Tras un trabajo de investigación, análisis y recomendaciones desde 2007, el informe final de la Comisión de la Verdad fue entregado y reveló que, entre el periodo de 1984 y 2008, existieron 456 víctimas directas de algunas violaciones a los Derechos Humanos.
Además, los datos reportan que más de 2.000 personas sufrieron indirectamente hostigamiento, amedrentamiento y discriminación social y laboral. Estos fueron los familiares y amigos de las víctimas.
La presidenta de la Comisión, Elsie Monge, dijo que, del total de víctimas, siete de cada 10 personas (310) fueron del periodo comprendido entre 1984 y 1988, gobierno del ex presidente León Febres Cordero. Ese mandato tuvo un 68% de violaciones de Derechos Humanos del resto de periodos presidenciales.
El auditorio del Palacio de Cristal, en centro de Quito, estuvo lleno de personas que llegaron de distintas partes del país, para presenciar los resultados que fueron presentados también ante el primer mandatario, Rafael Correa.
Familiares y víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, en el periodo comprendido entre 1984 y 2008, formaron parte de un video denominado “La voz de las víctimas”.
Correa dijo que en el periodo del extinto presidente León Febres Cordero se vivió la violencia como política de Estado. Tras escuchar las declaraciones de víctimas que padecieron torturas policiales en manos del ya desaparecido Servicio de Investigación Criminal (SIC), dijo que con estas revelaciones el juzgamiento y las sanciones marcarán la diferencia. “Este Gobierno humanista pide perdón a las víctimas y renueva el compromiso en contra de la represión”, aseveró.
Monge en su discurso dijo que de los 270 presuntos responsables de los delitos, el 50% corresponde a miembros activos y pasivos de la Policía Nacional. El 28% son miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El 10% son autoridades de distintos gobiernos, 6% funcionarios judiciales y el resto son autoridades y militares extranjeros.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad identificó a 458 autoridades como supuestas responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Entre ellos están policías, militares y civiles como autores de cinco formas de abuso de ejecución extrajudicial: desaparición forzada, tortura, violencia sexual y detención arbitraria.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, dijo que, en función de fechas y del informe, se determinarán las acciones administrativas de orden judicial que puedan existir.
Los principales resultados y hallazgos de la investigación de la Comisión revelan que, de las 456 víctimas, 449 sufrieron violaciones en 14 provincias país. La mayor concentración es en Guayas, Pichincha y El Oro. En las dos primeras se explica que 90 corresponden al caso Taura.
Durante el periodo de investigación (1984-2008), la mayor parte de las víctimas fue conducida a repartos militares o policiales. En 11 provincias 305 víctimas permanecieron detenidas en cuarteles militares y bases navales. Mientras que 33 personas permanecieron en dependencias policiales.
La Comisión de la Verdad entregará esta semana 118 casos a la Fiscalía General del Estado. Monge aseguró que en 94 de los casos (80%), la Comisión identificó a presuntos responsables e involucrados con claros indicios de responsabilidades penales, civiles o administrativas.
Antes de que cualquier proceso pase a la Corte Penal Internacional (CPI), primero se deben agotar los recursos legales internos, explicó.
“Corresponderá a la justicia asegurar que se respeten los derechos de los posibles responsables. Pero tan importante como hacer justicia es impedir que esta historia se repita”, agregó Monge.
Entre las 155 recomendaciones se sugiere indemnizar a los familiares de víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada con US$ 50.000 cuando el ofendido no hubiese aparecido con vida. Además, se busca diseñar y promover al interior de la Fiscalía un comité de búsqueda de desaparecidos.
Gobierno de León Febres-Cordero, el más represivo
El gobierno del socialcristiano León Febres-Cordero Ribadeneyra fue la administración en la que se presentaron más violaciones a los derechos humanos. Así lo indica el informe de la Comisión de la Verdad que estudió el período 1984 – 2008.
“Febres-Cordero impuso un estilo de gobierno autoritario y de permanente confrontación con todos los sectores que discrepaban con su proyecto político. Su discurso violento siempre estuvo dirigido a atacar a la oposición, especialmente a los sectores de izquierda”, explica el documento.
Los comisionados estudiaron en total 118 casos que dejaron 456 víctimas. El 55% de estas violaciones a los derechos humanos ocurrió durante el régimen de Febres-Cordero. Estos crímenes incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.
El texto explica que el gobierno socialcristiano llegó en un contexto histórico de la lucha contra el comunismo. Era la época de los grupos armados de izquierda que surgían en América Latina.
Se señala que la principal entidad protagonista de estos delitos fue la Policía Nacional. En segundo lugar aparecen las Fuerzas Armadas.
El informe coloca el secuestro del banquero Nahim Isaías, perpetrado por un comando de Alfaro Vive Carajo (AVC) el 7 de agosto de 1985, como desencadenante de la represión.
Luego del fallido operativo de rescate del banquero, Febres-Cordero solicitó al Gobierno español la ayuda para la creación de un equipo de élite que combatiera a los insurgentes.
Al mismo tiempo el Mandatario designó a Milton Andrade como director nacional de Investigación Criminal; a Gustavo Gallegos, jefe oficina nacional de Interpol; y a Édgar Vaca, jefe operativo del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de Pichincha, para que investiguen el plagio de Isaías. Todos estos funcionarios estuvieron bajo la dependencia directa de la Presidencia de la República, del ministro de Gobierno y el gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi.
Según documentos desclasificados, a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, el SIC de Pichincha fue el antecedente de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), uno de los organismos más represores de la Policía Nacional.
Se indica que en un principio sus actividades fueron clandestinas con tres oficinas en Quito, Guayaquil e Ibarra. Su único objetivo era combatir el terrorismo y la insurgencia.
El informe asegura que a partir de este momento se instaura una política de terrorismo de Estado que aún perdura. Bajo el pretexto de combatir guerrillas marxistas, cualquier sindicalista, periodista o religioso era perseguido.
El marco legal para estas actividades fue la Ley y Doctrina de Seguridad Nacional, redactada en la administración del triunvirato militar de 1976, muy parecida a las que existían en las naciones del Cono Sur. Esta normativa recién fue derogada el año pasado.
“Febres-Cordero irrespetó las leyes y reglamentos militares, manejó arbitrariamente los ascensos y nombramientos e involucró a las Fuerzas Armadas en la vida política nacional y en la estrategia antisubversiva”, denuncia la Comisión.
Pero no solo los miembros de AVC sufrieron abusos. La represión se amplió a más estamentos de la sociedad. El diputado socialista Diego Delgado sufrió una paliza perpetrada por sectores afines al Gobierno. El legislador había emprendido un juicio político al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, a quien acusó de cometer violaciones a los derechos humanos.
El informe detalla que, para reprimir a los movimientos sociales, el Gobierno creó, con el apoyo de la empresa privada, los escuadrones volantes, los cuales, equipados con modernos equipos de comunicación y armas, servían como grupos de choque. También resultaron afectados grupos cristianos identificados con la Teología de la Liberación.
Además, se establece que los medios de comunicación que no coincidían con la línea oficial fueron acosados. Treinta y siete emisoras fueron momentáneamente clausuradas en el período 1984-1988. Asimismo, el canal 5, en frecuencia VHF, propiedad de la Organización Ecuatoriana de Televisión Cía. Ltda. (Ortel), salió del aire, pese a que había cumplido con todos los requisitos legales. “El Gobierno utilizó la publicidad oficial como arma de premio o castigo: los medios afines recibieron generosas franjas publicitarias y otros fueron severamente discriminados”, se destaca.
Propietarios de medios de comunicación y periodistas fueron víctimas de agresiones, intentos de asesinato, encarcelamientos, intimidaciones y despidos.
La mayor parte de estos abusos fue realizada por la naciente UIES, que estuvo al mando de Vaca, quien años después, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se convirtió en comandante general de la Policía.
Pero la Comisión también nombra otros organismos represores, como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Grupo de Apoyo Operacional (GAO). La Comisión indica que este último, durante el lapso 2000-2008, habría sido el responsable de 84 muertes, “por lo que se considera un grupo de exterminio”.
El actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien fue gobernador del Guayas en el mandato de Febres-Cordero, es mencionado en el capítulo que trata sobre el escuadrón volante.
“Esta unidad de la Policía Nacional surgió en Guayaquil con el impulso del comandante del regimiento Guayas, coronel Hólguer Santana, y del entonces gobernador de la provincia, Jaime Nebot Saadi”, reza el documento, que acusa a este grupo de perpetrar abusos.
Este escuadrón estaba compuesto por 30 uniformados, que rotaban permanentemente para llevar su experiencia a otras provincias; vehículos nuevos y carabinas Mossberg, que se usan para la caza de animales.
Esta unidad estaba financiada por la empresa privada que “subvencionaba la estructura operativa de la unidad con pagos por prestación de servicios a los oficiales de dicho escuadrón”. El grupo funcionó durante casi todo el gobierno de LFC hasta que su sucesor, Rodrigo Borja, lo eliminó por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Nebot nuevamente es mencionado en el informe, en la parte que aparecen testimonios de las víctimas.
Uno de ellos es de Nelson Quinde, quien en abril de 1985 participó en una protesta en el puerto principal. Para solucionar el conflicto, Nebot llamó a su despacho a los dirigentes de la manifestación. Pese a los diálogos, no se llegó a un consenso.
A la salida, Quinde es apresado y trasladado a la Intendencia de Policía de la provincia. El dirigente asegura que en esas oficinas fue torturado.
“Cuando estoy entre las dos cisternas de agua, yo me dije: ‘A lo mejor me van a meter en una de ellas’. Mentira, me cogieron y metieron en una funda plástica, y ahí, en la funda plástica me echaron gas y me la amarraron. Como estaba esposado (…) me revolcaba”, cuenta el afectado.
Y continúa: “Se me resbaló la venda de los ojos (…) logro ver que estaba (…) Jaime Nebot y estaba el que era intendente del Guayas, Enrique Campuzano, fumando un cigarrillo (…). Como que no era con ellos”.
Quinde expresa que lo amenazaron con violaciones sexuales. Los gendarmes tenían un pedazo de madera en forma de pene y pintado de rojo. Los policías utilizaban esta herramienta para violar a los hombres.
El ex AVC, Juan Cuvi, también acusa a Nebot de presenciar su tortura.
“Entonces a lo que yo voy subiendo -me cogían de la mano- porque se supone que yo no veía, me decía ‘¡sube!’. Entonces, a lo que yo llego acá, al descanso, antes de entrar, me doy la vuelta y ahí sí tenía una visión panorámica total; y me doy la vuelta y estaban saliendo de la oficina (…): Febres-Cordero, Marcel Laniado (ministro de Agricultura), Nebot y (…) Charly Pareja (secretario particular del Presidente). Y entonces yo les veo y eran los pantalones y los zapatos que vi (durante el interrogatorio en el que fue torturado)”, señala el testimonio.
El informe indica que esta versión coincide con un documento desclasificado al que se tuvo acceso. En ese texto, Febres-Cordero ordena a Pareja y Nebot investigar el secuestro de Nahim Isaías. Fue por este caso que se acusó a Cuvi.
La Comisión añade que el documento fue desclasificado después de recibir el testimonio de Cuvi, por lo que él no tenía conocimiento de este texto.
La Comisión advierte que la mayor parte de estas denuncias nunca fue investigada, por lo que cayeron en la impunidad. Añade que estos hechos encajan en lo que se considera crímenes de lesa humanidad, los cuales nunca prescriben.
Redacción Actualidad
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