Poco después de cumplir cuatro años en el poder, el presidente Rafael Correa propone a la ciudadanía un segundo referendo.
El primero fue para la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Este segundo plebiscito, en palabras del propio gobernante, “es mucho más complejo”.
Son en total diez preguntas, de las cuales cinco son para reformar la Constitución y las otras cinco son preguntas en general, de diversa índole.
El Jefe de Estado propone un plebiscito complejo que agrupa las dos formas: referendo y consulta popular
En un enlace sabatino Correa hizo la explicación. Las preguntas que cambian la Carta Magna forman parte del referendo. El cuestionario que solo modifica leyes constituye una consulta popular.
Por esa razón, esta vez el Jefe de Estado propone un plebiscito complejo que agrupa las dos formas: referendo y consulta.
El cuestionario fue enviado ayer a la Corte Constitucional, organismo que deberá aprobar o negar la solicitud de Correa. Luego, de aprobarse el cuestionario, será enviado al Consejo Nacional Electoral para que realice la convocatoria al plebiscito y fije la fecha para su realización.
Las dos primera preguntas que plantea el Ejecutivo refieren al área penal. Una propone el fin del plazo de un año para la caducidad de la prisión preventiva.
El numeral nueve del artículo 77 de la Carta Magna establece que la prisión preventiva no podrá exceder de un año en los delitos sancionados con reclusión mayor.
Este punto quiere cambiar Correa y para ello propone el siguiente texto: “Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de los plazos y condiciones que indique la ley, en consideración a la gravedad del delito y la complejidad de la investigación. Si se exceden de estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”.
La segunda pregunta gira en torno a las medidas sustitutivas. El Ejecutivo plantea que en los delitos de mayor gravedad, la prisión no pueda ser cambiada por ningún juez.
“Los delitos de reclusión causan grave conmoción social y es deber del Estado procurar un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz de sus habitantes”, reza el texto remitido por el Ejecutivo a la Corte Constitucional.
La tercera propuesta es sobre los medios de comunicación y la banca. Correa quiere reforzar el artículo 312 de la Constitución que impide a los accionistas de instituciones financieras intervenir en los medios.
De esta forma, el Primer Mandatario propone que los dueños de medios y bancos se dediquen de manera exclusiva a esta actividad.
La cuarta y quinta preguntas son las más polémicas. Giran en torno al Consejo de la Judicatura (CJ).
“Es indispensable disolver el actual Consejo de la Judicatura, cuya incapacidad operativa, más allá de las limitaciones legales, ha sido manifiesta”, señala el texto.
Así, el Jefe de Estado quiere instaurar una Comisión Transitoria, integrada por delegados de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Control Social. Este organismo reemplazaría al CJ.
Además se plantea cambiar la manera en que actualmente se conforma el CJ. Correa quiere que este ente esté integrado por “el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; un delegado de la Función Ejecutiva y un delegado de la Asamblea. Los delegados de las funciones Ejecutiva y Legislativa, titular y suplente, serán ratificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana”.
De aprobarse esta pregunta, el actual proceso que realiza el llamado “Quinto Poder” para designar al CJ quedaría sin piso.
Las otras cinco preguntas forman parte de la consulta popular. La sexta inquietud es extender el delito de enriquecimiento ilícito al sector privado, pues actualmente esta figura solo se aplica en el área pública.
La séptima pregunta es sobre los juegos de azar. “Este tipo de negocios además ha generado una fuente de corrupción, incluso de las instituciones del Estado, en la que han intervenido autoridades y jueces para proteger de manera dolosa los derechos de las empresas dedicadas a este negocio”.
La octava cuestión es sobre los espectáculos públicos en los que mueren animales. “Es hora de debatir si se debe declarar al Ecuador libre de espectáculos públicos en los que se mate a los animales por simple diversión”, reza el texto de Presidencia.
El penúltimo punto es sobre la Ley de Comunicación. A la ciudadanía se le consultará si desea aprobar una norma “que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”.
El último punto es sobre criminalizar la no afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores. “Debe preguntarse al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en tipificar como delito esta conducta reñida con la ley”.
Redacción Actualidad
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Guayaquil – Quito
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