ley, aunque fueron redactados por su propia coalición de gobierno. Netaniahu argumentó que sería equivocado adelantarse al proceso de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que de por sí implica que la anexión es una prioridad en la agenda. Detalles filtrados sugieren que Washington se prepara a dar luz verde a la anexión formal de al menos un trozo de ese territorio como parte de su acuerdo, aunque las dificultades políticas de Netaniahu y su decisión de convocar otra elección en setiembre podrían poner otra vez algunos detalles en el freezer.
EL ANTECEDENTE DEL GOLÁN.
Tres acontecimientos recientes también han puesto sobre la mesa la anexión de parte o de toda Cisjordania por Israel. En marzo, el presidente de Estados Unidos reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, capturados a Siria durante la guerra de 1967 y anexados a Israel en 1981 violando el derecho internacional. Esa decisión de Estados Unidos sugiere un precedente de cómo podría aprobarse la anexión de Cisjordania.
En abril, en la previa a las elecciones generales israelíes, Netaniahu dijo que usaría la próxima legislatura para “extender la soberanía” a todos los asentamientos judíos en Cisjordania. “Extender la soberanía” es una expresión que los políticos israelíes prefieren a la palabra “anexión”. Cerca de 400 mil colonos viven en ese territorio en 150 asentamientos oficiales y en otros 120 puestos de avanzada “no autorizados” que han sido patrocinados de manera encubierta por el Estado israelí desde la década del 90. Estos asentamientos tienen jurisdicción sobre un 42 por ciento del territorio de Cisjordania.
A comienzos de junio el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, un partidario incondicional de los asentamientos y uno de los arquitectos del supuesto “acuerdo del siglo” de Trump, dijo a The New York Times que para él Israel estaba “del lado de Dios”, y agregó: “Bajo ciertas circunstancias, pienso que Israel tiene el derecho de retener parte –aunque es poco probable que la totalidad– de Cisjordania”.
CRECE EL APOYO EN ISRAEL.
En Israel el apoyo a la anexión está creciendo. En una encuesta reciente se detectó un 42 por ciento a favor de distintas opciones de esta, en oposición al 34 por ciento que respalda una solución de dos estados. Sólo un 28 por ciento de los israelíes rechaza la anexión explícitamente.
Tras bambalinas, los debates sobre anexar formalmente los territorios palestinos abundan en Israel desde que este país ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en 1967. Los sucesivos gobiernos israelíes, sin embargo, han puesto objeciones a una decisión de ese tipo, en vista de que habría fuertes objeciones internacionales (la mayoría de los miembros de la Onu se opondría a la anexión de un territorio que el derecho internacional reconoce como ocupado de forma ilegal), y que Israel se vería presionado a darles la ciudadanía a los palestinos de las áreas anexadas, incluyendo el derecho a votar, lo que minaría su mayoría judía.
Veteranos de la alta política israelí, como Moshe Dayan e Yigal Allon, estuvieron entre los primeros en proponer la anexión de partes de Cisjordania. Proyectaron mapas para un programa de asentamiento permanente que permitiría a Israel quedarse con porciones de Cisjordania, en especial con las tierras más fértiles y los acuíferos. Desde fines de los setenta y durante los ochenta una funcionaria del Ministerio de Justicia, Plia Albeck, declaró “tierra estatal” extensas áreas de Cisjordania, lo que permitió que el gobierno las trate como partes de Israel y que se construyan asentamientos allí.
MULTAS DE TRÁNSITO Y COMISARÍAS.
Israel no sólo ha aplicado sus leyes sobre los colonos, sino que docenas de delegaciones policiales ubicadas en Cisjordania operan como si el territorio ya hubiera sido anexado, cobrando multas de tránsito y controlando otras infracciones de los palestinos. En materia legal, el último recurso para los palestinos es la Suprema Corte de Israel. En 2011 esa corte decidió que Israel tenía permitido explotar más de una docena de canteras, uno de los recursos clave de los palestinos, en el entendido de que la ocupación se había convertido en “prolongada”. Evidentemente fue una sentencia que trató a Cisjordania como si hubiera sido anexada de facto.
Desde los acuerdos de Oslo los líderes israelíes tienden a comprometerse de la boca para afuera con la creación de un Estado palestino, que surgiría en algún futuro lejano. Pero en la práctica han alentado la rápida expansión de los asentamientos. Esta política es a veces denominada “anexión progresiva”. La derecha israelí ha propuesto un número de variantes, desde la anexión de todos los territorios palestinos, incluida Gaza, hasta una anexión limitada a ciertas áreas de Cisjordania.
CÓMO OSLO DIO EL CONTROL A ISRAEL.
El principal marco para el debate israelí sobre la anexión es el proceso de paz de Oslo, que dividió temporalmente la Cisjordania ocupada en las áreas A, B y C, como preludio –se consideró– a una eventual transferencia de soberanía a la Autoridad Palestina. El área C, 62 por ciento de Cisjordania, está bajo completo control israelí y es donde están ubicados los asentamientos. Es también donde se encuentra la mayoría de los recursos hídricos, agrícolas y minerales. El área B, un 20 por ciento, está bajo control de la seguridad israelí, mientras las autoridades civiles son palestinas. Y el área A (más que nada espacios palestinos edificados en el 18 por ciento de Cisjordania) está, nominalmente, bajo completo control palestino.
La opción preferida por la mayoría del Likud de Netaniahu es la anexión de las áreas pobladas con colonos, alrededor de un 40 por ciento de Cisjordania, en su mayoría territorios localizados en el área C. Esta opción mantendría a los palestinos de Cisjordania fuera de las áreas anexadas y haría más fácil evitar tener que darles cualquier derecho de residencia o ciudadanía. La Autoridad Palestina tendría “autonomía limitada” –una suerte de rol municipal glorificado– sobre los restantes fragmentos de Cisjordania.
A la derecha del Likud las opiniones varían desde anexar toda el área C hasta incluir toda Cisjordania y la Franja de Gaza, hasta la creación de bantustanes palestinos a la manera del sistema de apartheid de Sudáfrica. Algunos proponen un método según el cual Israel iría incorporando gradualmente “rebanadas” de Cisjordania.
La centroizquierda israelí teme que la anexión formal no sólo violará el derecho internacional, sino que además dañará la imagen de Israel en el exterior, al alentar comparaciones con la Sudáfrica del apartheid. En ausencia de un Estado palestino, una minoría judía podría pronto gobernar sobre una mayoría de palestinos. Este sector del espectro político israelí también está preocupado por los costos de la anexión. Comandantes por la Seguridad de Israel, un grupo de oficiales de seguridad retirados, argumenta que la anexión conducirá al inevitable colapso de la Autoridad Palestina. Como resultado, cree que Israel incurriría en costos anuales de entre 2.300 y 14.500 millones de dólares, dependiendo de la extensión del área anexada. También habría una pérdida de 2.500 millones de dólares en inversiones extranjeras. Los levantamientos palestinos podrían costarle hasta 21.000 millones de dólares a la economía de Israel.
Economistas de derecha, como Amatzia Samkai, del Caucus por Eretz Israel, dicen, sin embargo, que su país se beneficiará económicamente. Si se anexa el área C, sólo un pequeño número de palestinos tendrá derecho a políticas sociales israelíes, afirma Samkai. Las pérdidas, agrega, pueden ser más que compensadas por una fuerza laboral ampliada y una caída en los costos inmobiliarios luego de que Cisjordania quede disponible para la industria de la construcción israelí.
por Jonathan Cook. Periodista independiente británico, residente en Nazaret y autor de varios libros sobre el conflicto israelí-palestino. Publicado por Middle East Eye el 18-VI-19. Brecha publica fragmentos (titulación también de Brecha).
27 junio, 2019
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