El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer en el Parlamento, entre las protestas de la oposición, nuevas medidas sobre inmigración, criminalidad y seguridad ciudadana que endurecen el polémico proyecto de Ley de Seguridad en torno al cual la Liga del Norte, socio de Berlusconi, ha trazado su proyecto político. El Gobierno sometió las tres enmiendas a una cuestión de confianza, lo que impidió el debate y la votación secreta.
Las enmiendas recogen viejas aspiraciones de la Liga del Norte: se convierte en delito la inmigración clandestina y se amplía el periodo actual de detención de los sin papeles en los centros de identificación y expulsión. Este plazo de detención, que en España es de 40 días y se ampliará a dos meses antes de final de año, en Italia ya alcanza los dos meses y con la nueva ley se extenderá hasta los seis meses, en línea con el máximo permitido por la UE.
Además, con la nueva ley, se legalizan las rondas ciudadanas, que colaborarán con la policía denunciando posibles situaciones de peligro, y se prohíbe realizar cualquier gestión administrativa a los inmigrantes sin permiso de residencia.
Esta última medida era uno de los grandes escollos, porque la oposición, la Iglesia y las organizaciones humanitarias han denunciado que los hijos de los sin papeles no serán inscritos en el registro y corren el riesgo de que se les declare en estado de abandono y sean dados en adopción.
El líder de la oposición, Dario Franceschini, expresó ayer su preocupación. “Es peligroso que se utilice una demanda legítima de seguridad por parte de los ciudadanos para volver atrás. Ya ha habido un momento en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos volver a las leyes raciales”, afirmó.
El propio Gianfranco Fini, miembro del PDL y presidente de la Cámara de Diputados, dijo que el Gobierno debe rebajar el “exceso de propaganda” contra los inmigrantes.
A pesar de que en los últimos días se cayeron de la enmienda las normas que obligaban a los médicos y directores de colegio a denunciar a los clandestinos, la oposición teme que cualquier empleado público -enfermeras, profesores, guardias urbanos…- se vea constreñido a la denuncia. Muchos creen que los inmigrantes no llevarán a sus hijos al colegio o al médico cuando enfermen. “Aumentará el número de mujeres que dan a luz fuera de los hospitales y se elevarán los abortos clandestinos”, vaticina Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de San Egidio.
El decreto, que mañana será aprobado en su totalidad por el Parlamento, podría contener normas inconstitucionales, según Alessandro Pace, presidente de la Asociación Italiana de Constitucionalistas, que señala que el artículo 2 de la Carta Magna “reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, no sólo de los ciudadanos italianos”.
Entre las voces más críticas ayer se alzó la de los obispos. La Conferencia Episcopal Italiana criticó el delito de clandestinidad porque “se corre el riesgo de crear una franja de ciudadanos de serie B” y de hacer de los inmigrantes unas “no personas”. Además, denunciaron que en el decreto no haya una sola palabra dedicada a “la integración de los inmigrantes en la sociedad”.
MÓNICA ANDRADE – Roma – 14/05/2009
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